Oñate se muestra ``como el empleado que es'', dice el PAN
Mireya Cuéllar e Ismael Romero El Comité Ejecutivo Nacional del PAN rechazó ``enérgicamente'' las recientes declaraciones del presidente Ernesto Zedillo por considerarlas ``facciosas'' y parte de una nueva querella que, ``sin base ni necesidad, inicia el presidente de la República de modo ofensivo y con tono de provocación''.
En un comunicado de prensa, la dirigencia del Partido Acción Nacional refuta: ``Ya son suficientes los problemas que el gobierno federal no puede resolver en economía y en política como para añadirles la creación inútil de un clima de confrontación insano para la República''.
Sobre las ``injurias y calumnias'' vertidas por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Santiago Oñate, el CEN del PAN dice que éstas son ``congruentes con su carácter de empleado de quien lo designó, y con quien seguramente pretende congraciarse''.
La respuesta de Acción Nacional alude, en primera instancia, a las afirmaciones que el presidente de la República hizo el viernes durante una reunión con presidentes municipales de extracción priísta, ante quienes, según el PAN, ``descalificó en general y en bloque el trabajo de los alcaldes miembros de partidos de oposición''.
Las declaraciones del Ejecutivo ``carecen de bases y son impropias de quien debe mirar más allá de partidismos en el ejercicio de su alto cargo'', señaló el PAN y aseguró que varias dependencias de la administración pública federal han premiado a ayuntamientos de oposición por su desempeño honesto y eficiente.
Consideró también que las palabras del Presidente sirven de estímulo a funcionarios públicos de militancia priísta que, en los diversos niveles de la administración, ``agreden'' a los ayuntamientos gobernados por partidos de oposición y obstaculizan sus trabajos.
El PAN señaló que mientras ``continúe el despojo caciquil de la voluntad popular en elecciones locales como las de Huejotzingo, Puebla, o las de Cozumel o Cancún, Quintana Roo, la duda de los ciudadanos no recaerá como supone el Presidente sobre quienes nos negamos a participar en un proceso que es negado en los hechos por los beneficiarios más que cincuentenarios del fraude electoral. Lo inmoral no es protestar por todos los medios legítimos contra la barbarie política y la antidemocracia, sino seguir perpetrándolas y avalándolas''.
En su comunicado, los panistas califican a Oñate de mensajero: ``Estamos seguros de que, si se le ordena decir lo contrario, lo hará con tal de sobrevivir políticamente un sexenio más''.
Esta disputa PRI-gobierno-PAN empezó hace 15 días, cuando el Comité Ejecutivo Nacional panista decidió abandonar la mesa del diálogo para la reforma del Estado porque la Secretaría de Gobernación se negó a tratar el tema de las elecciones de Huejotzingo en la llamada mesa de coyuntura. El PAN pretendía que en dicha mesa se dejara sin efecto la decisión del Tribunal Electoral de Puebla, que retiró el triunfo al PAN en Huejotzingo en forma tramposa, según los panistas para dárselo al PRI por una diferencia de 28 votos.
Después, en un mitin efectuado en Huejotzingo, Carlos Castillo Peraza solicitó la intervención directa del presidente de la República en el caso y le demandó anteponer la democracia al federalismo, porque en este último sólo se escudan ``delincuentes electorales''. La respuesta del Presidente se escucho ayer en la sede priísta.
Por su parte, la subcoordinadora de la diputación del PAN, Cecilia Romero, afirmó que el priísta Santiago Oñate está ``enseñando el cobre''. Sus declaraciones, añadió, revelan una actitud desesperada y son la respuesta de ``una fiera herida'' ante el avance de la oposición.
Romero dijo que Acción Nacional no ve en las afirmaciones de Oñate seriedad alguna, pues si ése fuera el caso se obligaría al priísta a avalarlas en los hechos.
Independientemente de que se tome en serio o no a Oñate, ``sus declaraciones en nada contribuyen a una posible reinstalación de la mesa central de la reforma del Estado en la Secretaría de Gobernación''.
Es más, dijo la panista, la reforma electoral necesariamente tendrá que analizarse y discutirse en el Congreso de la Unión, aun cuando lo mejor hubiera sido recibir un análisis previo de la mesa, consensado por los partidos.