Incentivos a la IP para que participe en el rescate ecológico

Angélica Enciso El Programa Nacional de Medio Ambiente 1995-2000 da especial relevancia a la utilización de ``instrumentos económicos'' como el otorgamiento de incentivos fiscales para las inversiones ambientales y el desarrollo de mercados para el reciclaje y tratamiento de residuos peligrosos.

Además considera la promoción de inversiones privadas en parques nacionales y áreas naturales protegidas, así como la integración de un Consejo Nacional de Inversiones Ambientales para promover la infraestructura ambiental en la industria.

El programa elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) tiene como objetivo frenar las tendencias de deterioro del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, así como sentar las bases para un proceso de restauración y recuperación ecológica que permita promover el desarrollo económico y social del país, todo ello con ``criterios de sustentabilidad''.

En lo que se refiere a áreas naturales protegidas indica que se desarrollarán nuevos esquemas de financiamiento internacional y nacional, además de que se ``multiplicará'' la presencia de actores para la conservación ecológica de las áreas naturales.

Entre los instrumentos de financiamiento para las áreas naturales, el programa considera su potencial turístico, el canje de deuda por naturaleza -mecanismo con el que se aprovecha el descuento de la deuda externa bilateral o comercial del país para canalizar recursos hacia la conservación-, concesiones para infraestructura turística, lotería pública para las áreas, aportaciones fiscales del gobierno federal y de los gobiernos locales.

Los mecanismos de financiamiento no son un sustituto de los fondos públicos que se destinan actualmente a conservación, sino un complemento. Durante 1995, el gobierno federal destinó 4.5 millones de nuevos pesos para la protección de las áreas.

Sobre los parques nacionales, el programa -que en breve será presentado ante el presidente de la República- propone la recuperación, activación y descentralización de ellos a partir de regularizar los decretos, la promoción de inversiones, recategorización de algunos de ellos, el establecimiento de acuerdos de coordinación para su descentralización, así como convenios de concertación con universidades y el sector privado.

Entre sus estrategias también considera la modernización de la regulación ambiental para lo cual pondrá en práctica un nuevo sistema normativo para aguas residuales, promoverá normas voluntarias entre las industrias, el desarrollo de sistemas de certificación ambiental, además de la reestructuración de prestadores de servicio en la evaluación del impacto ambiental.

Respecto del manejo de residuos peligrosos indica que se establecerá un sistema de información geográfica nacional para la localización de infraestructura de manejo de los desechos.

En este rubro también destaca la realización del inventario nacional de generación de residuos peligrosos, una nueva normatividad para tratamiento térmico, confinamiento y reciclaje, así como la creación de un sistema de evaluación de riesgo ambiental de los residuos.

Se definirá un programa de manejo para los residuos peligrosos de la zona centro del país, ya que ahí se concentra el 53 por ciento de las 7 millones de toneladas de desechos que se generan a nivel nacional. En esta área se han definido más de 80 sitios donde se podrían ubicar los Centros Integrales de Tratamiento, Reciclaje y Confinamiento.

En lo que se refiere a la promoción de la infraestructura ambiental y la diversificación productiva, establece una revisión de la normatividad para el fomento del cambio tecnológico y el desarrollo del mercado ambiental. Para el financiamiento de la infraestructura ambiental indica que se acordarán acciones de concertación con la banca de desarrollo.

También presenta la estrategia para la promoción de un desarrollo urbano sustentable, aspecto en el que indica que se llevará a cabo el ordenamiento ecológico del territorio junto con los planes urbanos en las zonas metropolitanas críticas.

De igual forma, se llevarán a cabo programas de gestión de calidad del aire en zonas metropolitanas prioritarias como las de Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras. Asimismo prevé el establecimiento de políticas de calidad y suministro de energéticos ambientalmente adecuados para la zonas metropolitanas.

Indica que en breve se publicarán los criterios ambientales para un transporte urbano y un desarrollo sustentable de las ciudades, y promoverá la regulación y normatividad para la modernización de la tecnología en procesos industriales y de transporte.

En cuanto al Sistema Nacional de Información Ambiental considera la realización de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, así como un mecanismo para conocer el cumplimento de la normatividad y el estado de los recursos naturales.

Sobre la descentralización de la gestión ambiental, se prevén reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de transferir funciones de inspección y vigilancia a los estados. Asimismo se pondrá en marcha un programa para fortalecer la gestión ambiental en entidades prioritarias y la desconcentración de los instrumentos de política ambiental.

Entre los aspectos considerados por el programa en este punto están que las entidades federativas se hagan cargo de la evaluación de los estudios de impacto ambiental.

En torno al fomento de la participación ciudadana, el programa menciona que se establecerá un Sistema de Atención a la Denuncia Popular, y se instalará el Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable.

El documento destaca que los órganos de participación ciudadana ofrecerán servicios de audiencias públicas y técnicas en materia de impacto ambiental, tema que en 1995 fue muy recurrente por la aprobación del estudio del club de golf en Tepoztlán y el rechazo del correspondiente al proyecto Salitrales de San Ignacio.

Sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental, el programa nacional destaca la creación de un Servicio Nacional de Vigilancia de los Recursos Naturales, así como el establecimiento del Sistema de Indicadores de Cumplimiento de la Legislación, por parte de la industria.