Marzo es un mes que condensa demasiadas tensiones. Además de las fechas que el nuevo calendario cívico impone como simbólicas (15 de marzo: inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, presentación de la iniciativa de reforma electoral; 23, conmemoración de los dos años del asesinato de Luis Donaldo Colosio), marzo se contamina por la cantidad de asignaturas pendientes que se han acumulado. Son muchos los frentes abiertos y pocos (si no es que ninguno) los que se han cerrado. Así, recuperar la sensatez en el caso de Aguas Blancas, encarar jurídicamente el despilfarro tabasqueño, además de llegar a algún lado en el procesamiento de la reforma electoral, y en el caso de las investigaciones del crimen de Colosio, son sólo algunos de los imperativos difíciles de ignorar, pero extremadamente complejos de atender. Por desgracia, no parece haber el mejor ánimo para hacer frente a la acumulación de retos que estallan en marzo.

En el caso de Aguas Blancas, ha sido de tal magnitud la burla que se ha profesado a la legalidad, tal el ánimo de encubrir que, para pena de todos, los juicios sumarios, me parece, se han impuesto en el ánimo de la sociedad. La exposición del video de la matanza, que da cuenta con eficiencia cruda de las posibilidades de la atrocidad, deja con pocos alegatos a quienes se empeñan en deslindar al gobernador Rubén Figueroa de los hechos. Sería un atentado contra la memoria.

Por otra parte, el documentado abuso electoral en Tabasco ciertamente merece una respuesta judicial más expedita; con argumentos leguleyos y consignas que apelan a un federalismo (que ha sido tan mal entendido como mal explicado), el gobernador Roberto Madrazo ha conseguido sostenerse en el poder, lesionando las expectativas de que una acción ejemplar le ponga costos a los abusos electorales. En el fondo, en ambos casos, lo que queda peligrosamente pendiente es que los actos gubernamentales conozcan consecuencias, queda pendiente establecer que el asesinato premeditado de campesinos o las onerosas y fraudulentas campañas electorales son actos que tienen (deben tener) costos. La impunidad es exactamente eso, no responsabilizarse de las consecuencias de los actos.

Pero si ahí existen aún instancias y posibilidades legales para resolver, no sólo conforme a derecho, sino atendiendo también las consecuencias políticas de los casos, en el nuevo calendario cívico, las cosas parecen más complicadas. El caso Colosio sigue sin abandonar un tono ruidoso, que se acrecienta con rumores y filtraciones, y da pie a que se antepongan, a las pesquisas oficiales toda clase de interpretaciones. Ello genera exigencias desmedidas. Así, para documentar empeño, la justicia está emplazada a entregar ``resultados'' (como si los tiempos de investigaciones corrieran en la misma pista que la agenda política); para acreditar voluntad, la PGR deberá ofrecer ``peces gordos''; para mostrar eficiencia, tendrá que acercar el resultado de sus pesquisas a un juicio social previo que ya dictaminó a quiénes hay que ``cargarles el muertito''. Por absurdo que parezca, si el día 23 no hay novedades o avances, el juicio sobre la actuación de la justicia será lapidario.

Finalmente, la reforma electoral, entendida no sólo como la nueva normativa comicial, sino como el parámetro que encuadre nuevas prácticas políticas, cotidianamente se ve desmentida por conflictos sin resolver, y en todo caso, hasta hoy ha sido un debate privado (en lo oscurito se hubiera dicho en otros tiempos), al que se le ven nítidamente los riesgos, pero aún no asoman sus logros y bondades. Insisto, si el entorno de la reforma, el comportamiento cotidiano de los actores políticos pudiera documentar una mudanza de hábitos políticos, efectivamente la ponderación de las pláticas de Bucareli, a pesar de ser aún privadas, tendería a ser optimista; sin embargo, aun concediendo que en la materia electoral a estas alturas hubiera grandes avances, si el entorno no cambia, se dará el caso que la esperadísisma reforma electoral pase sin pena ni gloria, porque se termine de revelar que ahí no está el centro de los conflictos. Marzo se sobrecargó, ojalá se aligere.