Petición de Zedillo ante graves violaciones de garantías: Chuayffet

Ismael Romero y Ricardo Alemán A petición del presidente Ernesto Zedillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigará la muerte de 17 campesinos ocurrida el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, ``por tratarse de hechos de excepcional gravedad que conculcan las garantías constitucionales'', informó ayer el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet.

A su vez, ante Boutros Boutros Ghali, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el Ejecutivo dijo: ``Con todos en México el gobierno federal tiene la responsabilidad de agotar todas las instancias emanadas por la Constitución de la República, a fin de asegurar que no quede impune ninguna violación a las garantías individuales''.

Arturo Núñez y Emilio Chuayffet, en la presentación del
comunicado sobre la petición a la Suprema Corte para que
investigue el caso Aguas Blancas. Foto: Francisco Olvera

El gobierno mexicano, señaló el Presidente, ``reitera su absoluto compromiso con el respeto a las garantías individuales y con la defensa de los derechos humanos y ratifica que ejercerá todas las facultades constitucionales para encabezar la construcción de un país de leyes y justicia para todos''.

En un plazo que tendrá que ser breve, la SCJN formulará un informe cuyos señalamientos deberán ser atendidos por todas las autoridades de manera respetuosa y rigurosa, dijo el funcionario, al dar lectura a un comunicado ante la prensa.

Más tarde, en una plática informal, varios periodistas preguntaron si el gobernador Rubén Figueroa va a solicitar licencia o se pedirá su remoción para no obstaculizar las investigaciones. Chuayffet subrayó que la Suprema Corte tiene amplias facultades para investigar, citar y hacer las peticiones pertinentes.

Y puntualizó que es interés del gobierno federal que se diga la verdad de este caso, que se informe lo que pasó y que se actúe ``caiga quien caiga''.

En la lectura del comunicado, el funcionario dijo que el gobierno de la República, apegado estrictamente a la Constitución, decidió hacer uso de una facultad originariamente plasmada por el Constituyente de 1917, en el párrafo segundo del artículo 97 de la Carta Magna, y que hace 50 años no se había ejercido.

Chuayffet explicó, de acuerdo con la norma, que el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado podrán solicitar a la Suprema Corte que nombre alguno o algunos miembros de su seno, a algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designe uno o varios comisionados especiales, para que averigüen un hecho o hechos que constituyan una grave violación de una garantía individual.

Con pleno respeto al proceso legal que está en marcha, dijo, el Ejecutivo federal decidió recurrir a esa atribución, porque considera que ``hay la materia grave que le da sustento''.

El secretario de Gobernación señaló que este mismo lunes fue instruido por el presidente Ernesto Zedillo para presentar la solicitud correspondiente ante la Suprema Corte.

Por la noche, en una cena que ofreció a Boutros Ghali quien realiza una visita de trabajo en México, el Ejecutivo reconoció que la ONU ha desempeñado una labor muy fructífera en la protección y promoción de los derechos humanos. ``Tenemos la convicción de que en el marco de su soberanía cada nación debe alentar y consolidar la más firme conciencia de que es un imperativo humano, moral, jurídico y político respetar los derechos la dignidad de las personas''.

En un discurso en el salón de recepciones del Palacio Nacional, el Presidente señaló que una condición para construir un Estado de derecho fortalecido estriba en que cada instancia de la justicia ordinaria encargada de la aplicación de la ley, ``cumpla cabalmente su tarea''.

Todos, agregó el mandatario, comenzando por los encargados de hacer justicia, debemos contribuir a edificar un país de leyes. ``Con todos en México, el gobierno federal tiene la responsabilidad de agotar todas las instancias señaladas por la Constitución''.

Justicia, no impunidad: Chuayffet

Previamente, en la secretaría de Gobernación, Emilio Chuayffet, acompañado por los subsecretarios Gabino Fraga, Arturo Núñez y José Natividad González Parás, así como por el director de Prensa, David López, señaló que en el caso de Aguas Blancas el presidente Zedillo consideró necesario agotar todas las instancias para lograr el total esclarecimiento de los hechos y dar una satisfacción real al agravio ocasionado a las víctimas, a sus familiares y a la comunidad nacional.

``Queremos que en el caso que nos ocupa se distinga muy bien la materia central de la investigación, la manera como ésta se ha llevado a cabo y las responsabilidades que deben fincarse en consecuencia, pero sobre todo, y a fin de cuentas, queremos justicia'', expresó.

