Entregan a Boutros Ghali un video sobre la matanza

David Aponte En nombre de las viudas y familiares de los campesinos asesinados en Aguas Blancas, Paula Galeana Balanzar entregó una carta al secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, para solicitar su intervención ante el presidente Ernesto Zedillo con el propósito de encontrar una solución y hacer justicia ante la matanza del 28 de junio de 1995. El senador Félix Salgado hizo lo propio con una copia del video transmitido en la televisión.

``Pedimos su apoyo para que se haga justicia en Aguas Blancas, que no quede impune y tengan un castigo los autores intelectuales, Rubén Figueroa Alcocer y el general Arturo Acosta Chaparro'', expuso la mujer.

El secretario general de la ONU, Boutros Ghali, recibe de
manos de Rocío Mesino, dirigente de la OCSS, el video y
la documentación sobre la matanza de campesinos en
Guerrero. Observan Fernando Ortiz Arana, Juan de Dios
Castro y Félix Salgado Macedonio. Foto: Francisco
Olvera

En el salón Benito Juárez de la Cámara de Senadores, el senador perredista Félix Salgado entregó al diplomático egipcio una copia del cassette, envuelto en papel blanco y con un moño negro. ``Hacemos entrega de un video de la matanza de Aguas Blancas, para que vea cómo estuvieron los hechos. Ellas son las viudas y los representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur'', dijo.

A las 11:41 horas, Boutros Ghali firmó de recibido en una de las copias de las cartas de las viudas y familiares y de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS).

El secretario general de Naciones Unidas escuchó a la viuda Paula Galeana con la ayuda de un intérprete y no hizo comentario alguno sobre el tema.

En el lugar se encontraban el líder del Senado, Fernando Ortiz Arana, y los senadores Héctor Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, y Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional.

En la primera misiva, las viudas y familiares de los campesinos asesinados en Aguas Blancas pidieron la intervención del diplomático ante el presidente Zedillo para que el Ejecutivo federal intervenga de manera directa en la solución del caso de Aguas Blancas, debido a que han pasado ocho meses y los responsables de las investigaciones han actuado ``con parcialidad y a favor de los presuntos responsables''.

Además, el fiscal especial Oscar Alejandro Varela Vidales exoneró al gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a varios ex funcionarios de la policía estatal, y ninguna instancia federal, la Procuraduría General de la República o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han tomado a su cargo las pesquisas, expusieron.

Ante esta situación, propusieron que se integre una comisión plural para el seguimiento del caso, conformada por un representante de Naciones Unidas, miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales y abogados independientes, para garantizar la objetividad e imparcialidad de las averiguaciones.

``De esta forma, consideramos que se podrá poner fin a las continuas matanzas, desapariciones forzadas y represión que se viven cotidianamente en Guerrero por parte de los cuerpos policiacos, del Ejército y de guardias blancas, quienes actúan por consigna de Rubén Figueroa y con el sello característico de la impunidad.

``Es por esta razón que acudimos ante la máxima representación de la ONU, a efecto de que se detenga la violencia en contra del pueblo de Guerrero y de México (y) se castigue a los responsables de estos delitos lesa humanidad'', agregaron.En la segunda carta, firmada por la UOSS, los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur acusaron a Figueroa de malversar los recursos del pueblo guerrerense y manipular a la fiscalía especial, ``que sólo sirvió a sus intereses''.

Con el apoyo de un ``supuesto compadrazgo'' con el presidente de la República, el gobernador de Guerrero sirve a sus intereses políticos y económicos, ``violentado los más elementales derechos humanos'', aseguraron.

Ghali entregó los documentos y el cassette a uno de sus asistentes. A dos calles del recinto legislativo, miembros de la OCSS gritaban consignas contra Figueroa. Los campesinos pretendían llegar hasta las puertas de la vieja casona de Xicoténcatl, pero en el cruce de avenida Hidalgo y Lázaro Cárdenas elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública les cerraron el paso.En el salón de sesiones, algunos senadores ofrecieron sus puntos de vista sobre el caso Aguas Blancas. El senador Juan S. Millán, secretario general del PRI, dijo que los hechos del 28 de junio deben quedar ``totalmente aclarados'' y tienen que fincarse responsabilidades ``independientemente de la autoridad de que se trate''. La demanda generalizada de justicia refleja que hay una ``no satisfacción'' con los resultados que presentó la fiscalía especial, agregó.

Guadalupe Gómez Maganda, senadora priísta por Guerrero, volvió a defender a Rubén Figueroa: ``No hay nada que lo obligue a pedir licencia para, como usted dice, dejar de entorpecer las investigaciones. El ha dado siempre todas las facilidades, todas las garantías para que las averiguaciones sigan su curso''.Aclaró que ha defendido a las instituciones del Estado y ``no me retracto'', porque no hay contradicción en la búsqueda de justicia y el apoyo al gobierno.

El presidente de la Comisión de Justicia de ese órgano legislativo, el panista Juan de Dios Castro, comentó que a los responsables de la matanza de Aguas Blancas, sin excepción alguna, hay que aplicarles la ley penal de la entidad por la posible comisión de delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad.

Los periodistas pidieron que el líder del Senado, Fernando Ortiz Arana, hiciera un ``llamado'' a la Suprema Corte de Justicia para que defina pronto esta situación. El senador priísta respondió: ``No, yo no tengo un llamado que hacer. La Corte tendrá que darse sus tiempos de acuerdo con la investigación que ellos decidan llevar a cabo, en los tiempos que ellos determinen''.

B