El resumen del Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000, publicado por el gobierno federal en diversos diarios de circulación nacional el pasado lunes 19 de febrero, ratifica la misma política petrolera irracional y contraria al interés nacional que se ha aplicado en forma cada vez más profunda desde 1981-1982 (inicio del derrumbe del precio internacional del petróleo y aumento de las tasas de interés de la deuda externa).

Lo que ha venido sucediendo en la principal zona petrolera de aquel entonces (Chiapas-Tabasco) está prolijamente descrito en diversos análisis, particularmente en un estudio de 20 volúmenes elaborado por técnicos de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo (Estudio de Factibilidad del Proyecto Olmeca, cuyo resumen se publicó en la revista Ingeniería petrolera del mes de julio de 1994).

Con tal de obtener en forma fácil y rápida altos volúmenes de petróleo crudo para la exportación, se aplican inadecuadas técnicas de explotación, que durante la etapa fluyente de los pozos (en la que el gas asociado al petróleo jala a éste hacia el exterior), sólo permiten extraer un porcentaje muy reducido de los hidrocarburos existentes en los yacimientos. En su mayor parte, tales cantidades se quedan en el fondo y se pierden para siempre, pues no es posible extraerlas posteriormente, ni siquiera aplicando métodos de recuperación secundaria, que resultan poco eficaces después de la irracional explotación de los yacimientos. Por ello, a yacimientos de los que debía extraerse entre un 70-75 por ciento de su volumen, se les extraen niveles inferiores al 30 por ciento (Economía y democracia. Una propuesta alternativa, Grijalbo, México, 1995, p.199).

Por otro lado, la extracción acelerada se combina con la existencia de instalaciones en la superficie (baterías, redes de ductos, equipos, tanques de almacenamiento, etcétera) que están mal distribuidas y son inadecuadas e insuficientes para manejar los altos volúmenes extraídos (muy superiores a los originalmente programados), provocando bajos niveles de eficiencia operativa, altísimo consumo de energía y, sobre todo, derroche de una parte de los hidrocarburos obtenidos.

Un apretado resumen del estudio referido ilustra ese derroche: 1) Diariamente se pierden 17 mil barriles de petróleo (p.38, segundo párrafo), equivalentes a 6.2 millones de barriles anuales, cuyo valor estimamos en 118 millones de dólares por año. 2) Cada día se queman 41 millones de pies cúbicos de gas natural y condensados (p.38, cuarto párrafo), cuyo valor conservadoramente asciende a 32 millones de dólares anuales. Sobre este punto, el estudio señala un hecho adicional sumamente grave: esa ``quema de hidrocarburos y condensados'' se oculta a la población, pues ``no son contabilizados durante la transferencia'' en los registros respectivos (p.38, tercer párrafo). 3) El petróleo extraído (560 mil barriles diarios) sale limpio del yacimiento, pero se contamina en la superficie por deficiencias de las instalaciones. Esa merma en la calidad representa para Pemex ``una pérdida de 0.34 dólares por cada barril vendido'' a los clientes (p.38, quinto párrafo), equivalentes a 70 millones de dólares anuales. El valor total de estos dispendios asciende a 220 millones de dólares anuales (importe que se incrementaría aún más, de incluir otros conceptos del derroche de naturaleza más compleja).

Un daño quizá más grave que los anteriores es el que se ha venido causando al medio ambiente y a los habitantes de las zonas petroleras de Chiapas y Tabasco. En opinión de los autores del citado estudio, la extracción y manejo de los hidrocarburos en los hechos se realiza bajo ``regulaciones ambientales muy tolerantes'' y sin apego a ``las normas ecológicas y de seguridad''. Por ello, ``la interrelación de las operaciones productoras con el medio social y ecológico, es crítica, ya que pone en riesgo la seguridad de las personas e instalaciones, al contar con procesos tecnológicamente ineficientes y de control manual''. (pág.32). Aunque difícil de cuantificar en términos económicos, la contaminación petrolera ha alcanzado niveles alarmantes. Diversos ambientalistas y técnicos petroleros coinciden en señalar que, en las zonas de mayor deterioro, se requerirían grandes inversiones y desarrollar un trabajo sistemático durante toda una generación para lograr su plena rehabilitación.

