Algo hemos aprendido de la tragedia de Aguas Blancas: lo más inmediato y notorio es que la actitud complaciente hacia el México bronco es cada vez menos asumible, que ya no hay lugar para la mitología letal del machismo que justifica la impunidad en el supuesto desprecio del mexicano hacia la vida.

Famosas (y últimas) palabras inolvidables las que se pronunciaron en el Consejo político estatal del PRI, en defensa de la soberanía estatal contra las intervenciones ``del centro''. Curiosa inversión del sentido de las cosas: La nostalgia por el olvido disfrazado de tradición republicana, el federalismo como manto protector de la impunidad local.

Para una sociedad cada vez más comprometida con la democracia resulta insostenible la pretensión del gobernador Figueroa de lavarse las manos en este trágico asunto. Por eso hay unanimidad en saludar la decisión de que la Suprema Corte de Justicia investigue, por fin, la matanza de Aguas Blancas. El gobierno federal ha reconocido, en voz del secretario de Gobernación, que se trata de ``hechos de excepcional gravedad que conculcan las garantías constitucionales''.

No se trata, como apunta Jean Meyer, de adelantar el juicio que corresponde a los tribunales, pero es obvio que existe en este lamentable asunto una grave e intransferible responsabilidad política que el mandatario guerrerense no puede eludir ni compartir con los demás funcionarios que son sus subalternos. Está en su investidura y en nadie más.

Los hechos de Aguas Blancas no fueron un ``accidente'', fruto de la casualidad o la impericia policiaca. En realidad se suscitan como corolario de un problema político (hoy, con la presencia de los medios, ya nada es local) al que las autoridades quisieron darle una dura y definitiva solución, muy a tono con esa tradición de prepotencia que ha manchado de sangre al poder en Guerrero. Ese es el fondo de la cuestión. Ahí es donde la cuestión está ``politizada'' desde el principio, y la responsabilidad del gobernador aparece sin medias tintas.

Por ello, desde el primer día hubo razones morales y de Estado para exigir la renuncia del gobernador, independientemente del resultado de la investigación judicial que estaba en curso y cuyas insatisfactorias conclusiones han creado una oleada de indignación a lo largo y a lo ancho del país. Debió hacerlo él mismo desde el 28 de junio para dejar paso a una investigación sin sospecha y no lo hizo. Tampoco el gobierno federal quiso tomar cartas en el asunto para buscar, justamente, una solución política clara y contundente, sin desmedro de la acción de la justicia. Pero tampoco quiso tomar esa decisión. Menos el senado de la República que, por una vez, pudo actuar con plena independencia, pero tampoco se decidió.

Ahora las cosas son más complicadas. Figueroa se refugia en el ``federalismo'', el PRI titubea, los dinosaurios se agrupan, la suerte está echada. Veremos en qué concluye. Algunos todavía duermen tranquilos, como el alcalde interino de Coyuca de Benítez, Ezequiel Zúñiga Galeana, quien aún sabe soñar despierto:``En nuestro municipio estamos absolutamente en paz para beneficio (sic) de los que quieren incendiar a Coyuca y a Guerrero. La guerra está allá (en la ciudad de México), que allá se entiendan y que a nosotros nos dejen vivir en paz''. (La Jornada, 5 de marzo).