La defensa de García Abrego, de ganadores
Cambios en el gobierno de Jalisco

El pasado 24 de septiembre, los reporteros Ciro Pérez Silva y Juan Manuel Venegas informaron en la contraportada de La Jornada que un juez federal de Florida absolvió a dos traficantes acusados por la DEA de haber introcudido 75 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Conocidos como los Reyes de la Cocaína, Augusto Falcón, alias El Willie, y Salvador Magluta, Sal, fueron detenidos el 15 de octubre de 1991 y luego de un largo proceso se les encontró ``inocentes'' cuando sus abogados demostraron que ``efectivamente'' habían introducido al vecino país del norte importantes cargamentos de cocaína procedente del cartel de Cali, pero ``actualmente son hombres de bien''. Eso bastó para que consiguieran su libertad.La DEA perdió así, en su propio territorio, un sonado juicio en contra de dos de los narcotraficantes más importantes de su país, pese a que se presentaron pruebas, recabadas durante 11 años, de la actividad ilícita de los dos capos, hijos de cubanos radicados en Miami.

La clave del triunfo de los narcotraficantes, además del peculiar sistema estadunidense de justicia, fueron los abogados que contrataron los dos más importantes introductores de cocaína en la historia de Estados Unidos. Resulta que los Reyes de la Cocaína o Los Muchachos, como se les conocía en el mundo del hampa, contrataron nada menos que a Albert Krieger, Roy Black y Martin Wimberg, abogados del narcotraficante John Gotti y del senador demócrata Ted Kennedy.

Hasta aquí, la historia tendría de particular sólo el hecho de que ocurrió en momentos en que el gobierno estadunidense iba a emitir la llamada certificación a los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, lo interesante aparece cuando se descubre que los abogados Albert Krieger, Roy Black y Martin Wimberg pertenecen al mismo grupo de penalistas que integran Antonio Tony Canales, Roberto Bobby Boy Izaguirre y Gerard Goldstein.El primero, Tony Canales, defendió a Kamel Nacif, acusado de fraude fiscal; a Guillermo González Calderoni, el polícía mexicano acusado de pertenecer a uno de los carteles del narcotráfico, y a Mario Ruiz Massieu.

En los tres casos, Canales ganó los juicios. Roberto Izaguirre defendió a Raúl Valladares, uno de los empresarios vinculados con el cartel del Golfo, y Gerard Goldstein, junto con John May, asumío la defensa del general panameño Manuel Antonio Noriega.

Pues bien: Canales, Izaguirre y Goldstein forman el grupo de abogados que defiende a Juan García Abrego, el narcotraficante detenido en enero por la justicia mexicana y que, en una acción relámpago, el gobierno de Ernesto Zedillo entregó a la DEA.

No ha quedado claro si García Abrego es mexicano o estadunidense. Tampoco quedó clara la repentina invocación presidencial del artículo 33 constitucional, y mucho menos se ha explicado la razón por la que el gobierno mexicano prefirió que fuera en Estados Unidos donde se conocieran las implicaciones del narcotraficante con altas esferas políticas mexicanas.

Pero en realidad todo eso ya resulta secundario, una vez que se comprobó que la entrega de Juan García Abrego fue una captura pactada. En este espacio se dijo desde el momento de la detención que el capo del cartel del Golfo había expresado su deseo de entregarse, siempre que lo procesaran en Estados Unidos. La razón era que, si lo hubieran recluido en una cárcel mexicana, lo habrían asesinado debido a sus nexos con la alta política; además, un proceso judicial en su contra le hubiera costado pasar el resto de su vida en prisión. La situación sería diferente en Estados Unidos.

Si Salvador Magluta y Augusto Falcón quedaron libres pese a haber introducido 75 toneladas de cocaína a Estados Unidos, por qué no habrían de perdonar a Juan García Abrego quien, según la DEA, sólo introdujo a ese país 15 toneladas de la droga? Esa es la justicia estadunidense, la que certifica a quienes colaboran en la lucha contra el narcotráfico.

En el camino

En las próximas horas el gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, removerá de su cargo al secretario de Gobierno, Raúl Octavio Espinosa Martínez, perteneciente a la ultraderecha panista, y en su lugar designará al hasta ahora secretario de Educación y ex presidente nacional del PAN, Efraín González Morfín. Como subsecretario de Gobierno se designará a Javier Ramírez Acuña. Con los nuevos nombramientos, Cárdenas Jiménez incorpora a los primeros niveles de su gobierno al viejo panismo y relega a la ultraderecha. Busca oficio político.