Luis Javier Garrido
La desaveniencia

El desacuerdo entre el gobierno y la cúpula del PAN no constituye el rompimiento de la ``alianza estratégica'' cimentada en los años de Salinas, sino una simple querella en la que ambas partes pretenden recomponer la relación sobre bases diferentes, y una vez más, desde Los Pinos, se están imponiendo las condiciones. El que se le haya tomado de manera tan fácil la medida al PAN tiene por lo mismo una explicación: aunque la prensa tenga instrucciones de ocultarlo, el hombre que está tomando las decisiones de importancia es el mismo que codirigió los destinos de México durante seis años: Joseph-Marie Córdoba.

1. Los dirigentes de Acción Nacional se hallan azorados ante la negativa del gobierno de Ernesto Zedillo de seguir negociando con ellos los conflictos poselectorales, porque nunca entendieron la forma en la que los gobiernos de Salinas y de Zedillo los utilizaban. De tal manera que la escalada verbal de los dirigentes priístas contras los panistas, que culminó cuando Santiago Oñate (presidente del PRI) llamó al negociador panista Diego Fernández de Cevallos un ``fugitivo de la justicia'' y ``forajido electoral'', no pudo tener una respuesta del CEN del PAN.

2. El desacuerdo de Zedillo con el PAN empezó con las protestas poselectorales panistas tras el fraude en Yucatán en abril de 1995 y se tornó más grave con la movilización de Huejotzingo en febrero de 1996, porque en la lógica del gobierno las protestas poselectorales tienen un doble efecto negativo: a) evidencian la inexistencia de un Estado de Derecho en el país y b) inciden negativamente en la economía. El propio Ernesto Zedillo subrayó cuál era el quid de la cuestión en su discurso de diatriba a los panistas en el 67 aniversario de la fundación del PNR, al definir a la que de manera absurda llama una ``reforma electoral definitiva'' (la que él y Chuayffet quieren imponer a los partidos). Esta, aclaró, sería aquella que ``ponga fin'' a los conflictos ``que debilitan la vida política''. Y es eso lo que está exigiendo el gobierno a los partidos: que no hagan movilizaciones aunque haya fraude.

3. Los términos de la ``alianza estratégica'' del PAN con Carlos Salinas no se hicieron públicos, pero es posible conocerlos por los cambios que produjeron en el comportamiento de ambas partes a partir de 1988. El gobierno se comprometió con los panistas, tras negociar con ellos (y sin el PRD) las modificaciones a la legislación electoral de 1989-1990, a: a) crear las condiciones para que los miembros del PAN pudieran acceder gradualmente a algunos cargos a nivel local; b) corregir las anomalías graves en los procesos electorales, siempre que se le requiriera por la vía del diálogo; c) buscar la concertación ante cualquier conflicto poselectoral; d) poner fin a la campaña de descalificación del PAN en los medios y presentarlo en lo sucesivo como la única ``oposición'' seria y responsable en el país; e) negociar con el PAN las iniciativas de ley antes de presentarlas al Congreso; f) mantener a los jefes panistas al tanto de las principales decisiones de Estado a través de un diálogo fluido; y, en fin, g) marginar y combatir por todos los medios (incluso los violentos) al PRD.

4. Los líderes del PAN, a su vez, aceptaron de su protector y amigo Carlos Salinas una serie de compromisos, que se fueron definiendo a lo largo del sexenio y que configuraron un viraje notorio en las políticas de Acción Nacional: a) no cuestionar al Ejecutivo y centrar sus críticas en el PRI y en los viejos dirigentes políticos y sindicales; b) no recurrir a acciones de desobediencia civil y abandonar las movilizaciones sociales y las denuncias en el exterior como medio de presión; c) mantener un diálogo permanente con el gobierno a fin de respaldar las iniciativas del Ejecutivo en las cámaras; d) evitar las críticas al Ejecutivo y a sus políticas en las campañas; e) utilizar la concertación en vez de las denuncias y las movilizaciones en los problemas electorales; f) entender como su verdadero enemigo, no al gobierno sino al PRD, y hacerlo el objetivo central de sus críticas; y, finalmente, g) buscar en una relación muy estrecha la más amplia convergencia con las políticas de Los Pinos o, en otras palabras, tratarlo todo en privado y no en público.

