A falta de un proyecto de país definido que pueda ser públicamente conocido y defendible, en México se intenta gobernar a base de excepciones que regeneren esperanzas y de constantes escándalos que hagan olvidar lo sustancial y permanente.

Detrás de la mayor parte de los actos, decisiones y declaraciones del Ejecutivo federal hay una resistencia a cualquier cambio y una defensa de lo existente para evitar que se llegue al fondo de los problemas.

La suspicacia que despierta una decisión extraordinaria del gobierno, por acertada que parezca, muestra la desconfianza en que ha sido obligada a vivir la sociedad de este país, y la memoria colectiva que retiene experiencias semejantes e insatisfactorias de otros tiempos.

La muerte de muchas decenas de campesinos (más de cien personas) antes y después del crimen de Aguas Blancas, para sólo mencionar lo ocurrido en el mismo estado de Guerrero en los últimos seis años, hace pensar que la petición del presidente Ernesto Zedillo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar la muerte de los 17 campesinos el 28 de junio del año pasado, no fue motivada por la defensa de las garantías constitucionales, ni por la imprescindible necesidad de terminar con la violencia institucional y la impunidad, ni siquiera por la obligación de impartir la justicia que exige la sociedad. El drástico cambio de actitud del gobierno federal, además de haberse decidido después de la difusión masiva de las imágenes de la matanza a través de la televisión, en México y en el extranjero, coincide con la presencia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en la capital de nuestra República, y se anticipa al informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre los derechos humanos a nivel internacional, en 1995, informe que, dicho sea de paso, trata al gobierno mexicano con demasiada benevolencia.

Contribuye a tomar el caso con reservas la indefinición reglamentaria de los procedimientos y los plazos que la SCJN debería cumplir para informar el resultado de su investigación. Los rumores sobre la renuncia de Rubén Figueroa al gobierno del estado de Guerrero abonan la desconfianza en las verdaderas intenciones del gobierno federal puesto que, sabido es, que cuando alguien se aparta voluntariamente de su puesto para ``no obstruir las investigaciones'', o se le remueve del cargo como respuesta a las denuncias de abusos o acusaciones de presuntos delitos, lo que se busca es que disminuya la presión sobre el gobierno y que se despierten expectativas con el cambio de personas, para que después, los funcionarios o autoridades encargadas del caso dejen que transcurra la investigación, o lo que es lo mismo, dejen pasar el tiempo necesario para el olvido, que es el mejor perdón que el sistema concede a sus integrantes más distinguidos.

Por estas razones es plenamente comprensible la demanda de las viudas y familiares de las víctimas, quienes exigen que se haga juicio político y penal al gobernador Rubén Figueroa Alcocer por que de otra manera, sería tanto como protegerlo y volverlo a exculpar, permitiendo que se vaya tranquilamente a su casa, fuera del alcance de las exigencias y indignación de la población agraviada. La pérdida del puesto o el retiro de la responsabilidad de gobernar no es ni debería ser considerado en sí mismo el castigo a las posibles faltas cometidas en el ejercicio indebido o abusivo del poder y mucho menos puede considerarse equivalente a la reparación del daño que el hostigamiento, la represión y tantos muertos han causado a la sociedad en general, al pueblo de Guerrero en particular, y a las viudas y huérfanos en especial.

Hasta San Andrés Sacamch'en de los Pobres llegó información de actos y demandas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur acerca de la matanza de Aguas Blancas, y al darla a conocer, el pasado día 5, junto con otros muchos ``comunicados, informes y denuncias'' procedentes de diversas partes del país, la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba mostrando que la violencia y la represión del gobierno son una constante por todos lados.

La decisión del Ejecutivo federal que ``permitirá'' la intervención de la Suprema Corte en la investigación del caso de Aguas Blancas, más que una rectificación o redefinición del gobierno, parece una reacción defensiva, una excepción para ganar confianza, una salida a cierta presión interna, y un anuncio oportuno para consumo inmediato en el exterior, pero no una decisión que vaya a erradicar los excesos en el ejercicio del poder, problema ahora representado por Guerrero. En poco tiempo se verán las verdaderas intenciones de esta medida gubernamental.