La ausencia de democracia y de un Estado de derecho, y el problema de la legitimidad y el orden jurídico, están no solamente en el origen de la rebelión chiapaneca, sino también en el agravamiento permanente de la situación nacional en su conjunto: de hecho constituyen el núcleo de la inconformidad que el EZLN insertó con fuerza en el centro de la vida política nacional desde enero de 1994, cuando insistió en una transformación que iba más allá de la pura ``reforma electoral'', esa misma que no se ha podido instrumentar ni siquiera en el estrecho margen de los partidos con registro, y en la que naufragan el gobierno y la clase política, sentados hoy en una mesa y de espaldas a la realidad nacional. Hoy, el aceleramiento de la crisis generalizada de un sistema que tiene más de sesenta años en el poder, y que se ha ido degradando y descomponiendo derrumbándose sobre el conjunto de la sociedad, y el empantanamiento de la Mesa de Barcelona, en donde el formato oficial se diluye en una reforma concebida sólo dentro de la actual configuración del sistema de elecciones, demuestran la urgente necesidad de un debate amplio e incluyente, y que sea consensado por sectores diversos de la sociedad. Barcelona representa una cada vez más estrecha franja de credibilidad y representatividad, debido al creciente abstencionismo y a la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno y los partidos: y de allí que múltiples iniciativas civiles tendrán que confluir en un nuevo proyecto de reforma profunda del Estado, sin el cual no será posible resolver ni el conflicto de Chiapas ni el absoluto clima de ingobernabilidad que se generaliza por todo el país. La sociedad civil tiene que forzar estos cambios y buscar la forma de avanzar hacia nuevas posibilidades de cambiar la correlación de fuerzas, para hacer posible el arribo a un pleno Estado de derecho.

Conforme a los resultados de la mesa anterior, la manera zapatista de dialogar con el gobierno se ampliará ahora a más de 400 asesores e invitados, que de la parte del EZLN y representando a una variada gama de posiciones políticas y sociales y junto con los de la parte del gobierno, intervendrán sobre un importante tema respecto al cual los rebeldes ya han propuesto ocho subtemas ( La Jornada, 3-III-1996, p.12): 1) democracia electoral; 2) democracia directa, 3) partidos, fuerzas y sociedad civil; 4) federalización y municipio; 5) procuración y administración de justicia; 6) justicia y derechos humanos; 7) democracia, justicia y medios; y, 8) democracia y justicia en el proceso de globalización. El gobierno, por su parte, ha propuesto cinco subtemas de bajo perfil, eludiendo una discusión que más temprano que tarde tiene que darse. La mesa de San Andrés será el momento en que un grupo nutrido de organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y una amplísima gama de representantes del arte, la ciencia, la cultura y la vida política, o sea, una muestra altamente representativa y plural de la sociedad mexicana, se sentarán a debatir un temario que sin duda les llevará al inicio de la articulación de un nuevo proyecto de nación.

La convicción zapatista de que el EZLN no es una vanguardia ni representa la totalidad de la problemática social nacional, ha ayudado a conformar un ejercicio de diálogo incluyente que ninguna otra fuerza política del país concibe más allá de sus propias filas ni delega en otros actores. En el espíritu del ``mandar obedeciendo'', la delegación zapatista ha adoptado como suyas las propuestas diversas que han surgido en cada mesa de trabajo, las ha difundido en la medida de lo posible y las ha defendido con dignidad y firmeza. En ese contexto, si el gobierno las rechaza, estará rechazando, no la propuesta de los rebeldes, sino la de los sectores interesados y afectados en cada tema. Este ejercicio de democracia de nuevo tipo, de tolerancia enriquecedora, ha creado ya redes importantes de relación en el tema primero, cuyos iniciales acuerdos de formalización fueron firmados el 16 de febrero pasado y que se cristalizan en una trama horizonal de organizaciones: el Foro Indígena Nacional. El proceso de discusión abierta y desde abajo, ha influido en el conjunto del proceso de paz y en la distinción de sus diferentes actores, contribuyendo incluso a una mayor separación de poderes y facultades.

En la medida en que los tiempos se aceleran, y por la acumulación de agravios que el sistema infringe a los mexicanos, la sociedad civil avanza hacia un cambio impostergable, a un nuevo proyecto de futuro. En este contexto, la mesa 2 de San Andrés es una contribución de los zapatistas, y de ese conjunto de fuerzas diversas que conforman el país, a crear un análisis riguroso y participativo que haga posible un proyecto viable de instituciones y leyes que permitan la reforma profunda del Estado, o sea, una definitiva transición a la democracia.