En lo que va del siglo, muy pocos gobernadores guerrerenses han concluido su mandato, y todo indica que Rubén Figueroa Alcocer, que terminaría el 31 de marzo de l999, no estará entre ellos. Desde la promulgación del actual código máximo, seis gobernadores han dejado de serlo, siempre por desaparición de poderes y mediante el mecanismo legal que culmina con la declaratoria, por parte del Senado, de que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional, es decir, con fundamento en el artículo 76 constitucional. Debe decirse que unas veces el remplazo se dio por razones políticas de dudosa legalidad, como ocurrió con Alejandro Gómez Maganda, quien, de pasada, siendo niño había estado entre los repartidores del periódico Regeneración, editado en Acapulco por Juan R. Escudero, el héroe legendario, e Israel Nogueda Otero (sigo en esto al abogado Marcial Rodríguez Saldaña, autor del libro La desaparición de poderes en el estado de Guerrero), pero otras por una vigorosa presión social e ingobernabilidad manifiesta, como con Raúl Caballero Aburto.

Por cierto, este último personaje es quizá el más parecido a Figueroa en cuanto a su vocación ponzoñosa de hacer de la violencia oficial una normalidad, y en cuanto a las dificultades para entenderse con el tercer año de gobierno. Toda la gestión de Caballero Aburto estuvo marcada por asesinatos, vejaciones, despojos, pillaje y otros ilícitos, perpetrados generalmente por las policías montada, judicial, urbana y auxiliar contra trabajadores, campesinos, estudiantes y demás gente del pueblo, según la denuncia unitaria de las organizaciones sociales y políticas a la sazón más representativas en Guerrero. El punto de inflexión de su satrapía fue dado por la masacre del 30 de diciembre de l960, cuando en Chilpancingo, que era ya una ciudad sitiada, se disparó contra una multitud que protestaba por el asesinato de un trabajador electricista. Hubo 18 muertos (uno más que en Aguas Blancas) y numerosos heridos. Días después, el poderoso Caballero tenía que abandonar el palacio de gobierno.

Con Figueroa han pasado muchos meses desde la matanza de Aguas Blancas, ha habido otros crímenes de la misma mano y el hijo de su padre sigue despachando en Chilpancingo (o lo que sea que haga), sin acongojarse mucho por el repudio nacional y de más allá de nuestras fronteras. Desde hace tiempo, este funcionario es sujeto de juicio político por violaciones graves a la Constitución y otras leyes federales derivativas, conforme al artículo 110 de la norma suprema. Y también, por evidencia de ingobernabilidad y de colusión indebida de los poderes estatales, pudo haberse aplicado el 76 constitucional y hecho la declaratoria de oportunidad para nombrar un nuevo gobernador.

Pero esta vez se prefirió transitar por un camino legal casi inexplorado (no estoy seguro de que realmente haya antecedentes históricos posteriores a 19l7). Esto es, se optó por desempolvar el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, que faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, cosa que podrá hacer, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere, entre otros, el Ejecutivo Federal, nombrando para el efecto a alguno o algunos de sus miembros, un juez o magistrado o uno o varios comisionados especiales. En otras palabras, la SCJN puede actuar de oficio, pero evidentemente en el caso de Guerrero y de las barbaridades del gobernador contra los derechos humanos, pese a ser del dominio público, no lo juzgó nunca conveniente por sí misma. La conveniencia fue determinada por la petición expresa del presidente Ernesto Zedillo. Al terminar la averiguación, la SCJN emitirá un informe, y del contenido de éste podremos inferir lo que sigue. En el pleno ya fueron nombrados dos ministros, pero como se trata de una facultad no reglamentada, no se sabe con certeza cuándo se producirá el informe, aunque se dice que la tarea será pronta y expedita, como lo pronosticó el secretario Emilio Chuayffet, y que, en su primera fase, podría concluir en tres semanas más. Verdaderamente, no hay mucho que indagar en el sentido detectivesco. Basta calificar, conforme a las leyes, hechos ya muy conocidos, establecer líneas de autoridad y extraer conclusiones.

Es difícil saber por qué se recurrió a la SCJN. Decir que fue porque así lo solicitaron varias organizaciones no gubernamentales, es una explicación insuficiente, puesto que la solicitud determinante fue la del Presidente y puesto que nuestro máximo tribunal se ha atenido, en relación con el artículo 97 constitucional, a la tesis jurisprudencial 192, que establece como condicionante la legitimación necesaria del peticionario, o sea que sólo pueden invocar el segundo párrafo de dicho artículo el Ejecutivo Federal, cualquiera de las Cámaras o el gobernador de algún estado.

El propio Chuayffet dijo que la primera persona que propuso el ejercicio de la facultad indagatoria que tiene la SCJN, fue el jurista Emilio Krieger. Sí, lo hizo, junto con otros promoventes, por su propio derecho y como ciudadano mexicano, relacionando esa facultad con el derecho de petición. Pedían que se investigaran las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército en Chiapas, así como la constitucionalidad de su intervención y presencia en esa convulsa entidad federativa. Así se abrió el expediente Varios 454/95. Pero el 4 de septiembre del año pasado se les respondió a todos precisamente que carecían de legitimación para instar el ejercicio de las investigaciones solicitadas. El 11 de diciembre, los promoventes insistieron y abundaron en razonamientos jurídicos y de simple lógica para sustentar su petición, pero ya no hubo respuesta. Presumiblemente, la SCJN se mantenía en sus trece. Aunque, con toda evidencia, las voces de don Emilio Krieger sí fueron oídas en el Ejecutivo, y éste se sintió instado o apremiado.

También puede ser que el presidente Zedillo no se haya fiado de un Congreso mayoritariamente integrado por unos correligionarios suyos que lo interpretaban en la línea de apoyar a Figueroa a como diera lugar y que ya mal podían desdecirse, motu proprio, de cuanto habían sostenido respecto a la tragedia de Aguas Blancas, si bien no han vacilado en recular cautelosamente una vez anunciada la intervención de la SCJN. Esto, además, encaja en la reiterada voluntad dee fortalecer al Poder Judicial. Como sea, lo importante es que se están creando las condiciones para que el señor Rubén Figueroa Alcocer desaparezca del mapa político y para que, si la opinión pública nacional sigue vigilante, la gente de Guerrero, libre de caciques, disfrute de las libertades y derechos democráticos que las leyes le conceden.