Después de varios y reiterados llamados por parte de organizaciones sociales, civiles y políticas, el presidente Ernesto Zedillo ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que averigüe las graves violaciones de garantías constitucionales realizadas con motivo de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero.

Esto ocurrió ayer, al mismo tiempo que el gobernador de ese estado, Rubén Figueroa, se dirigía a la Corte para exhortarla que no interviniera.

La discrepancia notoria entre el Ejecutivo federal y el gobierno de Guerrero alcanza proporciones políticas, aunque carece de trascendencia desde el punto de vista legal, es decir, la resistencia de Figueroa para que el más alto tribunal de la República asuma la averiguación es insuficiente para impedir la acción de los ministros de la Corte, quienes, por mandato constitucional, no pueden rehuir la petición presidencial.

La decisión del Presidente implica el reconocimiento de que la averiguación del fiscal especial nombrado por el Congreso de Guerrero es, por lo menos, insuficiente, y que debe realizarse otra indagatoria, con el propósito de establecer la verdad jurídica del caso Aguas Blancas.

La Suprema Corte de Justicia tendrá que expedir el nombramiento de la persona o personas que deberán hacer la averiguación, con lo cual se confía a ese alto tribunal un asunto que ha conmovido fuertemente la conciencia nacional, en especial a partir de las transmisiones del video grabado por el mismo gobierno del Estado y que estuvo oculto en su integridad durante casi ocho meses.

La opinión pública ha logrado, con sus más diversas expresiones, un éxito en la lucha contra la impunidad y en favor de la aplicación indiscriminada de la ley. Es de esperarse que la Suprema Corte de Justicia haga el nombramiento de las personas más idóneas y capaces de allegarse los medios necesarios para realizar la indagatoria, a pesar de que ese tribunal no cuenta de por sí con los medios habituales para realizar averiguaciones, función que sólo excepcionalmente le confiere la Constitución.

Sale sobrando ahora entrar a un debate sobre si la decisión presidencial es tardía o insuficiente. El hecho más relevante es que la opinión pública ha hecho valer su indignación y que el gobierno federal ha sido sensible a ésta, lo cual es un hecho del todo esperanzador.

El reclamo de justicia no solamente tiene que ver con la necesidad de perseguir a quienes han abusado criminalmente de los cargos públicos que ocupan, sino también para implantar en México la prevalencia de la ley por encima de los viejos mecanismos de arbitrariedad e impunidad que hieren a la sociedad.

Los cargos contra Rubén Figueroa son muy serios y graves. El hecho de que éste sea gobernador no puede ser obstáculo para ningunear la justicia y vilipendiar la Constitución. La soberanía de los estados no se encuentra por encima de la Carta Magna, sino que es producto de ésta. Los funcionarios públicos, por más alta que sea su investidura, deben estar sujetos a la ley suprema, pues tal es una de las definiciones esenciales del carácter republicano de México.

Rubén Figueroa protegió públicamente a los asesinos materiales y alteró las evidencias del crimen, lo cual está penado por la ley. Como gobernador, es responsable no sólo de sus propios actos sino también de las omisiones en que incurra y debe, en tal virtud, responder ante la justicia ordinaria y ante los órganos constitucionales del Estado encargados del enjuiciamiento político.

De la averiguación que realice la Suprema Corte de Justicia podrían desprenderse la acción penal y la responsabilidad política. Para la primera deberá actuar sucesivamente el Ministerio Público, el Poder Legislativo local y la judicatura de Guerrero, y para la segunda el Congreso de la Unión y/o el Congreso del estado. Es por ello que el problema sigue siendo complicado, ya que el procurador guerrerense sigue siendo un empleado del gobernador y los diputados locales, en su mayoría, mantienen una conducta de subordinación política hacia Rubén Figueroa.

Por estos motivos, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia investigue la matanza de Aguas Blancas no es una garantía para que la justicia funcione con normalidad después de que ésta presente su informe y si en éste se presume alguna responsabilidad del gobernador de Guerrero.

Lo anterior indica que, junto al desempeño de la Suprema Corte, será necesaria la acción política para evitar que la jefatura local de Figueroa sobre los órganos políticos y de justicia de Guerrero sea un obstáculo en la aplicación de la ley.

Si el sistema político mexicano se sigue inclinando hacia la entronización de jefes políticos absolutos en los estados, bajo una pésima lectura de lo que debe ser el federalismo, los cacicazgos locales terminarán por atropellar la Constitución del país y el funcionamiento de las instituciones de la República, tanto de las que corresponden a las entidades como de las de carácter nacional.

El caso Aguas Blancas contiene elementos que van más allá de la indispensable persecución de los autores intelectuales y los encubridores. Se trata también de una prueba de carácter político y constitucional contra dos tendencias nocivas: el viejo centralismo y la nueva feudalización del país. La urgente reforma del Estado mexicano debe apartarse por completo de esos dos extremos, para reivindicar el carácter nacional y, al mismo tiempo, federativo de México, bajo la prevalencia de los valores más elevados de la república democrática.

La intervención de la Suprema Corte aparece, en este contexto, como algo saludable, pero es preciso advertir que, a pesar de ésta, siguen existiendo obstáculos políticos, que tienen expresiones jurídicas, para que la justicia haga sentir toda su fuerza en el caso de la criminal matanza de Aguas Blancas.