5. Las consecuencias de estos acuerdos fueron de una enorme trascendencia para el país, pues si bien los panistas lograron mayores espacios políticos fue a cambio de fortalecer al ``sistema'' y de hacerse cómplices de todas las políticas del gobierno y, sobre todo, de los crímenes de Carlos Salinas de Gortari, a quien hasta ahora han seguido encubriendo. Acción Nacional dejó de ser un partido de oposición democrática que pugnara por un cambio de régimen y sus dirigentes, encabezados por Carlos Castillo Peraza, pretendieron que eran un partido en el gobierno, se tornaron en comparsas del presidencialismo y del partido de Estado (1993-1996), y ése es un punto central de la crisis por la que atraviesa el blanquiazul hoy día. Los dirigentes del PAN son corresponsables de las políticas del salinismo por haberlo avalado y haber guardado silencio ante las sistemáticas violaciones al orden constitucional de la República, y este problema no quieren afrontarlo.

6. La crisis del PAN es de enorme gravedad, ya que la línea seguida por ese partido frente al gobierno no se discute abiertamente. La ausencia de una vida democrática interna propicia que se perviertan los fines de los partidos, y el PAN no ha sido la excepción. La cancelación del debate entre Ernesto Ruffo y Felipe Calderón, los dos aspirantes a dirigirlo, impidió que se hiciese pública la división interna sobre este problema, pero contribuyó a seguir debilitando al partido.

7. Los signos de que Acción Nacional seguirá en esa pendiente de subordinación al gobierno y de que la ``alianza estratégica'' se reformulará en los términos que Cárdoba y Zedillo quieren son muy claros, pues ante la andanada oficial no hubo una respuesta de los dirigentes del PAN que, azorados ante las declaraciones, no balbucearon más que réplicas confusas, consecuencia de la incapacidad que han tenido para caracterizar al sistema político mexicano y a los tecnócratas. Ante lo dicho por Oñate, Castillo Peraza declaró a Televisión Azteca que ése no era Oñate, que eran su voz y sus ademanes, pero parecía hablar por él ``un dinosaurio'' (canal 13, 4 de marzo). Diego, tan alzado con los perredistas, no pasó de llamarse ``incomprendido'' y, doblando la cerviz, interpretó agudamente que Oñate hablaba por Zedillo, que, según dijo, no los comprendía a ellos ni a su lucha democrática, y se olvidó de responder a la imputación que se le hizo de haber sido el principal negociador de votos del PAN (La Jornada, 5 de marzo). Barrio se ofreció a su vez como mediador para impedir la ruptura de esa alianza ``por el bien de México'' (Ultimas Noticias, 5 de marzo). Y Felipe Calderón no ha dejado de recordar desde entonces su amistad con todos los salinistas: de Luis Téllez (Reforma, 3 de marzo) al propio Oñate (Canal 13, 6 de marzo).

8. El diferendo desnuda por otra parte una más de las maniobras urdidas por Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos: la de imponer a un procurador panista que garantizase la impunidad de Salinas, y cuya tarea resulta ahora imposible porque es claro su papel en la componenda.

9. El PAN, a pesar del esfuerzo de cientos de sus militantes, es hoy un partido a la deriva porque la ambición de muchos de sus hombres los llevó a abandonar los principios históricos de la organización para entregarse al poder con el mismo afán patrimonialista de los priístas. El PAN no tiene en 1996 una propuesta democrática para México ni más programa económico que el del gobierno, que es el del FMI: el programa de la derecha trasnacional. La autoridad moral que tenía la perdió por su respaldo a políticas contrarias al interés de los mexicanos y sus complicidades con Salinas y no constituye una alternativa diferente al PRI.

10. En la historia mexicana, la fuerza del sistema ha residido en la debilidad de la oposición, y ésa es la tragedia de 1996. El régimen priísta está sobreviviendo en su más grave crisis, por la incapacidad de los partidos de impulsar la transición a un Estado de derecho, y por la ``alianza estratégica'' del gobierno con el PAN.