El gobernador acusa a la CNDH de protagonismo, en carta a Aguinaco

Jesús Aranda El gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, aseveró que ``no existe ninguna razón jurídica para que algún órgano de la federación se avoque al conocimiento'' de la matanza de 17 campesinos ocurrida en Aguas Blancas. Advirtió que la ``injerencia'' de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el asunto ``podría resultar contrario a su finalidad primaria, que es velar por el respeto de las garantías individuales'', además de que se prestaría ``al juego o interés político de partidos nacionales''.

En un documento enviado ayer, 4 de marzo, al presidente de la SCJN, José Vicente Aguinaco Alemán, el mandatario estatal acusa también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jorge Madrazo Cuéllar, de asumir una actitud ``soberbia y un protagonismo impropio de un ombudsman'' en relación con el caso Aguas Blancas, y lo criticó por ``pretender influir'' en las decisiones que la Fiscalía Especial ha determinado sobre este asunto.

Granaderos impidieron el paso al senador Félix Salgado y
a miembros de la OCSS cuando se dirigían a Gobernación,
por el caso Aguas Blancas. Foto: Ernesto Ramírez

Asimismo censura a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por empeñarse ``no sólo en denostar al gobierno del estado de Guerrero y confundir a la opinión pública en el ámbito nacional con falacias de diferente índole, sino que éstas las ha llevado al ámbito internacional'' (la Corte Interamericana de Derechos Humanos). El documento señala al titular de la CNDH por haber atendidos ``de manera injustificada e inexplicable'' las recomendaciones perredistas sobre el nombramiento del fiscal especial para el caso.

Luis del Toro Calero, con la representación oficial del gobernador guerrerense, hizo llegar ayer a los ministros de la Corte un escrito de 27 cuartillas, cuya copia tiene La Jornada, en el que exhorta al máximo tribunal de justicia a que no ejerza la facultad de indagación --como lo pidió a la Corte un grupo de Organizaciones no Gubernamentales con base en el artículo 97 constitucional-- y de este modo declara improcedente la solicitud referida.

A unos días de que el pleno de la Corte fije su postura sobre la petición para que investigue los acontecimientos del 28 de junio de 1995 en el que fueron asesinados 17 campesinos, Figueroa acusa también en el escrito a la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS) --cuyos militantes fueron masacrados--, a la cual le atribuye ``un largo historial delictivo''.

Se señala en el escrito que, ``de acuerdo con la información que se dispone, se tiene conocimiento que en cumplimiento de las instrucciones que le dijo el titular del Ejecutivo, Rosendo Armijo de los Santos implementó un operativo con el mayor Manuel Moreno González (ex director operativo de la Policía Estatal), Esteban Mendoza Ramos (ex director general de Gobernación) y Rodolfo Sotomayor Espino (ex primer subprocurador), con el propósito de verificar que los campesinos de la OCSS que se dirigían a Coyuca de Benítez el día de los hechos no llevaran armas como medida de protección''.

La idea de la operación, asegura el documento, era la de ``persuadir'' a los miembros de la OCSS para que desistieran de su propósito de realizar un mitin en Atoyac de Alvarez y tomar posteriormente las instalaciones del ayuntamiento. Esto, añade, con el compromiso de ``atender debidamente sus demandas por los cauces legales``, y que, en caso de que persistieran de realizar el mitin, ''se les permitiera continuar con su marcha, pero que, como medida de prevención, les recogieran las armas que portaban''.

Después de precisar en el texto que ``los métodos de lucha empleados por sus dirigentes (de la OCSS) se apartaron con frecuencia de la legalidad, al instigar a sus agremiados para realizar acciones violentas...'', Figueroa Alcocer explica su versión de la matanza:

``...Como a las 10:30 horas llegó al mismo lugar una camioneta Ford, de color azul, con unas cincuenta personas a bordo, a cuyo conductor la policía le ordenó detuviera la marcha para el fin señalado (que no llevaran armas) y para tratar de dialogar con los líderes de la OCSS e invitarlos a que suspendieran el mitin o lo realizaran sin utilizar la violencia; sin embargo, en forma intempestiva, dos campesinos se brincaron del vehículo con machete en mano y agredieron a dos comandantes de la policía, y a estas acciones sucedieron disparos en el interior de la camioneta, desencadenándose finalmente una balacera'' con resultado de 17 personas muertas y 20 heridos.

