En 1991 y 1993 la CNDH publicó en español y en inglés un Primer Informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores migratorios mexicanos en su tránsito hacia la frontera norte, al cruzarla y al internarse en la franja sur norteamericana, que abarca el periodo comprendido entre 1988 y 1990, así como algunos casos del primer trimestre de 1991, con el fin, entre otros, de que el conocimiento y la divulgación de esta problemática contribuyeran a superar y, en la medida de lo posible, evitar esas conductas que tanto preocupan y lastiman a los mexicanos.

Con el fin de dar seguimiento, detectar y evaluar los cambios en las condiciones de violaciones, protección y defensa de los derechos humanos de esos trabajadores migratorios, la CNDH dio a conocer el pasado 5 de marzo un Segundo Informe, en el que se documentan 406 casos de violaciones a nuestros espaldas mojadas, que han sido objeto de vejaciones y/o extorsiones, abusos de autoridad, robo y lesiones por parte principalmente de cuerpos policiacos mexicanos (municipales, estatales o federales); y de golpes con brutalidad que producen lesiones irreversibles, negativa a proporcionar atención médica, atropellamiento intencional con vehículos oficiales, acorralamiento y encajonamiento forzado en barrancos y ríos, esposamientos con lujo de violencia, tortura con el aire acondicionado en tiempos de frío, amenazas para que no se presente denuncia, golpes con puntapiés, destrucción o confiscación de documentos, agresión sexual, sometimiento a revisiones humillantes e insultos, entre otros, a trabajadores sin la documentación necesaria, e incluso cumpliendo con las disposiciones migratorias, por parte de las corporaciones policiacas estadunidenses, en particular las del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN).

Entre los principales aspectos que motivan hoy en día una preocupación mayor y un especial interés, este Segundo Informe destaca en primer lugar el crecimiento del sentimiento xenofóbico y de dicriminación racial en algunos sectores de la sociedad estadunidense; la situación por la que atraviesa la economía de Estados Unidos en general y la de California en particular, con sus secuelas como el incremento del desempleo, y los efectos negativos de la economía neoliberal en México, que aunados a la recesión de la economía mundial y a su impacto en el país, han afectado gravemente el salario y la situación de empleo de los trabajadores mexicanos.

Como afirma el presidente de la CNDH en la Introducción, en la actualidad resulta relativamente sencillo enconar los sentimientos racistas y xenófobos en contra de las corrientes migratorias laborales o de refugiados, ``atribuyéndoles ser la causa del aumento del desempleo, de los desequilibrios impositivos, de la delincuencia y de enfermedades epidémicas, por citar algunos ejemplos''.

Una muestra de esta xenofobia y racismo crecientes en el país del norte la constituye el hecho de que tan sólo en 1993 se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos más de cien iniciativas de Ley para frenar las corrientes migratorias, de acuerdo con investigaciones de El Colegio de la Frontera Norte, y que al mismo tiempo en los congresos locales se sometieron también proyectos de Ley para impedir a los inmigrantes indocumentados el acceso a los servicios sociales y públicos, a los de salud y a los de educación pública elemental y secundaria. ``En consecuencia dice el presidente de la CNDH, no resultaría sorprendente constatar que muchos de los atentados tipificados como crímenes de odio estuviesen motivados en la sociedad estadunidense por sentimientos racistas y xenofóbicos, que encuentran como su principal destinatario a la población migrante y en particular a la indocumentada''.

Como en el caso del Primer Informe, al final este Segundo hace algunas consideraciones y recomendaciones valiosas, tanto a la parte mexicana como a la estadunidense, y a las dos en su conjunto, por tratarse de un problema de Derechos Humanos que afecta a ambas sociedades y su relación bilateral. Entre las primeras destaca la ampliación del radio de acción del Grupo Beta Tijuana, creado por la Secretaría de Gobernación en 1990, como derivación del Programa Paisano, para proteger los derechos humanos de los migrantes y combatir la delincuencia en la franja fronteriza, así como el del Grupo Beta Nogales, creado en agosto de 1994, y el del Grupo Ebano de Matamoros, Tamaulipas, creado en agosto de 1995, para que cubran todos los puntos fronterizos en los que se tiene perfectamente localizada la extorsión y el abuso de autoridad de las diversas corporaciones policiacas. Y que tanto la Secretaría de Gobernación como la de Relaciones Exteriores establezcan de inmediato los mecanismos institucionales que permitan que las quejas y denuncias recibidas por estos Grupos sean remitidas a las instancias estadunidenses correspondientes para su debida tramitación.

Cabe señalar que a pesar de que desde 1992 se logró concertar un acuerdo con el Departamento de Estado y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que fueran juzgados por violaciones a los derechos humanos ante tribunales federales los agentes agresores, en aquellos casos de violencia contra migrantes mexicanos cometida por corporaciones policiacas estadunidenses, hasta la fecha ninguno de tales agentes ha sido castigado o sancionado, según informó el P. Gianni Fanzolato C.S., director de la Casa del Migrante en Tijuana, en el Foro Los diferentes rostros de la migración, que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de México los días 26 y 27 de enero.

Este sábado 9 tendrá lugar en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), ubicado en la calle Pedro Luis Ogazón, número 56 (col. Guadalupe Inn), un segundo Foro sobre migración regional: México, Centroamérica y Estados Unidos, convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la ANAD, el Comité Diocesano de Ayuda a Inmigrantes Fronterizos, la Coalición de Organismos sobre Migrantes de la Frontera Norte y la organización civil Sin Fronteras, así como por las organizaciones ciudadanas estadunidenses Heartland Alliance for Human Rights de Chicago, National Inmigration Project of the National Lawyers Guild, American Friends Service Comitee-Inmigration Law Enforcement Monitoring Project y Lutheran Inmigrant and Refugee Services, de cuyas conclusiones nos ocuparemos en una próxima colaboración. Procuraremos entonces abordar las demás recomendaciones del Informe de la CNDH, en cuya difusión y atenta lectura y consideración mucho insistimos.