Después de varios y reiterados llamados por parte de organizaciones sociales, civiles y políticas, el presidente Ernesto Zedillo ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que averigüe las graves violaciones de garantías constitucionales realizadas con motivo de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero.

Esto ocurrió ayer, al mismo tiempo que el gobernador de ese estado, Rubén Figueroa, se dirigía a la Corte para exhortarla que no interviniera.

La discrepancia notoria entre el Ejecutivo federal y el gobierno de Guerrero alcanza proporciones políticas, aunque carece de trascendencia desde el punto de vista legal, es decir, la resistencia de Figueroa para que el más alto tribunal de la República asuma la averiguación es insuficiente para impedir la acción de los ministros de la Corte, quienes, por mandato constitucional, no pueden rehuir la petición presidencial.

La decisión del Presidente implica el reconocimiento de que la averiguación del fiscal especial nombrado por el Congreso de Guerrero es, por lo menos, insuficiente, y que debe realizarse otra indagatoria, con el propósito de establecer la verdad jurídica del caso Aguas Blancas.

La Suprema Corte de Justicia tendrá que expedir el nombramiento de la persona o personas que deberán hacer la averiguación, con lo cual se confía a ese alto tribunal un asunto que ha conmovido fuertemente la conciencia nacional, en especial a partir de las transmisiones del video grabado por el mismo gobierno del Estado y que estuvo oculto en su integridad durante casi ocho meses.

La opinión pública ha logrado, con sus más diversas expresiones, un éxito en la lucha contra la impunidad y en favor de la aplicación indiscriminada de la ley. Es de esperarse que la Suprema Corte de Justicia haga el nombramiento de las personas más idóneas y capaces de allegarse los medios necesarios para realizar la indagatoria, a pesar de que ese tribunal no cuenta de por sí con los medios habituales para realizar averiguaciones, función que sólo excepcionalmente le confiere la Constitución.

Sale sobrando ahora entrar a un debate sobre si la decisión presidencial es tardía o insuficiente. El hecho más relevante es que la opinión pública ha hecho valer su indignación y que el gobierno federal ha sido sensible a ésta, lo cual es un hecho del todo esperanzador.

El reclamo de justicia no solamente tiene que ver con la necesidad de perseguir a quienes han abusado criminalmente de los cargos públicos que ocupan, sino también para implantar en México la prevalencia de la ley por encima de los viejos mecanismos de arbitrariedad e impunidad que hieren a la sociedad.

Los cargos contra Rubén Figueroa son muy serios y graves. El hecho de que éste sea gobernador no puede ser obstáculo para ningunear la justicia y vilipendiar la Constitución. La soberanía de los estados no se encuentra por encima de la Carta Magna, sino que es producto de ésta. Los funcionarios públicos, por más alta que sea su investidura, deben estar sujetos a la ley suprema, pues tal es una de las definiciones esenciales del carácter republicano de México.

Rubén Figueroa protegió públicamente a los asesinos materiales y alteró las evidencias del crimen, lo cual está penado por la ley. Como gobernador, es responsable no sólo de sus propios actos sino también de las omisiones en que incurra y debe, en tal virtud, responder ante la justicia ordinaria y ante los órganos constitucionales del Estado encargados del enjuiciamiento político.

De la averiguación que realice la Suprema Corte de Justicia podrían desprenderse la acción penal y la responsabilidad política. Para la primera deberá actuar sucesivamente el Ministerio Público, el Poder Legislativo local y la judicatura de Guerrero, y para la segunda el Congreso de la Unión y/o el Congreso del estado. Es por ello que el problema sigue siendo complicado, ya que el procurador guerrerense sigue siendo un empleado del gobernador y los diputados locales, en su mayoría, mantienen una conducta de subordinación política hacia Rubén Figueroa.

Por estos motivos, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia investigue la matanza de Aguas Blancas no es una garantía para que la justicia funcione con normalidad después de que ésta presente su informe y si en éste se presume alguna responsabilidad del gobernador de Guerrero.