Asimismo, el escrito responde al video difundido por Televisa el pasado 25 de febrero de la manera siguiente:

``Cabe señalar que el día 25 de febrero del año en curso en un programa de televisión se exhibió un video más extenso que el que inicialmente se conoció; sin embargo, después de haber sido analizado y ponderado cuidadosamente por la Fiscalía Especial, esta llegó a la conclusión de que su contenido no alteraba en nada el resultado de sus investigaciones, sino que más bien las confirmaba''.

Más adelante critica que, debido a la intervención de la CNDH en el asunto, ``no pudieron culminar con su trabajo (el fiscal y los funcionarios judiciales locales que iniciaron la averiguación), en razón del contenido de la recomendación 104\95, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos''.

Se hace referencia al cumplimiento de las recomendaciones hechas en diferentes momentos por la CNDH, pero también se realizan comentarios velados en su contra, como el que aparece en la página 14. En el se dice que Madrazo Cuéllar rechazaba, ``con argumentos de diversa naturaleza, una a una las propuestas que se le hacían llegar'' para consensar el nombramiento del segundo fiscal especial, Oscar Alejandro Varela Vidales

Actitud soberbia del titular de la CNDH

Desde el momento en que Madrazo Cuéllar dio a conocer la recomendación 104\95 relativa al caso Aguas Blancas, añade, ``asumió una actitud soberbia y un protagonismo impropio de un ombudsman; conducta que ha venido observando durante todo el tiempo que ha seguido a la emisión del documento señalado, pues con el pretexto de opinar en torno al seguimiento que le está dando a la citada recomendación, ha denostado a los ex servidores públicos y a las acciones de la propia Fiscalía Especial, desdeñando la capacidad del equipo de trabajo de ésta y pretendiendo influir en las decisiones de la misma''.

Sin embargo, precisa el texto, ``no reconoce ahora que en la propia recomendación no hizo ninguna imputación o referencia sobre alguna probable responsabilidad del gobernador del estado y el ex secretario de Gobierno...''

En este sentido, señala que en total la Fiscalía Especial ejerció acción penal en contra de 43 servidores y ex servidores públicos del estado, con igual número de órdenes de aprehensión, de las cuales sólo tres no han sido cumplidas; a 36 personas se les decretó auto de formal prisión, mientras que cuatro más obtuvieron su libertad con las reservas de la ley.

Actitud inconsecuente del PRD

Apunta que con el argumento de que en los lamentables hechos de Aguas Blancas hubo ``tiros de gracia'' por parte de integrantes de la Policía Motorizada, ``alimentada esta idea por el contenido de la recomendación que sobre el particular emitió la CNDH, el PRD exigió la renecropsia de los cadáveres''.

El texto critica que el diputado perredista Bernardo Ranferi Hernández Acevedo se haya opuesto terminantemente a que se llevara a cabo la exhumación de los cuerpos, proponiendo que ésta se diera tres meses después ``para dar oportunidad a que participaran en la misma supuestos expertos de Estados Unidos', con lo que ''prácticamente condicionaba la realización de esta diligencia a la presencia de expertos extranjeros``.

Señala que la Fiscalía Especial no pudo llevar a cabo la exhumación de los cadáveres ante la oposición del PRD y de los familiares de los occisos, ``quienes, evidentemente, fueron influenciados y presionados por los dirigentes de aquel partido''.

La dirigencia perredista, continúa, no sólo se ha empeñado en denostar al gobierno del estado de Guerrero y confundir a la opinión pública en el ámbito nacional con falacias de diferente índole, sino que éstas las ha llevado incluso al ámbito internacional, ``tratando de desacreditar con ello al gobierno de México y a la sociedad mexicana en su conjunto''.

Concluye el documento al señalar que la investigación ya se encuentra agotada en su fase de investigación y en manos del juez instructor que habrá de dirigir el proceso y resolver en definitiva, por lo cual solicita a la SCJN rechace la instancia presentada por las Organizaciones No Gubernamentales y resuelva no ejercer su función investigadora.