``Creo que estamos en un punto de rompimiento total con el gobierno del presidente Ernesto Zedillo'', aseguró el ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, en una de las muchas entrevistas que concedió durante los dos últimos días para responder a las acusaciones de que ha sido objeto su partido por parte del Ejecutivo Federal y del presidente del PRI, Santiago Oñate.

La sucesión en el mando del Partido Acción Nacional (PAN) está a la vuelta de la esquina. Carlos Castillo Peraza, quien está a punto de concluir su responsabilidad, trata de mantener en alto la bandera de su organización, pero en este periodo de indefinición ha sido Fernández de Cevallos quien ha tenido mayor presencia al asumir la representación de su partido y enarbolar la inconformidad y el distanciamiento del gobierno de la República.

A pesar de tal actitud, Fernández de Cevallos ha dicho y ratificado que no desea postularse a la dirección nacional de su partido y muchos observadores externos consideran esta actitud como un indicio de que su aspiración es obtener una segunda nominación para luchar por la Presidencia de la República, intento en el que tendría como potencial contendiente al todavía presidente del PAN.

Todavía falta tiempo para comprobar si son reales las suposiciones respecto al futuro de Fernández de Cevallos y de Castillo Peraza. De momento resulta importante apreciar que los dos coinciden al asumir una línea de endurecimiento frente al gobierno federal y el partido oficial.

Los dos son hombres de firme carácter y de ello han dado muestra en múltiples ocasiones, sobre todo a su paso por la Cámara de Diputados, pues los dos ya han tenido la experiencia de tratar de contener a la otrora abrumadora mayoría priísta.

Los duros son los otros

Lo esencial de los comentarios del presidente saliente y el ex candidato presidencial del PAN es que ni ellos ni sus compañeros de partido consideran que la actitud de endurecimiento haya surgido de sus filas. Por el contrario, ellos sostienen que sólo responden a la posición asumida por el gobierno encabezado por el presidente Ernesto Zedillo.

Esto se puede apreciar en una declaración dada a conocer por el presidente de Acción Nacional en el Distrito Federal y coordinador de su fracción en la Asamblea de Representantes, Gonzalo Altamirano Dimas:``Ante las amenazas de endurecimiento y cerrazón política que se dan desde el poder, encabezadas por el Presidente de la República, el Partido Acción Nacional debe redefinir su posición frente al gobierno durante la próxima reunión de su Consejo Nacional.``En una declaración por escrito, Altamirano Dimas lamentó que el titular del Ejecutivo incumpla su compromiso de mantener una ``sana distancia'' con su partido, ``porque lejos de colocarse como el Presidente de los mexicanos, garantizar su imparcialidad ante irregularidades en los procesos electorales, con autoridad moral para resolverlos, adopta una actitud facciosa para que el PRI siga en el poder a costa de la democracia y la legalidad''.

El dirigente panista en el Distrito Federal advirtió que su instituto político responderá a las agresiones del gobierno y de su partido, ya que ``Acción Nacional no es ni será oposición dócil que aguante atropellos electorales''.

Como desde el principio de este enfrentamiento PRI-PAN, más allá de palabras, el problema es que Acción Nacional se mantiene al margen de las negociaciones de la reforma del Estado, cuando su participación como la de las otras fuerzas es necesaria para que los cambios que están en proceso reciban la aceptación general.

En tal sentido, resultan alentadoras las declaraciones formuladas ayer mismo por el presidente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, quien aseguró que su organización no se siente agraviada por las críticas del primer mandatario y de su partido.

Lejos de ello, Muñoz Ledo anticipó que la propuesta de reforma definitiva podría estar lista antes del 15 de marzo, fecha en que empezará el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en el cual se supone que se discutirán y aprobarán en su caso las iniciativas de modificaciones a la Constitución y sus leyes reglamentarias.

También es de suponerse que en los trabajos legislativos participarán a plenitud los legisladores del PAN y que su aislamiento se limitará a las mesas de concertación convocadas o conducidas por dependencias del Ejecutivo, como es el foro que conduce la Secretaría de Gobernación.

La cosecha

El titular de la Secretaría de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, dio ayer una gran sorpresa al anunciar la decisión del gobierno del presidente Zedillo de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que abra una investigación en torno a la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, caso ``cerrado'' por el fiscal especial, ante el disgusto generalizado. Desde ahora se hacen apuestas acerca de las posibles consecuencias de esa acción, sobre todo para el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer... Dos aspectos que es necesario tener en cuenta. Uno: Desde las reformas constitucionales para darle mayor autonomía, la Suprema Corte de Justicia ha dado muestras de ejercer a plenitud su nueva libertad. Dos: El máximo tribunal no maneja al Ministerio Público y, en consecuencia, carece de un cuerpo de investigadores capacitados, por lo que tendrá que buscar entre sus miembros alguien que tenga vocación para la tarea de investigador criminalista o buscar algún elemento externo, aunque tampoco fuera abundan los capacitados, como lo demuestran los altibajos en otros trascendentes casos como los del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y los políticos Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu... Además de la reforma del Estado, otro tema de gran trascendencia que se tratará en el siguiente periodo legislativo es la privatización de las plantas de la petroquímica secundaria, que aún enfrenta la oposición de amplios sectores de la sociedad, lo cual seguramente se reflejará en los debates. Ayer la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, que encabeza Francisco Curi, emitió una declaración en la que sostiene que no hay desacato a las disposiciones de la Constitución General de la República en lo que se refiere a la preservación de la riqueza petrolera del país. Sin embargo, al mismo tiempo los diputados Amado Cruz Malpica y Jorge Wade González presentaron una declaración en la que sostienen una posición contraria y advierten que la venta de esas plantas es anticonstitucional... ``A las puertas del año 2000, las autoridades cubanas, exasperadas por reiteradas violaciones a su espacio aéreo y su soberanía, han derribado dos avionetas civiles piloteadas por miembros de la comunidad cubano-estadunidense'', dice un comunicado de la Copppal, a propósito de la controversia que sostienen por ese motivo los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba.