El respaldo militar a la autoridad civil sólo debe ser en ``casos de excepción'': asambleístas

Alonso Urrutia La intervención del Ejército en apoyo a autoridades civiles ``es perfectamente aceptable y legalÕÕ, pero ``solo en casos de excepción'', aseveró el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), Víctor Orduña.

A su vez, Salvador Abascal, de la Comisión de Derechos Humanos, subrayó que su participación en materia de narcotráfico es constitucionalmente vigente, pero deploró que pueda ser el primer paso hacia una militarización de la seguridad pública, en cuyo caso sería inadmisible.

Sin embargo, el asambleísta de Acción Nacional reconoció que el operativo realizado entre la Procuraduría General de la República y el Ejército fue ``escandaloso'' por parte del sector militar y ello sí generó preocupación entre los habitantes. ``Fue un despliegue innecesario de fuerza para la realización de un cateo en apoyo de la Policía Judicial Federal''.

Sostuvo que la participación en los operativos del fin de semana fue en apoyo para la ejecución de órdenes de cateo y no una órden de aprehensión. Justificó que la Procuraduría General de la República solicitara el apoyo de las fuerzas armadas.

Abascal Carranza señaló que la participación del Ejército sólo está acotada a apoyar en materia de narcotráfico en razón de que se advierte un riesgo para la seguridad nacional; en ningún otro caso, el Ejército está autorizado para hacer un despliegue en funciones policiacas.

De su lado, Orduña Muñoz enfatizó en la necesidad de establecer claramente las ocasiones en que debe darse la intervención militar e impedir que la lucha contra la delincuencia común se militarice.

El presidente de la Comisión de Procuración de Justicia indicó que la actividad de las bandas de narcotraficantes se hace de manera muy sofisticada y con armamentos, tecnología y organización que en ocasiones supera a la que poseen las corporaciones policiacas.

Orduña dijo que aun cuando está autorizada la participación militar en la lucha contra el narcotráfico, ésta debe estar regulada a fin de que en los operativos que se desplieguen exista la vigilancia adecuada para evitar algunos excesos que en ocasiones se cometen.

Es claro --añadió-- que a las bandas de narcotraficantes no se les puede combatir como a cualquier delincuente común, pero también es cierto que la población debiera conocer cuando se realicen operativos como los efectuados el pasado fin de semana en Tijuana y el Distrito Federal.

En el caso de la ciudad de México, el gobierno capitalino debe supervisar que los operativos efectuados en su juridicción se realicen apegados a la legalidad y se respeten plenamente las garantías individuales por parte de las autoridades que los efectúen, sea de orden civil o militar.

Afirmó que una generalización de la participación militar en otro tipo de delitos sería totalmente ``inadmisible''. Generalizar su actuación violentaría las disposiciones constitucionales que definen las facultades del Ejército en tiempos de paz, añadió.