La Jornada 9 de marzo de 1996

Por segunda ocasión, el Congreso local suspende el análisis del informe de Varela

Raúl García y Maribel Gutiérrez, corresponsales, Chilpancingo, Gro., 8 de marzo La Comisión Permanente del Congreso local suspendió por segunda vez la sesión en la que analizaría y emitiría un dictamen oficial sobre el informe final que rindió el fiscal especial del caso Aguas Blancas, Alejandro Varela Vidales.

Mientras, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer dijo en entrevista, al final de un acto en Iguala, con campesinos, que no hay elementos para que se dé la desaparición de poderes en Guerrero. Declaró que ``aquí se vive un clima de paz y de progreso nada más'', y que él tiene ``la conciencia tranquila''.

El Poder Legislativo local está prácticamente desaparecido desde el 27 de febrero, día en que Varela Vidales acudió al Congreso para exonerar al gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a los ex titulares de la Secretaría General de Gobierno, Rubén Robles Catalán; de la Procuraduría General de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, y de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy.

Ayer por la tarde, el coordinador del Congreso, el priísta César Flores Maldonado, informó al resto de los diputados de la Comisión Permanente que la sesión de hoy se posponía porque ``algunos'' legisladores solicitaron permiso para no asistir, entre ellos el perredista y vicepresidente de la mesa de debates, Ranferi Hernández Acevedo, y la panista Cecilia Sánchez de la Barquera.

Los diputados Apolinar Segueda Dorantes, del PRD, Heriberto Noriega Cantú, del PPS, y Alejandro Justo Cortés, del PFCR estos dos últimos integrantes de la comisión de seguimiento del caso Aguas Blancas señalaron que la fracción priísta ha suspendido las sesiones por la crisis política que se vive en la entidad y la posible salida del gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Segueda Dorantes opinó que a los priístas ``no les interesa discutir el tema Aguas Blancas, no quieren que el Congreso emita una opinión sobre la determinación de Zedillo de pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación''.

En el acto en Iguala, donde participaron los alcaldes de Taxco y Tepecoacuilco, diputados locales, comisarios municipales y ejidales, y dirigentes de organizaciones sociales, Figueroa dijo que hay quienes a través del escándalo, de la mentira, a través de sus propias frustraciones y sus limitaciones políticas, buscan ventajas para ellos aunque perjudiquen al estado de Guerrero, nunca hacen nada por Guerrero, siempre hacen todo por la división, por el desorden y por la violación de la ley''.

Según un boletín de prensa del gobierno del estado, Figueroa dijo que ``con la intervención del máximo tribunal de justicia en México, el caso Aguas Blancas quedará plenamente aclarado, se sabrá quiénes fueron responsables y quiénes se mantuvieron en la línea de la ley, y proseguirá más abiertamente el trabajo patriótico, revolucionario y tesonero por el bien del estado y del país''.

En Acapulco, el coordinador del Congreso del estado, Flores Maldonado, dijo que ``Guerrero no presenta una movilización social de conflicto'', y condenó a las voces que ``señalan que Guerrero vive en la violencia generalizada y en el desorden''.

Flores Maldonado clausuró la Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental, y dijo que ``el caso Aguas Blancas sigue un curso legal para llegar a la verdad''.

En Atoyac, la presidenta de la Canaco, Guillermina Galeana Otero; el presidente del Grupo Atoyac, Santiago Solís Ayerdi, y el presidente de Trasportes Urbanos Rubén Figueroa Figueroa, Eliseo Rebolledo Pérez, mediante una carta pública, manifestaron su inconformidad por la inclusión de sus firmas, sin consultarles, en un desplegado de apoyo a Figueroa, promovido por el presidente del PRI en ese municipio, Miguel Angel Ponce Jacinto.

En dicho desplegado, publicado en diarios locales el 6 de marzo, con la firma de 15 presidentes de organismos empresariales y sociales, se ataca a la presidenta municipal de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos y a los perredistas integrantes del ayuntamiento, porque ``toman de bandera política'' los hechos de Aguas Blancas, ``en un acto de proselitismo satanizando y difamando al gobernador del estado''.

También dicen que ``los verdaderos atoyaquenses repudiamos la violencia y el clima de inestabilidad social que pretenden imponer en nuestro pueblo María de la Luz Núñez Ramos y la comuna municipal perredista que la acompaña en sus funciones''.

Sin embargo, en la carta que hoy se publica, los tres dirigentes empresariales manifiestan que se sienten ``ofendidos e indignados'' ante la ``falta de respeto'' a sus organizaciones por parte del dirigente del PRI. ``Nuestras organizaciones están integradas por varios socios a quienes debemos tormarles parecer para participar en nombre del organismo en cualquier actividad''.

En tanto, ayer comenzó a circular, con apoyo del gobierno de Figueroa, una carta firmada por cinco de las viudas de los campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas, en la que rechazan ``la actitud del PRD y de la presidenta municipal de Atoyac, quienes una vez más pretenden sacar provecho político para su partido, sin el menor respeto a nuestras familias''.

Con las huellas digitales de Maricela Panchillo Martínez, Ceferina Tacuba Abarca, Josefina Vázquez Reyna, Cecilia Analco Vázquez y Virginia Galeana Méndez, la carta dirigida a la opinión pública: ``Reconocemos la solidaridad que hemos recibido del gobierno del estado que encabeza el licenciado Rubén Figueroa Alcocer, quien nos ha apoyado con vivienda para nuestras familias, indemnización para los deudos y becas para que nuestros hijos puedan continuar sus estudios hasta la mayoría de edad''.