Emilio Chuayffet dijo que acontecimientos como el de Aguas Blancas no deben repetirse, y que los mexicanos quieren justicia, no impunidad. ``El reclamo de justicia no es sólo para los agraviados, sino para toda la sociedad'', sentenció.

En el comunicado, el funcionario dedicó una parte para resumir lo que se ha hecho hasta ahora en las investigaciones del caso, desde el inicio de las mismas, la consignación de los primeros implicados, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus recomendaciones, así como la designación de un fiscal especial y la acción penal contra 43 personas.

En todo momento, apuntó, el gobierno se ha mantenido respetuoso de las actuaciones de las autoridades locales, pero después de que el martes concluyó la etapa previa de averiguación, con la consignación de presuntos responsables, el gobierno federal decidió pedir la intervención de la Suprema Corte.

En un adelanto a las presumibles reacciones por esta decisión, Chuayffet dijo que para algunos ésta podría parecer tardía e insuficiente, además de que podría vulnerar la autonomía estatal.

Las tres posibilidades las rechazó. El Ejecutivo, explicó, interviene cuando ya se agotaron las fases de averiguación previa; la justicia se alcanza a través de procedimientos que no pueden ser violentados, y el federalismo no se pactó para crear ámbitos excluyentes de los controles constitucionales y legalidad a los que cualquier autoridad está sujeta.

La aplicación de la facultad consagrada en el artículo 97, dijo, reafirma el orden constitucional y el régimen de derecho.

Expuso que el procedimiento constitucional implica que al culminar éste se rinda un informe que señale las acciones y procedimientos que en su caso se encuentren pendientes de desahogar por las distintas autoridades competentes para alcanzar la verdad.

En la plática informal con los reporteros, el funcionario hizo la observación de que el artículo constitucional en cuestión no está reglamentado, y que por lo mismo no hay un plazo para que la Suprema Corte rinda su informe. Aunque opinó que por tratarse de este caso, aquél tendrá que ser breve.

A una pregunta de si la falta de reglamentación podría significar un obstáculo para la tarea del máximo tribunal, Chuayffet consideró que puede ocurrir todo lo contrario.

La Suprema Corte, dijo, está en aptitud de solicitar todos los elementos para integrar su informe. Puede hacer todo lo que quiera, subrayó.

Recordó que la primera persona que habló y propuso el ejercicio de la mencionada facultad fue el jurista Emilio Kriger, y que el antecedente histórico inmediato se remonta a un caso ocurrido en León, Guanajuato, ``en 1946''. Cuando un periodista le preguntó qué había pasado, dijo no saber.

El hecho es que en 1935, y no en 1946, en su papel de ombudsman, la Corte investigó una matanza de sinarquistas ocurrida en la ciudad de León. De acuerdo con archivos históricos, se trató de una masacre similar a la de Aguas Blancas.

Los reporteros insistieron en la eventual salida de Rubén Figueroa. Incluso uno preguntó al secretario si sabía de la próxima renuncia del gobernador guerrerense. Chuayffet meneó la cabeza en sentido negativo, y reiteró que la Suprema Corte va a determinar sobre varios hechos y que estará en posibilidad de ``hacer lo que quiera''.

``Va a ser un proceso interesante, porque no hay antecedentes'', pronosticó.

Por otro lado, fuentes de la Suprema Corte comentaron que una vez hecha la solicitud por parte del Ejecutivo federal, el pleno del órgano colegiado se reunirá en privado para conocer el asunto y se espera incluso el nombramiento de quien encabezará la investigación.

Previo al anuncio de Gobernación, poco después de la una de la tarde, un grupo de campesinos y viudas de las víctimas en Aguas Blancas se plantaron frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación. A la cabeza de ellos iban el senador Félix Salgado Macedonio y el diputado Ranferi Hernández, los dos del PRD.

Los legisladores pretendieron entregar un documento a las autoridades de la dependencia, pero se les impidió incluso aproximarse al acceso de la calle Abraham González, mediante el uso de granaderos.

Salgado y Hernández apelaron a su fuero constitucional y entre mentadas de madre e insultos en contra de los uniformados, pretendieron romper la valla. Los granaderos usaron sus escudos de acrílico y algunas de las viudas, entre ellas Paula González, fueron empujadas.

Poco después de las tres de la tarde, los legisladores y las viudas se retiraron del lugar, sin que ningún funcionario de la dependencia los recibiera.