El Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado por una ley del Congreso, tiene el gran reto de definir en la práctica a quién y cómo hay que coordinar para mejorar las funciones de policía y persecución de los delitos.

Los cuerpos policiacos preventivos dependen de los municipios y de los gobiernos de las entidades federativas. Las procuradurías de justicia dependen de los gobernadores, aunque posiblemente no debería ser así. Las otras instituciones que deben coordinarse son las federales: Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Ejército y Armada, tal vez también las policías preventivas que dependen de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y, quizá, otras dependencias.

Los vínculos de trabajo, la información recíproca y la colaboración para cumplir exhortos y demás instrumentos judiciales entre cuerpos de policía, no requieren un aparato burocrático de coordinación, sino más bien dependen de la creación de cuerpos policiacos verdaderos en cada estado y a nivel federal.

Por más que se lleve a cabo una nueva y poco precisa coordinación, si la seguridad pública municipal, estatal y nacional es mala, nada cambiará. Ahora mismo, cuando recién se ha integrado el consejo encargado de tal coordinación, algunos gobernadores han pedido dinero a la Secretaría de Hacienda para mejorar la seguridad pública, aunque debieron dirigirse a la Cámara de Diputados, la cual se suponees la que aprueba el gasto federal.

La coordinación que hoy se plantea no podrá ser el factor de superación del inmenso retraso que tienen los cuerpos de seguridad pública en México. El camino tendría que ser el de una gran reforma, convenida entre la Federación y los estados, para modificar las leyes respectivas, pero, ante todo, para modernizar y profesionalizar a los cuerpos policiacos. Sin grandes cambios no habrá grandes resultados.

El acto de instalación del Consejo Nacional de Seguridad Pública estuvo señalado por la crítica: la delincuencia avanza y la justicia retrocede. Reconocer esto, como lo ha hecho el secretario de Gobernación, es un buen principio para encarar el problema, pero de ninguna manera resuelve nada por sí mismo. Mientras los gobernadores se limiten a lamentarse del aumento de la delincuencia, la corrupción policiaca, el atraso técnico y la falta de profesión en esta materia, no se llegará a nada nuevo ni a nada bueno.

La gran reforma necesaria tendría, naturalmente, altos costos económicos, los cuales habría que sufragar sin la menor vacilación, pues como lo ha dicho Emilio Chuayffet la principal preocupación de la gente es, en la actualidad, la seguridad pública.

Hace varios días, propusimos en este mismo espacio la formación de una policía preventiva federal, tecnificada y profesional, que podría ser uno de los pasos de esa gran reforma de la seguridad pública en México.

No estamos hablando de un cuerpo para la represión de la protesta pública, sino para garantizar la seguridad de las instalaciones y bienes de la Federación y auxiliar al Ministerio Público en la persecución de los delitos de carácter federal. Se entiende que esto es algo completamente diferente a los cuerpos represivos que existen en los estados.

El concepto mismo de seguridad pública pervertido muchas veces tiene que definirse con entera precisión, de tal manera que los cuerpos policiacos se conviertan en servidores de los ciudadanos y de la sociedad.

La coordinación nacional de la seguridad pública no llegará muy lejos si no se plantea esa gran reforma nacional.