Para que no se preste a equívocos, desde estas primeras líneas deseo expresar que ha sido un acto positivo y encomiable de gobierno el que se haya ``reabierto'' el caso de Aguas Blancas y de que se haya enviado para su revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, facultad del Ejecutivo no ejercida durante cinco décadas. Seguramente otros procedimientos también dentro de la ley son aplicables a casos como éste. Creo, sin embargo, que el elegido por el Presidente de la República es factible y procedente. Veremos sus resultados.

La cuestión, sin embargo, propicia algunas reflexiones de orden político general, que a mi juicio no carecen de interés.

En efecto, como lo predijo el secretario de Gobernación, Emilio Chuayfet, en su declaración del lunes pasado, la iniciativa tomada por el Ejecutivo para que la Suprema Corte de Justicia investigue el ``caso'' de Aguas Blancas es juzgado por muchos como penosamente retrasado.

La sospecha de una muy ``grave violación de los derechos humanos'' estuvo ligada desde el inicio a la masacre de Aguas Blancas. Ese hecho, que ahora reconoce el Ejecutivo, había sido advertido, denunciado, probado, proclamado hace muchos meses no solamente por innumerables sectores de la opinión pública y desde luego por la Comisión de Derechos Humanos sino por personas cercanas a los terribles acontecimientos. Debe mencionarse en primer lugar a la presidenta municipal de Atoyac, que desde los primeros días que siguieron al crimen narró y puntualizó la ominosa conversación que sostuvo con el gobernador Figueroa.

No se había querido reconocer la evidencia y el asunto se arrastraba ``peloteado'' entre el gobernador, los ``fiscales especiales'' para el caso y los poderes centrales, que obviamente significaron un ``parapeto'' y una protección, directa o indirecta pero de gran peso, al gobernador y a su tesis según la cual las fuerzas del ``orden'' fueron agredidas por los campesinos que después resultaron masacrados.

No puede olvidarse ahora la defensa cerrada de la diputación del PRI al mismo gobernador ante solicitudes de juicio político de la oposición que seguramente se debieron a su ``lectura'' de las intenciones presidenciales.

También, por supuesto, esa defensa ayudó al gobernador y ha sido otro de los momentos de ignominia del PRI.

Las causas de ese sostén? Para trascender lo personal, probablemente una idea del Ejecutivo de que no podía volverse a los ``desarreglos'' con los Estados que estuvieron a la orden del día en sexenios anteriores. A sus ojos, cumplir con la ley era atender a sus formalidades sin considerar la sustancia del asunto y la realidad del país, evidente desde hace tiempo para muchos mexicanos salvo para el propio Ejecutivo.

Por un lado, videos en que constaba el ``arreglo'' de la versión original de la grabación hasta el punto de colocar armas en las manos de los campesinos asesinados a mansalva. Por el otro, ``fiscalías especiales'' controladas, subordinadas y manejadas a su gusto por las autoridades del Estado. Podía existir así alguna garantía de ``rectitud'' en el cumplimiento de la ley?Por otro lado, operó muy probablemente un acuerdo político entre ``cúpulas'' para no debilitar la ``estructura'' del sistema, en la cual los representantes de la ``tradición'' parecen velar armas para frenar el proceso de los cambios. Por supuesto, para ello no se requieren ``acuerdos'' formales sino concidencias generales en una dirección, con el mismo criterio de que ``no se muevan'' los asuntos y de que las cosas queden en su lugar.

Parece claro que el video original que presentó Ricardo Rocha en su noticiero, aunado a la ridícula falsedad que contiene el dictamen del último fiscal especial, atribuyendo a la Comisión de Derechos Humanos el principio de exoneración del gobernador, disparó los últimos acontecimientos. Por supuesto, la perseverante voz de la opinión pública y de los medios informativos ``quebró'' también la parálisis y un ``abstencionismo'' del Ejecutivo que se convertía ya en una de sus cargas negativas más flagrantes.

Al menos un par de lecciones podemos sacar de estos acontecimientos. La nueva importancia política que asumen los medios de difusión masiva manejados responsablemente no sólo como instrumentos de denuncia y presión, y de ``vigilancia'' de los hechos públicos del país, sino como factores que hacen imprescindibles ciertas decisiones políticas, convirtiéndolas en algo inescapable. (O bien, en su contraparte, el papel que pueden jugar, que han jugado y desempeñado muchas veces, distorsionando la realidad y ocultándola.)Y, por supuesto, la importancia de la expresión pública militante, que termina también por penetrar, empujar, revelar hechos y razones de la vida política mexicana que de otra manera quedarían ocultos, oscuros y sin explicación. Esa expresión pública militante, en una sociedad que ha sido altamente cerrada al debate político, o que ha sido controlada por los recursos y la influencia del poder, comienza hoy a encontrar nuevos tonos y expresiones, nueva influencia y peso. Es ya y será uno de los factores importantes en el avance de la democracia mexicana, en la transición democrática en México, en la vigencia del derecho y en el respeto a las garantías individuales y sociales de los mexicanos. No sale sobrando repetirlo y lo celebramos.

Pienso que el poder público sacará también algunas lecciones: su decisión del principio de semana ``oxigena'' la vida política en México, en un caso como éste atiende un clamor popular y lejos de debilitarse se fortalece, renueva esperanzas. Hay muchos otros clamores populares y demandas. Su atención renovaría la vida pública. Ojalá que se elabore y reflexione sobre la posibilidad y la ventaja de estar del lado de la sociedad y no frente a ella y separado de ella. Sobre todo en un tiempo de cambios que es irreversible.