Esta es la realidad actual de la explotación petrolera en México, avalada por estudios científicos elaborados por técnicos petroleros que, a diferencia de los altos directivos, sí saben de lo que están hablando. El discurso gubernamental pretende ocultar esa realidad al expedir un supuesto programa de energía plagado de frases huecas, como la que hace referencia a la necesidad de ``continuar la reestructuración de Pemex a fin de convertirla en empresa moderna y eficiente''; o aquélla según la cual una ``acción estratégica'' del nuevo programa será ``reducir los costos de operación asociados con ineficiencias operativas''; o las referidas a la supuesta intención de ``continuar con los programas de restauración del medio ambiente''; incorporando ``acciones de cuidado ambiental en las prácticas cotidianas de los organismos''; y buscando ``aplicar más cabalmente la legislación ambiental''.

En realidad, la protección del medio ambiente no es una prioridad para Pemex, institución que viola sistemática e impunemente las más elementales normas al respecto. Pareciera que los directivos de esa paraestatal gastan más en publicidad destinada a ocultar ese hecho que en la efectiva prevención y restauración de los daños causados.

Los elementos anteriormente expuestos (no se enumeran todos) son más que suficientes para mostrar que los funcionarios que dirigen Pemex desde hace 14 años vienen dilapidando en forma aberrante la riqueza petrolera del país, provocando el despilfarro de un recurso natural no renovable y escaso, y generando pérdidas millonarias en dólares que hacen mucha falta para apoyar el propio desarrollo de esa industria y el de la economía en general.

Detener ese dispendio e iniciar al mismo tiempo la verdadera rehabilitación de las áreas dañadas, requiere en primer término atacar la fuente que origina el problema, lo que implica reducir los actuales niveles de extracción hasta ajustarlos a estrictos criterios de racionalidad técnica y económica. Asimismo, deben destinarse los recursos necesarios para realizar las inversiones que resultan estratégicas para modernizar las instalaciones, cuyo monto, para la zona de Chiapas-Tabasco, y siempre según el estudio referido, es relativamente bajo (415 millones de dólares); monto que puede ser recuperado en menos de dos años, con los ahorros que se lograrían al eliminarse en definitiva el derroche de hidrocarburos y otras ineficiencias.

Mientras México se queda con los perjuicios como ya se vio de esta política de incrementar a ultranza la extracción y exportación de petróleo, Estados Unidos se queda con las ventajas. Nuestra producción petrolera crecientemente contribuye a resolver un problema de seguridad nacional estadunidense (país altamente dependiente del petróleo importado, y que ya acapara 80 por ciento del total de nuestro crudo exportado). Al mismo tiempo, el gobierno mexicano utiliza las divisas petroleras no para promover el desarrollo nacional, sino para realizar el pago puntual del servicio a la deuda externa, principalmente la contratada con acreedores de ese país.

Las cifras al respecto son elocuentes. Durante el periodo que abarca los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas (1983-1994), México exportó seis millones de barriles de petróleo crudo (cifra equivalente al 12 por ciento de las actuales reservas probadas), con un valor de 131 mil millones de dólares constantes (de 1994), monto que resultó inferior al que se pagó en el mismo periodo sólo por concepto de intereses de la deuda externa (140 mil millones de dólares constantes).

El gobierno actual insiste en transitar por el mismo sendero profundizando la entrega, a pesar de la tenaz y creciente oposición popular. Porque así lo dictan los intereses de la nación y los más elementales criterios de rentabilidad económica (criterios éstos muy venerados en el discurso de Adrián Lajous, pero ausentes en el manejo cotidiano de Pemex), el gobierno mexicano debe dar marcha atrás en sus anunciados planes de incrementar todavía más! la ya de por sí irracional extracción petrolera.

Es falso que sea indispensable incrementar la extracción y exportación de petróleo para elevar los ingresos de Pemex. Ajustar los ritmos de explotación a niveles técnicamente razonables reduciría por un lado el volumen extraído, mas por el otro eliminaría el actual despilfarro quedando, por tanto, disponibles los volúmenes que hoy se pierden; además de que se evitarían los graves daños al medio ambiente, y con ello el costo de reparaciones e indemnizaciones erogadas (mal y tarde, cuando cumple) por Pemex. De obrar de este modo, a la vuelta de un par de años Pemex estaría explotando racionalmente los recursos petroleros propiedad de la nación (no de los directivos de Pemex), obteniendo ingresos incluso superiores a los actuales.

Estamos a punto de sufrir una gran derrota histórica como nación. La defensa de nuestros recursos petroleros (incluída la petroquímica) para utilizarlos en beneficio propio es un asunto que compete a todos los mexicanos, más allá de diferencias partidarias, género, edades u oficios. Con la economía familiar en picada y la insensibilidad y necedad gubernamentales en ascenso, un nuevo agravio y de ese tamaño es altamente riesgoso. El hambre y la desesperación podrían ganar la carrera a la política.