Los días 22 y 26 de febrero mis colegas en el SNI, Octavio Rodríguez Araujo y Deborah Dultzin, publicaron sendos comentarios en La Jornada criticando el formato ``SNI-96'', que es el programa diseñado por el SNI para la renovación del contrato de los miembros investigadores que este año cumplen 3 años, y que se recibe en forma de un diskette. Yo ya no necesito renovar mi contrato pues desde hace dos años soy miembro emérito del SNI, pero en las últimas semanas he estado viendo a mis colegas más jóvenes abandonar sus laboratorios y dedicarse de tiempo completo a recopilar, una vez más, todo su currículum completo, incluyendo todos los documentos probatorios, todas las citas a sus trabajos publicados (con la modalidad adicional de que deben incluirse los nombres de todos los autores de cada una de las citas, para que las comisiones evaluadoras estén seguras de que no se trata de autocitas), todas las cartas-invitación a dar conferencias y todas las cartas de agradecimiento por haberlas dictado, etcétera. Lo increíble es que esta información (exceptuando la de los últimos 3 años, obviamente) ya se había entregado al SNI cuando el investigador ingresó, y al poco tiempo nos fue devuelta porque las oficinas del SNI no tenían espacio suficiente para almacenarla. Con toda justicia, mis colegas Rodríguez Araujo y Dultzin se muestran indignados ante la increíble ineficiencia, estupidez o las dos cosas juntas que traduce el ``SNI-96''; el primero menciona las cartas de designación oficial de director de tesis (que nunca se otorgan), las copias de las actas del examen profesional correspondiente (que tampoco se reparten a los sinodales), documentación que indique claramente su liderazgo en la formación de un grupo de investigadores y sus objetivos principales (¿cuál será esta documentación?), etcétera, mientras que la segunda dice con justísima razón: ``...las autoridades del SNI parten de la base de que todo investigador es un charlatán mientras no compruebe lo contrario``. Comparto la indignación de mis colegas, quienes además seguramente saben que no están solos en su protesta, sino que un buen número de otros investigadores miembros del SNI que se están enfrentando a este insulto se sienten igualmente agredidos. Creo que Dultzin puso el dedo en la llaga al decir con claridad que el ``SNI-96'' significa que el personal del SNI no está haciendo su trabajo o que lo está haciendo muy mal, y que para resolver el problema le pasaron el paquete a los investigadores. Desde luego esto no tiene nada que ver con las comisiones evaluadoras, a las que se está tratando de cargarles la responsabilidad de esta barbaridad. Con lo que tiene que ver es con la estructura administrativa del SNI, que desgraciadamente quedó en manos de una burocracia. Cuando la Academia de la Investigación Científica presentó el proyecto original del SNI a la Secretaría de Educación, en los primeros años de la década pasada, uno de los puntos principales era que el SNI fuera manejado tanto académica como administrativamente por la propia Academia, o sea por la comunidad científica. La razón de esta propuesta era obvia desde entonces; se trataba de evitar que el SNI se burocratizara, que cayera en manos de funcionarios del gobierno sin experiencia personal y sin conocimientos de lo que es la investigación científica. Pero esta parte del proyecto no se aceptó y el SNI formó parte desde su comienzo de la SEP. Poco a poco se fueron estableciendo las reglas administrativas y se fueron complicando las solicitudes; el espíritu de confianza en la honorabilidad de nuestros colegas científicos empezó a ceder terreno a la suspicacia primero, a la sospecha después, y hoy a la certidumbre de que cualquier solicitante a ingresar o a renovar su presencia en el SNI es un mentiroso mientras no demuestre lo contrario. No se les cree absolutamente nada que no vaya acompañado de los documentos probatorios correspondientes. ¿Quién no les cree? Yo he formado parte de comisiones evaluadoras en dos ocasiones, y me consta que los documentos se consultan con miras a valorar la calidad de la producción científica del investigador, no a establecer si está diciendo mentiras. Naturalmente, también entre los investigadores (como entre los administradores y funcionarios) hay mentirosos, pero en la ciencia es bastante simple detectarlos. No es necesario cometer la aberración de declararlos a todos potencialmente culpables y obligarlos a demostrar, con profusión absurda de documentos, que sólo unos cuantos dicen mentiras. Recuerdo una historia relevante; en un país con un índice muy elevado de robos callejeros, la Máxima Autoridad nombró a un nuevos Procurador y le pidió que resolviera ese problema. El nuevo Procurador llevó al día siguiente su proyecto: ``Sr. Máxima Autoridad, la solución es muy sencilla. Si queremos que ya no haya ladrones sueltos en la calle, vamos a encerrar a todo el mundo en la cárcel. Así estaremos seguros de que no habrá ladrones libres...''. Creo que la única manera de detener esta situación es que todos los investigadores que estén indignados y fastidiados con el ``SNI-96'' lo hagan público en los medios. Invito a mis colegas a que participen en esta cruzada.