Sólo 250 días después del asesinato colectivo en el vado de Aguas Blancas, el gobierno del doctor Zedillo dio señales de descontento por esa emboscada que costó la vida de 17 guerrerenses a manos de la policía de aquel estado. La solicitud presidencial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar si se atropellaron derechos individuales en esa masacre es, sin embargo, apenas un gesto suave, tardío e insuficiente de condena a ese crimen, cuya responsabilidad política y moral, incluso penal, es del gobernador Rubén Figueroa.

Antes del 5 de marzo de 1996 el presidente eludió su responsabilidad moral y política frente a esos hechos que sacudieron la conciencia de muchos mexicanos. El gobernador siguió gozando de los favores presidenciales y del apoyo del PRI. No importó que gruesas franjas de la opinión pública demandaran justicia y exigieran llevar al banquillo de los acusados a los responsables de la orden criminal de detener ``a como diera lugar'' a quienes el 28 de junio de 1995 se disponían a realizar un acto pacífico de protesta cuando fueron detenidos en Aguas Blancas y masacrados.

Sólo hasta la difusión del video completo con la grabación de los hechos de aquel día, en el programa de Ricardo Rocha del canal 2, y de medir las reacciones indignadas en México y otros países, el presidente decidió solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De otra manera el gobierno hubiera defendido el dictamen del fiscal especial Alejandro Varela Vidales que exonera a Rubén Figueroa y a sus principales colaboradores.

Y únicamente hasta que el presidente solicitó la intervención de la Suprema Corte, este organismo, el máximo del poder judicial, aceptó cumplir con su obligación de investigar el indudable atropello a los derechos individuales de los ciudadanos emboscados en Aguas Blancas. No sólo los ultimados ese día, también de quienes resultaron ilesos.

La SCJN pudo intervenir antes, pues se lo solicitó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, el 18 de septiembre del año pasado, pero tal solicitud fue desechada. Ahora la Suprema Corte acepta como si fueran hechos distintos a los de esa fecha, los que ahora se propone investigar. Esta contradicción echa una tela de duda sobre la conducta de la Suprema Corte, la que se suma a la bien ganada fama de subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.

Sin embargo, es positiva la solicitud de intervención de la Suprema Corte para investigar el crimen de Aguas Blancas. Cabe el beneficio de la duda. Este órgano tiene una excepcional oportunidad para ir a fondo en la investigación. Y aunque sus conclusiones sólo tendrán un valor moral, serán definitivas si ponen en claro la verdad y no se subordinan al interés del poder Ejecutivo que por solidaridad con quienes son del mismo partido, ha hecho lo posible por salvar a Rubén Figueroa. Tendrán los magistrados comisionados para ese asunto y la Suprema Corte la integridad necesaria y la firmeza para resistir presiones de la vieja clase política que ha defendido a toda costa a Rubén Figueroa en este trance? Lo veremos en unas cuantas semanas.

Lo que no podrán eludir los magistrados son los hechos captados en el video dado a conocer por Ricardo Rocha, y la responsabilidad del gobernador. Nadie puede aceptar, por imposible, que en el estado de Guerrero se realizara una acción criminal fríamente planeada como la del 28 de junio del 95, sin el conocimiento y aprobación del gobernador. Pero además están las advertencias y balandronadas de Rubén Figueroa expuestas a la presidenta municipal de Atoyac, María de la Luz Núñez. El testimonio de esta amiga valerosa es clave para confirmar la responsabilidad del gobernador, no la pueden ni la deben desechar los magistrados investigadores como lo hizo, sospechosamente, el fiscal Alejandro Varela Vidales.

El gobernador y sus voceros nunca pudieron desmentir que hubo la conversación telefónica con María de la Luz Núñez, en la cual establece de manera indudable la responsabilidad del gobernador. Las palabras de éste: ``Venían a la guerra y guerra tuvieron! Somos autoridad o no somos?'', comprometen gravemente a Rubén Figueroa, quien difícilmente podrá evadir su responsabilidad.

La justicia a secas por la emboscada y masacre de Aguas Blancas, pero también por todos los actos de violencia oficial en aquel estado, especialmente en el municipio de Atoyac donde hay una contabilidad de violencia y sangre debidamente documentada, sólo será posible si la sociedad orilla al gobierno federal y al partido oficial a abandonar la protección de Rubén Figueroa. No es imposible. Fueron la sociedad y sus medios los que obligaron al gobierno del doctor Zedillo a cambiar su actitud y a pedir la intervención de la SCJN.

Tras el gesto de Zedillo los integrantes del coro oficial se rasgan las vestiduras y veladamente censuran al pequeño sátrapa de Guerrero. Pero no hay que hacerse ilusiones. Son comunes los intereses políticos del grupo en el poder, de los señores Oñate, Figueroa, Bartlett o Madrazo. Van en el mismo carro y el régimen los defenderá a toda costa, o casi. Y como se confirma en sus últimos discursos, el doctor Zedillo está comprometido con esa clase política y con el inmovilismo. Por fortuna la sociedad está creando y los ha mostrado sus propios mecanismos y poco a poco gana batallas.