Ilegal, la venta de Cosoloeacaque: diputados

Elena Gallegos En un acuerdo sin precedentes, el Poder Legislativo le pidió al Ejecutivo que se apegue a la ley. Esto ocurrió en el pleno de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, en el que lo mismo priístas que opositores censuraron que en la licitación del complejo de Cosoleacaque no se haya emitido el decreto presidencial que autoriza la enajenación.

Por lo anterior, le piden al presidente Ernesto Zedillo que ``disponga su atención inmediata'' a este asunto, lo que equivaldría a que se ``reponga'' todo el proceso que se inició en noviembre, en caso de que el Ejecutivo acepte tal recomendación.

Luego de casi seis horas de discusión, los miembros de dicha comisión no pudieron, en cambio, ponerse de acuerdo en uno de los considerandos que apoya el acuerdo legislativo y que señala que no existe impedimento constitucional para la desincorporación de los activos de la petroquímica secundaria.

Los cuatro diputados petroleros priístas, el PRD y el PT se reservaron la aprobación de este punto y se estudia la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea ésta la que determine si hay o no impedimentos constitucionales para la privatización.

Este asunto no era el punto central de las deliberaciones de la comisión, según aclararon varios legisladores. Sin embargo, hay una férrea oposición de los diputados petroleros a la desincorporación, y ellos y el PRD introdujeron en las discusiones el argumento de que la venta se hace sin fundamentos constitucionales. Por eso, sumaron al informe de la comisión documentos en los que apoyan su posición en contra de la misma.

Además, entre los priístas que están de acuerdo con la desincorporación tampoco hay posturas uniformes, ya que existe una fuerte corriente que se inclina porque en la venta el Estado y el capital nacional social se reserven el 51 por ciento de las acciones y sólo se ponga a licitación el 49 restante.

El PAN no emitió opinión alguna en torno a este asunto, ya que dos de los diputados de ese partido que forman parte de la comisión se encuentran en Francia. El único que asistió, Durán, comunicó que en las próximas horas Acción Nacional haría pública su posición.

El documento emitido por la Comisión de Energéticos contiene otros apartados en los que se hacen críticas al Ejecutivo. En el noveno, el cuestionamiento no deja lugar a dudas y a la letra dice:

``Hay insuficiencia en la información que el Ejecutivo ha dado a la sociedad respecto a los procedimientos, propósitos y beneficios del proceso motivo de los trabajos de la Subcomisión (licitación de Cosoleacaque). Por lo tanto, es deseable una mayor claridad con el diseño de una estrategia de comunicación''.

En el apartado número 5, los legisladores precisan: ``Cualquier decisión del Ejecutivo debe cuidar que no se afecte negativamente a la economía de las regiones en las que se localizan los activos propiedad de la Nación.

``Por ello, es necesario garantizar que cualquier proceso de fomento a la inversión en petroquímica desemboque en el fortalecimiento del desarrollo regional, de las finanzas estatales y municipales, y en la generación de empleos directos e indirectos''.

En otro de los puntos, el décimo, plasman un nuevo llamado de atención al Ejecutivo: ``Es conveniente reforzar el marco normativo y estructural, de tal manera que dé garantías por parte del gobierno para que quede debidamente salvaguardado el interés público y no se propicie ninguna práctica monopólica o estrategias que beneficien a intereses extranjeros en perjuicio de los intereses nacionales''.

También aclaran en el punto ocho que ``la promoción de la participación de la inversión, si se hace de manera adecuada para no dislocar el sistema industrial que hoy tenemos, deberá representar una posibilidad real de promover el desarrollo de una industria petroquímica mexicana diversificada, globalmente competitiva y de escala mundial, reduciendo costos hacia el resto de la economía, al estar en posibilidad de abastecer de insumos básicos en cantidad, calidad y precios adecuados''.

Subrayan la urgencia de que ``las empresas petroquímicas públicas y privadas deben comprometerse a establecer programas específicos de expansión para ampliar sus capacidades productivas y tecnológicas y responder a las exigencias del mercado''.

Debe resaltarse que el tema de discusión era el concerniente al proceso de licitación en marcha (Cosoleacaque). Esto es, la Comisión de Energéticos recibió el encargo del pleno de la Cámara de Diputados de abocarse a efectuar una consulta y emitir una opinión sobre el mismo. Esto sucedió en noviembre pasado.

Para ello, ese órgano legislativo creó una Subcomisión Especial integrada por seis legisladores --cuatro del PRI, uno del PAN y uno del PRD--, y fueron arduas las discusiones previas al acuerdo final. De hecho, estos diputados trabajaron prácticamente hasta la madrugada de este lunes.

Por la mañana, el pleno de la Comisión de Energéticos se reunió en uno de los salones del área de Los Cristales, del Palacio Legislativo. Ahí, durante seis horas, debatieron los puntos que antecederían la resolución, pero en el sentido final de ésta estuvieron todos de acuerdo.

La conclusión final de la Comisión de Energéticos fue: ``En el caso de la convocatoria de la licitación del Complejo de Cosoleacaque, existe controversia debido a que en la Ley General de Bienes Nacionales se expresa que para desincorporar bienes del dominio público se requerirá de la autorización de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y de la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los decretos presidenciales en los que se autorice la desincorporación y enajenación.

``Por ello --precisaron los diputados--, no conociéndose a la fecha que existan los citados documentos, se recomienda que para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales, el Ejecutivo disponga de su atención inmediata''.

Lo más importante de este asunto es que los priístas estuvieron de acuerdo en que no podían dejar pasar esas omisiones. El informe se entregaría ayer mismo al líder de la mayoría priísta, Humberto Roque Villanueva, y este miércoles al secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, quien acudirá a San Lázaro por la mañana.

Respecto a la constitucionalidad o no de la desincorporación, en el punto 11 --el documento tiene en total 12 apartados-- se precisa: ``Se han escuchado preocupaciones sobre la fundamentación constitucional de la desincorporación y enajenación de la petroquímica secundaria, así como las sucesivas reclasificaciones de los productos petroquímicos entre básicos y secundarios.

Se hacen enseguida seis consideraciones. Entre éstas que los instrumentos legales del proceso no requieren fundamentarse en los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna y que sí, en cambio, en el 134.

Se aclara que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo establece los límites de la exclusividad del petróleo y se agrega que las áreas estratégicas que el Estado tiene bajo su responsabilidad exclusiva por mandato constitucional (petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica básica), no están sujetas a éste ni a ningún otro proceso.

En cambio, en su reserva, los diputados petroleros y el PRD, apuntaron: ``No se comparte el capítulo relativo a los antecedentes'' por contener ``afirmaciones y argumentación general que a nuestro juicio son erróneas''.

Luego de repetir sus cuestionamientos, advirtieron que ``la inconstitucionalidad de la presunta venta de la llamada petroquímica secundaria, no se elimina con los trabajos de la Comisión de Energéticos u otras instancias legislativas, por lo que anticipamos la decisión de cuestionar la validez constitucional de la misma en la forma que estimemos idónea''.

Se adjuntaron los documentos que sobre el particular habían elaborado los diputados Jorge Wade (priísta) y Amado Cruz Malpica (perredista). Quienes estuvieron en contra del punto número 11 fueron los petroleros y priístas, Jorge Wade, Jesús Olvera, Javier Calixto Rivera y Fernando Pacheco; los perredistas Francisco Curi, presidente de la Comisión; Javier González Garza, Amado Cruz, Ifigenia Martínez y Raúl Castellanos, así como el petista Joaquín Vela.