Una de las principales responsabilidades del Estado moderno, que fundamenta su existencia y legitima su autoridad ante la sociedad, es brindar a los ciudadanos seguridad en sus personas y en su patrimonio, y garantizar una convivencia armónica. La vigencia del Estado de derecho y el respeto a la ley, tanto por parte de los particulares como de las autoridades públicas, son los marcos a través de los cuales se desenvuelve la vida social y que norman la consecución de los objetivos individuales y colectivos aceptados como válidos.

El desenvolvimiento de la vida de las sociedades en los diferentes ámbitos económico, político, social y cultural incide de manera importante en el cumplimiento de la responsabilidad fundamental que tienen los Estados nacionales de garantizar el mantenimiento del orden público.

En nuestro país el proceso de modernización no ha logrado articular los cambios en los diferentes ámbitos de la vida nacional, ocasionando o agravando desajustes, y aunque las manifestaciones de malestar social y protesta política derivados de los costos sociales de la crisis económica, de los rezagos y carencias acumulados, del mayor ánimo participativo de la ciudadanía y de las denuncias en contra de la corrupción y la impunidad con que actúan algunas autoridades, se procesan, fundamentalmente, a través del voto, los partidos políticos y las organizaciones sociales de diferente índole, esto es, por vías institucionales, son también visibles síntomas peligrosos de desorganización social.

Asistimos preocupados al incremento de la delincuencia, al creciente ataque a las personas, a su integridad y a sus bienes; al aumento en el número de los infractores y los agraviados; a la diversificación del tipo de actos delictivos; a la mayor capacidad organizativa y disposición de recursos económicos y armamento de los delincuentes; a las constantes denuncias de corrupción y arbitrariedad que hace la ciudadanía en contra de la intervención de los cuerpos encargados justamente de resguardar el orden público y administrar la procuración e impartición de la justicia.

Detrás de la proliferación de la delincuencia común y de la violencia que se extiende, se encuentran diferentes fenómenos: la pérdida del poder adquisitivo y de los medios para procurar el sustento individual y familiar, la reproducción, en el fondo de la escala social, del despojo de los pobres por parte de otros pobres; un crimen organizado que aprovecha los avances tecnológicos y la internacionalización de los mercados; la creciente vinculación entre hechos delictivos y la corrupción de cuerpos encargados de la seguridad pública y de instancias responsables de procurar e impartir la justicia; la toma de la justicia por propia mano por parte de comunidades desconfiadas de la acción oficial.

Algunos datos ilustran este panorama: se estima que el narcotráfico consigue lavar en un año 6 mil millones de dólares y obtener ganancias por 30 mil millones, que el robo de vehículos y autopartes consigue dividendos por 3 mil millones de dólares anuales, que los asaltos bancarios 413 sucursales robadas en 1995, 1.13 por día, dejaron ganancias por 107 millones de pesos; que en los últimos cinco años, los secuestros se incrementaron casi diez veces; que el año pasado se denunciaron, en promedio, más de 3 mil 500 delitos por día, ante las 32 procuradurías de justicia estatales y la General de la República, y que en el caso concreto de la capital del país, el año pasado fue considerado el más violento de las últimas décadas 599 delitos diarios, en promedio, denunciados, según lo reconocieron las mismas autoridades de la ciudad de México.

Asimismo, hechos de violencia, como los de Guerrero, donde los atropellos de los cuerpos de seguridad agraviaron a una población empobrecida, o en Guadalajara, donde la torpeza de un operativo de rescate transformó en tragedia un acto delictivo, han impactado al país.

La extensión del clima de violencia y arbitrariedad plantea riesgos graves a la seguridad personal y colectiva, pone en entredicho la capacidad del Estado para preservar la vida en sociedad, genera consecuencias económicas adversas, debilita la moral pública, y en el extremo amenaza con la desorganización social.

Es imperativo actuar para que estas llamadas patologías sociales no amenacen con la descomposición del tejido social. El peligro de la anomia social ante el descenso en los niveles de vida y la falta de empleos, frente a las agresiones de intereses particulares muy estructurados, y en un contexto de incredulidad e incertidumbre, puede adoptar una politización deformada que presione los tiempos de la construcción democrática y le añada obstáculos y tensiones.

Se requiere actuar en diferentes frentes: distintas acciones se han tomado por parte del gobierno se ha identificado al narcotráfico como uno de los principales peligros para la seguridad nacional y se han intensificado las acciones en su contra, asimismo, se han reforzado los mecanismos de coordinación entre las entidades responsables de la procuración de justicia en el país y se han sentado las bases para la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los órganos legislativos se ha aprobado la actualización del marco jurídico en el combate contra la delincuencia, en la opinión pública se ha generado una espontánea supervisión de las acciones gubernamentales en la materia y se proponen alternativas. Sin embargo, mucho falta por hacer y no hay tiempo. Se necesita efectividad con apego a la ley para recuperar la confianza.

La vigencia del Estado de derecho es una condición para que el país salga adelante de este duro tiempo. No pueden permitirse ni el imperio de intereses particulares ilegales ni la permanencia de la impunidad ni la degradación de la ley. La salud del país lo necesita, la convivencia nacional lo demanda.