Lo anterior indica que, junto al desempeño de la Suprema Corte, será necesaria la acción política para evitar que la jefatura local de Figueroa sobre los órganos políticos y de justicia de Guerrero sea un obstáculo en la aplicación de la ley.

Si el sistema político mexicano se sigue inclinando hacia la entronización de jefes políticos absolutos en los estados, bajo una pésima lectura de lo que debe ser el federalismo, los cacicazgos locales terminarán por atropellar la Constitución del país y el funcionamiento de las instituciones de la República, tanto de las que corresponden a las entidades como de las de carácter nacional.

El caso Aguas Blancas contiene elementos que van más allá de la indispensable persecución de los autores intelectuales y los encubridores. Se trata también de una prueba de carácter político y constitucional contra dos tendencias nocivas: el viejo centralismo y la nueva feudalización del país. La urgente reforma del Estado mexicano debe apartarse por completo de esos dos extremos, para reivindicar el carácter nacional y, al mismo tiempo, federativo de México, bajo la prevalencia de los valores más elevados de la república democrática.

La intervención de la Suprema Corte aparece, en este contexto, como algo saludable, pero es preciso advertir que, a pesar de ésta, siguen existiendo obstáculos políticos, que tienen expresiones jurídicas, para que la justicia haga sentir toda su fuerza en el caso de la criminal matanza de Aguas Blancas.

La Jornada 5 de marzo de 1996

Los criminales atentados en Jerusalén y Tel Aviv, llevados a cabo por el brazo militar de la secta integrista Hamas, tienen el deliberado propósito de bloquear el difícil camino de la paz que se ha venido abriendo en Medio Oriente.

Tanto por sus consecuencias inmediatas, es decir, el asesinato artero y canalla, como por sus propósitos, tales actos terroristas ameritan el repudio mundial y el castigo a los criminales.

La creación de una entidad autónoma palestina, cuya natural tendencia es hacia la formación de un estado nacional, ha sido impugnada por algunos grupos minoritarios palestinos, pero también es objetada por los partidos intransigentes del Estado de Israel, los cuales se han opuesto sistemáticamente a los acuerdos de paz, es decir, al reconocimiento de Palestina como nación con derechos.

La racha terrorista busca la regresión de las posiciones israelíes y tiende a obstaculizar el proceso de negociaciones entre el gobierno de Peres y los representantes del pueblo palestino, encabezados por Arafat. Con ello, se favorece a la extrema derecha de Israel y se presiona al gobierno de ese país para endurecer sus posiciones. En los hechos, Hamas lucha contra su pueblo y contra la reivindicación histórica fundamental de los palestinos: constituir su propio Estado nacional.

El gobierno de Peres, por su parte, ha dicho que es indispensable que las autoridades palestinas se hagan cargo de los terroristas, pero eso no resulta tan sencillo, pues la persecución de los responsables de la matanza de Jerusalén podría tomar su tiempo, mientras que el proceso de negociación puede quedar suspendido, lo que tendría graves consecuencias.

Es de comprenderse que el gobierno israelí tenga que responder ante agresiones terroristas como éstas, pero la detención del proceso de negociaciones y toma de acuerdos generará una presión adicional sobre las organizaciones palestinas representativas. Así, los propósitos de Hamas de frenar el proceso e, incluso, echar atrás todo lo que se se avanzado hasta ahora, tendrán un éxito que de ninguna manera merece la política del terror.

No es nada fácil mantener la calma frente a dantescos espectáculos como los observados en las fotografías de las víctimas de los atentados de Jerusalén y de Tel Aviv, pero eso es justamente lo que buscan los terroristas.

Asumir una conducta sensata, aligerar las negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos ya tomados, insistir en la solución pacífica, sin dejar de perseguir a los autores de los crímenes, sería el aporte más fuerte y efectivo a la causa de la paz en el Medio Oriente.