Destaca informe de EU sobre derechos humanos las matanzas en Guerrero

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 6 de marzo El gobierno mexicano respetó en términos ``generales'' los derechos humanos durante 1995, informó hoy el gobierno del presidente Bill Clinton, pero advirtió que las policías estatal y federal, la de Caminos y las policías locales siguieron cometiendo ``numerosos'' abusos. ``Los más graves incluyeron la violencia y las matanzas en Guerrero, así como otras muertes extrajudiciales, la tortura, el arresto ilegal y la detención arbitraria'', declaró el Departamento de Estado en la sección sobre México de su informe anual sobre los derechos humanos a nivel internacional.

No obstante, subrayó la importancia de iniciativas emprendidas por el gobierno y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El informe añade: ``Otros abusos incluyeron deficiencias graves en las prisiones, la discriminación y la violencia contra los homosexuales, mujeres e indígenas, y el uso extenso de mano de obra de menores de edad en la economía informal''.

La embajada mexicana en esta capital indicó: ``El informe reconoce los avances que ha habido en esta materia, aunque menciona cuestiones pendientes. Lo importante en este caso es que el gobierno de México está comprometido a resolver los casos que se han presentado, garantizando que los responsables no permanezcan impunes''.En el caso de Aguas Blancas, señala la embajada, el Presidente ha tomado la acción sin precedente de reabrir el caso y ``remitir su consideración'' a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En general, dice el informe del Departamento de Estado sobre México, ``el gobierno respetó los derechos de sus ciudadanos''.

La primera sección detallada del informe empieza con un resumen de la situación en Guerrero y del caso Aguas Blancas. Presenta las conclusiones de la CNDH sobre el videocassette editado, la ejecución deliberada y la posterior acción de armar a las víctimas.

Después de señalar que el gobernador Rubén Figueroa suspendió a varios de sus altos funcionarios implicados en la investigación de la CNDH, el Departamento de Estado concluye; ``Hay alegatos creíbles de que un número de funcionarios estatales suspendidos, incluyendo al ex procurador general del estado, siguieron ejerciendo considerable influencia en la operación del gobierno estatal''.

La Casa Blanca subraya las críticas de la CNDH acerca de que otros funcionarios ``de alto rango'' que comparten responsabilidad en el crimen permanecen en libertad. El informe también comenta la matanza de Ajuchitlán del Progreso, los asesinatos de policías y las ejecuciones de activistas del PRD.

La amplia sección sobre México en el Informe Anual sobre Derechos Humanos a nivel mundial también comenta la violencia política en Tabasco y Chiapas y subraya en particular los ataques contra perredistas. En la sección sobre comunidades rurales, el informe indica: ``La policía y vigilantes, actuando en nombre de terratenientes locales, continuaron cometiendo matanzas extrajudiciales y desalojando a campesinos que ocupaban tierras rurales en varios estados''.Aunque el Departamento de Estado señala que las quejas por tortura a la CNDH disminuyeron 68 por ciento en relación con el año pasado, agrega: ``La tortura continua siendo un problema serio de derechos humanos''.

Los autores describen con detalle la detención y tortura de sospechosos por parte de la policía y señala que ocho estados no tienen leyes específicas para prohibir y castigar esa práctica. En particular, destaca los casos de tortura contra los detenidos a causa del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y los supuestos dirigentes del EZLN.El análisis se enfoca en particular a la Policía Judicial Federal y menciona el cálculo realizado en octubre por el procurador general Antonio Lozano Gracia acerca de que ''80 por ciento de todos los policías judiciales federales han participado en la actividad criminal''. También indica que los robos cometidos por policías son ``comunes'' y que ``la mayoría de mexicanos'' percibe a la policía como corrupta.

El informe también habla de la violencia cometida por militares, particularmente en Chiapas, y señala que a pesar de estas acusaciones ningún militar o funcionario gubernamental ha sido sancionado por los abusos relacionados con la rebelión chiapaneca de 1994.

También se toca el caso de la inacción de la policía municipal para prevenir un ataque contra los partidarios del obispo Samuel Ruiz, la documentación de 50 casos de violación sexual en Chiapas y las expulsiones de tres religiosos extranjeros.

Al observar la situación electoral, el Departamento de Estado señala: ``El gobierno ya no limita el funcionamiento de los opositores políticos'', pero lo critica por no procurar justicia contra los acusados de crímenes electorales y por no limitar el poder de los caciques.

Sobre los derechos humanos de la mujer, el informe señala que a pesar de que la Constitución mexicana garantiza los derechos igualitarios entre los sexos, la violencia doméstica y sexual es ``persuasiva''.

También hay una sección extensa sobre los derechos laborales que toca el tema del derecho de libre asociación, el comportamiento de las federaciones sindicales y los vínculos entre los sindicatos y el PRI. También aborda el caso de Ruta 100, pero considera ``no creíble'' la acusación del Sutaur acerca de que el gobierno violó la libertad de asociación.

Luego de señalar que los medios de comunicación mexicanos presentan una ``vasta gama de información'', el Departamento de Estado sugiere que los sobornos o gratificaciones de funcionarios gubernamentales a periodistas parece disminuir, pero más adelante indica que esta práctica ``todavía es común''.