Designa la Corte a dos ministros para investigar Aguas Blancas

Jesús Aranda El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer investigar por 10 votos a favor y uno en contra si la matanza ocurrida en Aguas Blancas constituye una grave violación de alguna garantía individual, para lo cual nombró a los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios para que efectúen la indagación correspondiente y entreguen su informe al pleno de la corte, para que éste, a su vez, proceda conforme a derecho.

En una sesión que incluyó un pleno privado de poco más de dos horas y otro público de más de hora y media de duración, los ministros consideraron que en esta ocasión sí existen condiciones para que el máximo tribunal de justicia del país haga suya la preocupación de gran parte de la sociedad mexicana porque se esclarezcan las condiciones en que fueron asesinados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas.

Antes de entrar en materia, en el pleno público se leyó un documento enviado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Emilio Chuayffet, en el que se argumenta que la sociedad mexicana está consternada por los acontecimientos de Aguas Blancas, además de que susbsiste la percepción de que es necesario el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, Chuayffet indicó en el texto que esta situación constituye un ``hecho de excepción'' originado por la gravedad de los acontecimientos, y ratificó los preceptos constitucionales que sustentan la petición presidencial de dicha investigación.

Luego de escuchar el documento del secretario de Gobernación, los ministros consideraron necesario precisar si el artículo 97 constitucional tiene calidad ``vinculatoria'' o ``discrecional'' para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es decir, si el máximo tribunal debe actuar por el hecho de que el Ejecutivo, el Congreso de la Unión o algún gobernador invoque el artículo 97 para que la corte investigue determinado asunto.

El ministro Aguirre Anguiano sostuvo que ése tendría que ser el primer punto a tratar por la corte.

En votación económica se determinó que la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ``discrecional''.

Más adelante, los ministros Juventino Castro y Castro, Juan Silva Meza, Juan Díaz Romero, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios hicieron uso de la palabra para recordar que en septiembre pasado la corte había rechazado por improcedente una solicitud semejante, debido a que dicha demanda había sido presentada por organismos no gubernamentales.

Pero en esta ocasión, comentaron, la petición presidencial se ciñe a lo estipulado en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos.

Además, comentaron, las condiciones eran diferentes a las de ahora: estaba reciente una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema y el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, había manifestado su intención de cumplirla cabalmente.

Actualmente, dijeron, no hay razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda invocar la facultad, ya que se trata de ``hechos notorios'' que colocan al máximo tribunal como la única instancia para hacer valer el respeto de los derechos humanos.

De los ocho ministros que en septiembre pasado habían votado en contra de que la corte investigara dichos acontecimientos, sólo Sergio Salvador Aguirre Anguiano se pronunció por ``declinar respetuosamente'' la posibilidad de ejercer la facultad que le confiere a la Suprema Corte de Justicia el artículo 97 constitucional, en virtud de que ``no tenemos competencia jurisdiccional''.

Para fundamentar su posición, se remitió al artículo 102 constitucional fracción B, que estipula que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la federación, que violen estos derechos.

El precepto indica, recordó el magistrado, que esos organismos formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Después de que se designó a los ministros Román Palacios y Castro y Castro, el pleno de la corte determinó también solicitar al Consejo de la Judicatura de la Federación apoyo humano y material para la investigación.

Se espera que los ministros designen a un grupo de magistrados y jueces para que los apoyen en la tarea que, según estimaciones extraoficiales, ``tendrá que ser pronta y expedita''. Se espera que la primera fase de la investigación concluya en tres semanas, aproximadamente.

Antes de que se diera a conocer la petición presidencial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de 11 ministros se aprestaba a dictaminar una nueva petición de organismos no gubernamentales sobre el mismo asunto, situación que quedó superada con el pleno ``urgente'' de este martes.