Después de que solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención constitucional para averiguar las graves violaciones de garantías individuales en Guerrero, el presidente Ernesto Zedillo hizo ayer un pronunciamiento en favor de superar el clima de desconfianza hacia los aparatos de justicia.

En su discurso, el Presidente condenó la violación de los derechos humanos, en referencia a la matanza de Aguas Blancas, con lo cual confirma que su petición a la Corte se debe a la convicción de que en Guerrero se produjo un grave atropello a las garantías constitucionales.

Es indudable que esa convicción es compartida por muchos otros mexicanos que han visto escenas de horror en el video de Aguas Blancas, durante ocho meses ocultado por el gobernador Rubén Figueroa, pero finalmente exhibido al público.

En el mismo sentido de las palabras del Presidente, aunque con propuestas diferentes, se han manifestado otras voces, algunas de las cuales exigen que Figueroa se retire del cargo de gobernador mientras se realiza la indagatoria, la cual, en principio, se dirige obligatoriamente contra él, pues arranca de la presunción de que la averiguación realizada por el fiscal especial nombrado por el Congreso del estado fue notoriamente parcial, insuficiente y decepcionante.

Llama la atención, en este contexto, que el presidente del Partido Revolucionario Institucional partido que ha defendido a Figueroa en diversos foros diga ahora que las conclusiones del fiscal especial no fueron satisfactorias y califique a la matanza como un ``agravio social'', en un giro completo de posición.

Santiago Oñate eludió la pregunta de si el PRI mantendrá su apoyo a Rubén Figueroa, diciendo que apoyará la legalidad, pero ni siquiera esa respuesta fue dada por ese partido después de la matanza, la cual se quiso minimizar, con el falso argumento de que los muertos eran transgresores de la ley y habían disparado contra la policía.

El apoyo del PRI a Figueroa se ha expresado en el Congreso de la Unión y en la legislatura local guerrerense, lo cual es suficiente para comprometer a un partido. Ahora que el presidente de la República ha involucrado a la Federación en el caso de Aguas Blancas, es natural, aunque no necesariamente legítimo, que otros políticos oficialistas se pongan a cubierto.

Algo semejante sucede con el nuncio apostólico Prigione quien, sin tener derecho a entrometerse en asuntos exclusivamente de México, ha declarado que no debe admitirse la impunidad, como si tal declaración resolviera algún problema o justificara el silencio o despreocupación de no pocos de sus colegas obispos ante la terrible violación de los derechos humanos de Aguas Blancas.

No hay duda de que la posición del presidente Zedillo, al reabrir la averiguación de la matanza de junio del año pasado en Guerrero a la cual han seguido otras más que quizá pudieron evitarse es un punto definitorio del problema y, detrás de ésta, se acumulan las posturas políticas de otros que, ahora, se presentan como si antes hubieran abogado por la realización de una verdadera indagatoria que llegue hasta el fondo.

Involucrada la Suprema Corte de Justicia por petición presidencial y abierta ayer la nueva averiguación por acuerdo del pleno de ese alto tribunal, deben superarse todas las actitudes de desprecio o contubernio que ayudaron a mantener por meses el caso Aguas Blancas en manos de investigadores parciales e improbos lo que, a su vez, dio luz verde para cometer otras atrocidades.

La lección debe ser asumida por los políticos y el país entero: la inseguridad como sistema, la arbitrariedad como método y la impunidad como fenómeno son repudiadas por la generalidad de los mexicanos. Las bases de la convivencia social no pueden seguir admitiendo la existencia de una justicia manipulada, mientras que las relaciones políticas y la conducta de los políticos no deben seguir rigiéndose por la complicidad, la cual nulifica los principios fundamentales del Estado de derecho.