Piden la OCSS y ONG que el gobernador solicite licencia

Maribel Gutiérrez y Raúl García, corresponsales, Acapulco, Gro., 5 de marzo La conveniencia de que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer se retire del cargo para que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tengan condiciones plenas para averiguar las graves violaciones en el caso Aguas Blancas fue planteada hoy por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.

En tanto, 19 organizaciones que integran el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional en Guerrero pidieron a Figueroa, al coordinador del Congreso local, César Flores Maldonado, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jesús Araujo Hernández, que ``soliciten licencia para separarse del cargo de manera indefinida o renuncien con carácter de irrevocable para que el soberano, que es nuestro pueblo, pueda darse la forma de gobierno que más le acomode a sus justas aspiraciones''.

Sin embargo, el presidente estatal del PAN, Enrique Caballero Peraza, opinó que no es conveniente para la tranquilidad política del estado que el gobernador Figueroa solicite licencia, y tampoco necesario que lo haga para que la Suprema Corte investigue el caso Aguas Blancas.

Dijo que ``hay una línea de investigación que se debe seguir, en relación con la manipulación de la información para determinar el encubrimiento de los responsables''. Agregó: ``No estamos, como el PRD, pidiendo la desaparición de poderes y que se vaya Rubén Figueroa; lo que queremos es que vayan a la cárcel los responsables''.

Y el PRI de Guerrero, en un comunicado atribuido al dirigente estatal, Angel Heladio Aguierre Rivero, opinó que la solicitud de Zedillo ``servirá para evitar que se pretenda politizar un asunto del orden judicial, y permitirá dar absoluta transparencia a las investigaciones de estos lamentables acontecimientos''.Aguirre Rivero, quien un día antes se lanzó contra quienes ``no están satisfechos con la investigación del fiscal especial'' y alertó contra las injerencias del centro en Guerrero, aseguró hoy que la SCJN ``no lesiona la soberanía estatal, debido a que la propia Constitución general de la República prevé en sus ordenamientos la intervención de esta intancia''.

El dirigente, se indica en el boletín, ``convocó a los priístas a mantenerse unidos en torno al gobernador Rubén Figueroa Alcocer y al presidente Ernesto Zedillo''.

En el Congreso local, rebasado por los acontecimientos, se suspendió por segunda vez la sesión en la que apenas se aprobaría el informe final del fiscal especial Alejandro Varela Vidales.

El juez Van Meeter sigue en el caso

Mientras tanto, el juez tercero penal que lleva las causas 82/95 y 3/96 sobre la matanza de Aguas Blancas, Adolfo Van Meeter, afirmó que en nada afecta el curso de esos procesos la intervención de la SCJN. Informó que la próxima semana continuarán las diligencias para el desahogo de pruebas que presentó la fiscalía especial.Mientras, los presidentes del TSJ, Araujo Hernández, y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, manifestaron su beneplácito por la decisión del presidente Zedillo.

``Es una decisión totalmente legítima y absolutamente constitucional; la intervención de la Suprema Corte le dará certeza, veracidad y una definitiva credibilidad. Espero que así sea por parte de los guerrerenses y los mexicanos ávidos de que se llegue a la verdad y se haga justicia'', dijo Araujo.

Que renuncie Figueroa

El PRD continuó hoy su plan de actividades en demanda de la caída de Figueroa. En el zócalo de Acapulco, la dirección municipal de ese partido expuso el videocasete de la matanza en la sierra de Coyuca de Benítez. Cientos de ciudadanos se reunieron frente a la pantalla, e invariablemente las escenas les provocaban indignación.

La dirigente de la OCSS, Rocío Mesino, recordó que desde los primeros días de la averiguación se planteó la demanda de que la Suprema Corte investigara la matanza. Sin embargo, puntualizó, ``a estas alturas, dada la gravedad del caso, la PGR debería atraer la investigación, porque hay elementos para proceder en contra de Figueroa como autor intelectual de la masacre''.

Agregó que a pesar de que hay rumores de que el gobernador dejará el cargo, ``creemos que no va a querer renunciar, va a tratar de maniobrar, y parte de estas maniobras son los ataques contra la OCSS y dirigentes como Benigno Guzmán e Hilario Mesino''.

Por su parte, el observador de la Red de Organismos de Derechos Humanos, y presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Acapulco, Javier Mojica, consideró que con la determinación de que intervenga la Suprema Corte se cumple en parte una demanda que la Red planteó desde su primer informe sobre el caso Aguas Blancas, el 10 de julio de 1995. Pero destacó: ``Para que haya condiciones plenas para investigar con apego a la verdad se necesita que el gobernador se retire''.Manifestó que los investigadores de la Suprema Corte deben corregir las averiguaciones ``viciadas'' de los fiscales y agentes del Ministerio Público que han intervenido. Entre los principales vicios señaló que no han tomado en cuenta el testimonio de la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, ``que es la evidencia más contundente de la responsabilidad del gobernador''.

A su vez, las 19 organizaciones de campesinos, colonos, estudiantes y maestros disidentes, aglutinadas en el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional en Guerrero, señalaron que en Aguas Blancas ``el gobierno utilizó toda la maquinaria estatal para limpiar su responsabilidad genocida''.

Sale Caravana

Esta noche salió de Atoyac de Alvarez un grupo encabezado por la presidenta municipal e integrado por funcionarios y comisarios del ayuntamiento, que instalarán un ayuno masivo en la capital del país, del 6 al 8 de marzo, en demanda de la caída de Figueroa y el impulso de un programa de seguridad pública, en cumplimiento pleno de la recomendación 104/95 que la CNDH envió a Figueroa con motivo de la matanza.

Participan también en la movilización familiares de los ocho cafeticultores de El Paraíso que fueron asesinados por judiciales del estado el 18 de febrero.