``Agravio social'', lo ocurrido en Guerrero: Oñate

Roberto Garduño y Elena Gallegos La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Aguas Blancas contribuirá a encontrar una solución jurídica ``a un hecho que constituye un agravio social'', señaló el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Santiago Oñate Laborde.

El dirigente nacional del priísmo apuntó que las averiguaciones de la matanza de 17 campesinos ocurrida el 28 de junio de 1995 no fueron satisfactorias, por lo que en adelante se deberá determinar si ese suceso constituye una violación de las garantías constitucionales de los mexicanos.

En ese tenor, Agustín Basave, presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio Cambio XXI, señaló que la iniciativa presidencial para que la SCJN investigue, tiene de fondo que los resultados obtenidos hasta la fecha ``suscitan serias dudas... porque es un asunto delicado y grave''.

Por su parte, el coordinador de la diputación priísta, Píndaro Urióstegui, buscó justificar al gobernador Rubén Figueroa y señaló que las declaraciones hechas ayer por el presidente Ernesto Zedillo, ``sin mencionar nombres'', no necesariamente tienen que ver con lo acontecido en Guerrero.

Urióstegui dijo que los campesinos asesinados ``iban a un mitin político'' y se quejó de la impreparación policial: ``Que más quisiéramos que tener policías suecos o noruegos; hemos puesto anuncios en los periódicos, pero no quieren venir... que quiere, somos guerrerenses''. Calificó de ``acto de barbarie'' no la matanza, a la que llamó acto lamentable, sino al hecho de que el proceso judicial ``se quiera partidizar''.

Santiago Oñate insistió en que su partido ``está'' por el esclarecimiento de los hechos, y será la SCJN la que determine si fueron violadas las garantías constitucionales.

Tuvo que trasmitirse un video para que se tomara esta medida?Lo que tuvo que ocurrir fue que se cumplieran un conjunto de etapas internas de averiguaciones en Guerrero y que éstas produjeran resultados que no son satisfactorios para el total de la sociedad.

El dirigente priísta subrayó que la decisión del Poder Ejecutivo, para que sea la SCJN la que se aboque a investigar, es una garantía de que no se violará el régimen federal; ``en ese sentido, lo vemos como una acción en la cual el Estado, a través de los poderes constituidos, puede resolver el problema''.

Mantiene el PRI el apoyo a Figueroa?El partido mantiene su apoyo, invariable, a la legalidad.

Oñate dijo no compartir la idea de que el caso ya debió cerrarse, porque ``debe investigarse hasta que se llegue a la verdad, porque lo que se busca es la protección de las garantías constitucionales''.

Sería conveniente que el gobernador pidiera permiso para abandonar temporalmente su cargo, mientras se investiga?Eso sólo a él le corresponde decidirlo.

También Agustín Basave respondió a las interrogantes de los informadores.

Su partido seguirá apoyando a un gobernador criminal?La pregunta es muy provocadora... La decisión del Presidente prueba que no hay voluntad de darle carpetazo a nada, que no se pretende archivar algo, que no se pretende poner punto final a algo que todavía suscita serias dudas por la gravedad del caso.

El ideólogo priísta insistió en que Zedillo asumió una facultad constitucional, porque el tema es muy serio, delicado y grave, ``y el hecho de que el máximo órgano judicial del país se haga cargo de ello es prueba de que debe haber y habrá objetividad en el análisis''.

A su juicio, debe caer el gobernador?Lo que se ha dicho hasta ahora no ha convencido a la opinión pública, y lo que debe hacer ahora la Suprema Corte es no dejar espacio para dudas o escepticismos.

Las tesis de Píndaro

Entrevistado en sus oficinas en San Lázaro, Urióstegui salió en defensa de Figueroa. Primero dijo que la intervención de la SCJN de ninguna manera significa ``borrón y cuenta nueva'' sobre la que efectuó el fiscal Varela ni interrumpe el proceso que se efectúa en el juzgado tercero de Acapulco.

La nueva investigación ampliará y enriquecerá a la anterior para dar satisfacción a la sociedad respecto de los resultados ofrecidos por Varela y que causaron inquietud, dijo.

Luego se le leyó parte del discurso pronunciado por Zedillo y se le preguntó si consideraba que se refería a Figueroa y el caso Aguas Blancas, a lo que comentó que no se atrevería a decir que el Presidente hizo tales afirmaciones pensando en fulano, zutano o perengano, porque ``decir a quién se refirió sería un tanto labor de adivinanza''.

Hasta dónde están dispuestos los priístas a apoyar al gobernador?, le inquierieron, y fue cuando se quejó de que el asunto se pretenda politizar o ``partidizar''. Aseguró que lo peor que le puede pasar a un país es que un juez se vea presionado por un partido.

Lo mismo se presiona cuando se acusa que cuando se defiende, como el PRI lo hace?, interrumpieron los reporteros. Reacio a aceptar que sus críticas iban también para su partido, aunque a fin de cuentas admitió que los priístas entraban en ellas, Urióstegui se quejó de que en el caso se esté tratando de involucrar a ``funcionarios totalmente ajenos a la investigación'', en alusión a Figueroa.

Respecto de si Figueroa debe pedir licencia, señaló: ``Yo no sé si la solución del caso es si sale o no. Si vamos a Guerrero podemos ver que no priva un ambiente de jauja por la crisis económica, pero dentro de las carencias se trabaja con normalidad''.

Entonces no cabe ninguna responsabilidad a un gobernador cuya policía asesina campesinos?Esa pregunta está malhecha... es tendenciosa. Guerrero no está incendiado; hay problemas sólo en dos municipios. No estoy dando un apoyo absurdo ni irracional, pero no creo justo que se generalice.

Fue cuando habló de las policías que hay en Guerrero y lamentó profundamente que no estén formadas ni por suecos ni por noruegos. Nadie supo si estaba bromeando, pero Píndaro dijo que incluso se han publicado anuncios en los periódicos para que los escandinavos vengan a trabajar a Guerrero, ``pero no quieren''.