Sigue el desacuerdo en Larráinzar; el gobierno insiste en no escuchar: Tacho

Elena Gallegos Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) deben trasladarse a la ciudad de México para asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados, en las que se transfomarán en leyes los acuerdos tomados en San Andrés Larráinzar, insiste el comandante Tacho ante la delegación gubernamental, pero ésta no cede y rechaza tajante cualquier posibilidad de que esto ocurra.

Lo anterior, junto con la oposición oficial a que alguna de las dos partes (EZLN-delegación gubernamental) se integre a la comisión que verificará el cumplimiento de los acuerdos y la negativa de que los zapatistas participen en la discusión para la reforma del Estado pero, particularmente, lo relacionado con la reforma político-electoral, empantanan las pláticas en San Andrés, sostuvo el diputado Juan Guerra, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

El perredista, quien acaba de regresar de Chiapas, dijo que la reforma del Estado no es exclusiva de una ``mesa coja'' en la Secretaría de Gobernación, y que resulta una grosería injustificada pretender excluir al EZLN de un asunto que concierne a todos los sectores de la sociedad.

Respecto al deseo de los zapatistas de viajar a esta capital, Guerra comentó que existe ``terror'' en la parte gubernamental al ruido que pueda provocar una delegación del EZLN en la ciudad de México. Incluso, agregó, se ha hablado de la imposibilidad de garantizar su seguridad. Pero los zapatistas quieren ir al Palacio Legislativo.

En una semana más comienza el periodo ordinario, y los zapatistas saben que, si no se legislan ahora sus acuerdos en materia de derechos indígenas, perderá credibilidad y sustento la negociación con el gobierno. Por eso quieren venir a la ciudad de México a cerciorarse ellos mismos que así será.

``Pero los funcionarios no quieren permitir, bajo ninguna circunstancia, que gente que se cubre el rostro ande por ahí, por el país'', ironizó Guerra.

Por otro lado, al criticar agriamente la resistencia gubernamental a que los zapatistas emitan sus puntos de vista en torno a la reforma del Estado, el perredista precisó:``Esto no quiere decir que el gobierno tenga que negociar la reforma del Estado con los zapatistas, pero no puede negar que son un actor más que debe ser escuchado''. Recordó que, a una pregunta de integrantes de la Cocopa en un encuentro que sostuvieron en Los Pinos, el presidente Ernesto Zedillo les aseguró que no se podía excluir a los zapatistas del proceso de reforma.

Después en la Cámara de Diputados, en las sesiones de glosa del Informe, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, contestó a una pregunta que le hizo el senador Heberto Castillo en el mismo sentido. Allí, el secretario comentó que, en efecto, ellos estarían en la reforma.

Ahora la negativa gubernamental parece ser categórica y contradice las afirmaciones anteriores, dijo, y agregó: ``Lo que sigue en duda es quién tiene la razón en la disputa PAN-gobierno, y en poco tiempo lo sabremos''.

Mencionó que si el gobierno quiere la reforma allanará el camino para que se confeccione una propuesta que satisfaga cabalmente a la sociedad. ``Estamos a punto de iniciar el periodo extraordinario, y en éste deberán hacerse las modificaciones constitucionales que se requerirán para la reforma política. De no ser así, no podremos arribar a las elecciones federales de 1997 con un marco jurídico distinto''.

Pero si esto no ocurre, sentenció, se encontrará que era el PAN el que tenía razón desde el principio.

Ante esta disyuntiva, ``no es posible que la mesa de Bucareli maneje a la reforma como algo de su pertenencia y se olvide que hay otros actores y espacios. Además, con la salida del PAN de la misma, crece el papel que jugará el Congreso, porque en las cámaras Acción Nacional sí entrará a la discusión'', aseguró.