La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que antes rehuía todo conflicto que tuviera el mínimo tinte político, ahora le hace frente al difícil caso del asesinato de un grupo de campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, con lo cual los magistrados de ese tribunal ratifican que están dispuestos a aprovechar, pero también a asumir los riesgos que implica la mayor autonomía que le confieren las reformas constitucionales promovidas el año pasado por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo.

Previamente, el máximo tribunal del país había intervenido en otro caso político: el juicio de controversia constitucional promovido por el gobierno de Tabasco, que encabeza el priísta Roberto Madrazo Pintado, en desacuerdo con el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) intervenga en la investigación de supuestos ilícitos ocurridos durante las elecciones estatales, lo cual se considera competencia exclusiva de las autoridades tabasqueñas y no de una dependencia federal.En tercer lugar, la actitud independiente de los magistrados de la SCJN se ha podido apreciar en otro hecho poco notable para las mayorías, pero muy significativo para quienes encuentran en el protocolo gubernamental indicios de lo que sucede en la administración pública e inclusive signos de futuros movimientos.Lo destacado de la actitud del presidente de la Suprema Corte, Vicente Aguinaco Alemán, es que durante los meses que ha estado al frente de ese organismo se ha negado a formar parte de la corte presidencial y por ello se niega a aparecer en actos en los que no esté directamente relacionado el Poder Judicial.

Esto marca una distancia enorme respecto de sus antecesores al frente de la SCJN, quienes siempre aparecían al lado (podría decirse que a la sombra) del Presidente de la República en turno, como si se tratara de otro funcionario más de su gabinete.

Sin desplantes, pero con firmeza, Aguinaco Alemán rechaza casi todas las invitaciones, a tal grado que el equipo de la Presidencia ha dejado de considerarlo para actos ajenos a las cuestiones judiciales o jurídicas.

Y si dicen que no?

Esta vocación por la independencia no implica necesariamente que la intervención de la SCJN en el caso Aguas Blancas sea una garantía de que se tendrá éxito total en las investigaciones, ni mucho menos que su fallo vaya a resultar aceptable para todos.

Como lo apuntamos desde el pasado martes, la Suprema Corte carece de un cuerpo permanente de investigadores criminales y tuvo que echar mano de dos de sus magistrados: Humberto Román Palacios y Juventino Castro y Castro. El primero se recibió como abogado con una tesis sobre derecho laboral y luego cursó una especialidad en ciencias penales, lo cual le sirvió para ser agente del Ministerio Público y llegó hasta subprocurador de Justicia de Guerrero, a donde ahora está comisionado.

Castro y Castro tiene una trayectoria más amplia en el Ministerio Público, ya que estuvo ligado tanto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como a la General de la República, pero no participó propiamente en la investigación de crímenes, ya que en la primera fue director general de Asuntos Jurídicos y en la segunda coordinador general jurídico.Es cierto que integrarán un equipo de trabajo en el cual necesariamente habrá especialistas en investigación criminal, y es de esperarse que los elegidos sean gente eficiente y fiel, para que no se llegue al final con los problemas que han enfrentado los fiscales especiales para los casos Posadas, Colosio y Ruiz Massieu.Otro dato que puede causar inquietud e incluso desconfianza en algunos sectores de nuestra sociedad: las fichas de los dos magistrados que aparecen en el Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano revelan que ambos son militantes del PRI. Esto no implica descalificación alguna, pero podría motivar protestas de los sectores más radicales de los partidos de oposición, sobre todo si su fallo resulta favorable a Rubén Figueroa .Respecto al mandatario guerrerense, más allá de la decisión del presidente Zedillo de pedir la intervención de la SCJN y de los integrantes de este tribunal de asumir su responsabilidad, hasta ayer parecía que no quedarían satisfechas las demandas de quienes exigen que Figueroa deje el gobierno para que la investigación se realice con mayor libertad. Si hubiera una separación aunque temporal, sería en opinión de algunas corrientes, una precalificación de la presunta responsabilidad del mandatario y, en segundo término, no se puede olvidar la vieja sentencia del sistema político de que los gobernadores que dejan su cargo nunca regresan.

La cosecha

La diputación panista entregó una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Boutros Ghali, en la que acusan al gobierno mexicano de emplear un ``doble'' discurso: ``Hacia fuera promueve la democracia y hacia dentro se muestra intolerante ante la oposición que avanza'' y que amenaza su permanencia en el poder. Señala que en las elecciones los caciques locales ``pisotean'' la voluntad ciudadana y asegura que las actitudes recientes del gobierno reflejan una política de Estado que impulsa una contrarreforma.

El texto de la misiva, que le fue entregada a Ghali en el Senado por los diputados Cecilia Romero y Tarcisio Navarrete, es el siguiente: ``Los diputados federales del Partido Acción Nacional le damos la bienvenida a nuestro país y queremos compartir algunas reflexiones sobre el momento que vive la democracia en México.

``Las elecciones no se realizan de acuerdo a las normas de derecho internacional, y se ven afectadas por caciques locales que pisotean la voluntad ciudadana como ocurrió en Huejotzingo, Puebla, y en otros lugares de la República. Sigue pendiente establecer leyes que eliminen la discusión sobre resultados electorales.

``El gobierno tiene un doble discurso: hacia afuera promueve la democracia, hacia adentro se muestra intolerante ante la oposición que avanza, porque ve amenazada su permanencia en el poder por 67 años ininterrumpidos.

``A pesar de que México requiere una transición democrática, que hoy está a medio hacer, las actitudes recientes del gobierno reflejan una política de Estado que impulsa una contrarreforma, cuando se requieren cambios legislativos que protejan debidamente los derechos políticos.

``Estamos dispuestos a llevar más información para que se conozca la situación política de México.''