De un lado se advierte que ``una reforma democrática diseñada para atender las inquietudes fundamentales de la sociedad en cuanto al acceso y ejercicio del poder, la estabilidad política y la justicia social, no se puede detener a pesar de la automarginación de los actores políticos'' (Secretaría de Gobernación, 26/02/96). Del otro lado, se intenta terminar con el caso Aguas Blancas, sin agotar las posibilidades de la investigación, sin buscar a los directos responsables, y sin castigar a los verdaderos culpables del asesinato de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995 (Fiscal especial, 28/02/96).

Será una contradicción de las diferentes fuerzas que actúan desde niveles distintos del poder, o es el cinismo elevado a máxima virtud lo que permite que coexistan los intentos de carpetazo a crímenes de ``la autoridad'' con los llamados urgentes a una reforma democrática?Dirigentes de los partidos de oposición legal, de organismos no gubernamentales, académicos, intelectuales, y otras muchas y diversas personas, se quejan de que las fuerzas oficiales han retardado el avance del diálogo, y que muy recientemente el PRI se retractó de prácticamente todos los cambios legales que en materia electoral ya había aceptado en privado. Pero quienes reclaman al gobierno su falta de ``voluntad política'' y se sienten defraudados porque el PRI haya utilizado recursos dilatorios para prolongar lo más posible las definiciones de una reforma electoral, no han querido entender los mensajes de ese mismo gobierno y de ese mismo PRI.

Los mensajes del gobierno no hay que buscarlos entre líneas ni en símbolos, se encuentran en los hechos, y Aguas Blancas y El Paraíso, o Tabasco y Chiapas, hablan más de las ``intenciones democratizadoras'' del gobierno y su partido, que todos los discursos oficiales publicados desde que Zedillo tuvo que empezar campaña. Un gobierno que no es capaz de respetar el más elemental de los derechos humanos, la vida, y que se burla de la justicia será capaz de respetar los derechos políticos o el simple voto de los ciudadanos?Simultáneamente se ha empezado a utilizar el calendario electoral como elemento de presión sobre los actores interesados en lo que el gobierno llama reforma democrática. El inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y los plazos estipulados en el Código federal vigente, parecen tener más fuerza y sentido que todas las razones que se han invocado durante años, en relación con las limitaciones que en México sufre la democracia, y en consecuencia la sociedad en sus derechos, libertades y representación.

Si se buscara una verdadera reforma democrática ya se habría empezado a trabajar en ella hace mucho tiempo, o por lo menos desde el 17 de enero de 1995 cuando los dirigentes de los partidos políticos registrados firmaron el Acuerdo Político Nacional en presencia de Zedillo. Pero además, si se pretendiera una reforma democrática propiamente dicha, no se estarían ajustando los tiempos ni precipitando las discusiones y decisiones en función de un calendario electoral federal, sino en la medida de las necesidades de semejante tarea.

Finalmente es el gobierno y su incapacidad para aceptar que deben democratizarse las relaciones con los gobernados, el que está marcando el contenido y la orientación de las reformas, en función de los tiempos que le convienen. La oposición, la sociedad toda, necesita la democracia, pero el PRI y el gobierno no necesitan democratizarse ni modificar la legislación nacional para mantenerse en el poder, basta con que no se sientan obligados por ésta y que, como de costumbre, no la respeten ni en el espíritu ni en la letra.

El gobierno ha estado insistiendo con hechos contundentes que su proyecto no contempla ni la democracia ni la justicia para el pueblo mexicano, y hay una parte de la sociedad que ha estado demandando cambios democráticos sin reparar que en los hechos el gobierno responde a sus demandas con medidas que niegan la democracia con la injusticia. Las contradicciones entre los discursos y los hechos, y la intención de restringir una vez más una supuesta reforma democrática a una limitada reforma electoral federal, explican también las limitaciones del temario propuesto por la delegación gubernamental para la segunda mesa del diálogo de San Andrés analizada antier por Rodríguez Araujo en estas páginas. Los subtemas propuestos a la delegación del EZLN evidencian cuán pobre es la concepción de democracia y de justicia que tiene el gobierno federal, y cuán limitada es la disposición de éste a modificar para mejorar las condiciones políticas y sociales de los mexicanos en cualquier parte del país.