Crece en México la violencia hacia mujeres indígenas y activistas: AI

Blanche Petrich /I Amnistía Internacional (AI) denunció, en un informe emitido ayer, que en México existe un ``creciente patrón'' de torturas, violaciones sexuales, asesinatos políticos y ``desapariciones'' en contra de mujeres. Indias monolingües y activistas son las principales víctimas.

En algunos casos reportados por el organismo, el gobierno mexicano ha faltado a sus reiteradas promesas de poner fin a la impunidad, según sostiene el documento. Cita como ejemplo el caso de las tres hermanas tzeltales Méndez Santiz, violadas por 10 soldados en un retén militar en Altamirano, Chiapas, el 4 de junio de 1994, en donde bajo el fuero militar hasta la fecha ninguno de los responsables de la agresión ha sido sancionado.

Por la persistencia de la impunidad en este y en los demás casos documentados, AI concluye que ``no tiene información que indique que el gobierno mexicano esté investigando con firmeza estos crímenes con el fin de establecer las responsabilidades correspondientes y llevar a los culpables ante la justicia''.

Son dos las razones más frecuentes de estas agresiones en los casos investigados por AI: la participación de las víctimas en actividades políticas, organizaciones comunitarias y de defensa de derechos humanos, en agrupaciones campesinas o simplemente en acciones de denuncia y demanda de que se les respeten sus derechos o los de sus familias. Y que los victimarios, mayoritariamente autoridades, las perciben como un ``blanco vulnerable'' por el hecho de ser mujeres, indígenas y monolingües.

En la mayoría de los casos, los perpetradores son agentes del gobierno o la violación ocurre con el consentimiento de éstos.

De los 33 casos documentados e incluidos en este último reporte, 28 son de mujeres víctimas de abusos (hostigadas, amenazadas, torturadas o violadas) por ser activistas de alguna agrupación opositora o civil. Los cinco casos restantes son todos de mujeres indígenas. Trece casos son de mujeres involucradas en actividades de denuncia y defensa de derechos humanos amenazadas y hostigadas por esta razón.

Amnistía Internacional hace notar en su documento, bajo el título Remontando el miedo: violaciones de derechos humanos contra mujeres en México, que el simple hecho de que este tipo de delitos son denunciados significa que las mujeres y las organizaciones víctimas ya no son intimidadas por estas agresiones y que cada vez con mayor frecuencia se exige la acción de la ley y la justicia en contra de los infractores y agresores.

``A pesar de las reiteradas declaraciones del gobierno mexicano, la impunidad de los violadores de derechos humanos prevalece. Son excepcionales los casos de abuso de derechos humanos que llegan a una sentencia de un juez. Las propias autoridades han llegado a reconocer que funcionarios acusados de tortura y maltrato o alguna otra seria violación, son frecuentemente transferidos a una jurisdicción distinta'', agrega el informe de 30 páginas que emite este sábado el Secretariado Internacional de AI, desde su sede en Londres.

El expediente empieza con la historia de Aurora Nazario Arrieta, de 14 años, india náhuatl originaria de la comunidad de San Miguel Tzinacapán, municipio de Cuetzalan, Puebla. Esta jovencita, trabajadora doméstica, fue secuestrada el 2 de noviembre del año pasado por cuatro oficiales de la policía municipal de Cuetzalan, incluido el comandante de la plaza. Dentro de la comandancia fue violada por tres de los cuatro oficiales, mientras el cuarto vigilaba la puerta.

Los uniformados le aseguraban que no tenía nada que temer pues ``iban a usar condón''. Después del ataque sexual fue obligada a tomar una píldora anticonceptiva. Horas después, seriamente lesionada, fue dejada en libertad bajo advertencia de ``no decir nada'' y con brutales amenazas de muerte.

La patrona de Aurora Nazario, Domitila Moreno, acompañó a la muchacha a denunciar el crimen ante un agente del Ministerio Público. La denuncia fue ratificada posteriomente ante un ministerio en Zacapoaxtla. Domitila, Aurora, su padre y sus hermanos han sido amenazados y hostigados por los policías del municipio y ninguna autoridad ha procedido en contra de los cuatro agresores, a pesar de que están plenamente identificados.

(El procurador general de Justicia de Puebla aclaró ayer, en la sección de correspondencia de este diario, que a uno de los violadores, el comandante de la policía municipal, Moisés Jiménez Martínez, ya se le dictó formal prisión, mientras que los otros dos, Roque Jiménez Martínez y Francisco Soto Martín, están prófugos y son buscados por la Policía Judicial Estatal).

Chiapas: mujeres violadas y torturadas

Buena parte del informe de AI está dedicado a las 17 mujeres relacionadas con el conflicto político-militar en Chiapas, que han sufrido violaciones sexuales, prisión y/o tortura.

Desde luego se documentan los testimonios de tortura sufrida presuntamente en el Campo Militar Número Uno, por el grupo de las siete mujeres detenidas bajo el no comprobado supuesto de ser zapatistas: María Gloria Benavides, detenida el 8 de febrero del año pasado en México y liberada ocho meses después; Rosa Hernández y Hermelinda García Zepahua, arrestadas en Yanga, Veracruz, y las cuatro detenidas en Cacalomacán y presas en Almoloya, estado de México.

Se destacan los casos de las tres hermanas Méndez Santiz (Teresa de 20 años, Cristina de 18 y María de 16) de la comunidad tzeltal de Santa Rosa Sibaquil, quienes fueron violadas tumultuariamente en un retén militar cerca de Altamirano, en una agresión en la que están involucrados al menos 10 soldados. AI señala que los activistas de derechos humanos que se hicieron cargo de la demanda penal han sufrido amenazas anónimas de muerte, que el Ministerio Público responsable eludió llevar a cabo la investigación correspondiente y que el Ejército Mexicano ha reiterado su rechazo a las acusaciones de tortura y violación.

El organismo recuerda que el primero de julio de 1994 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sólo negó los cargos sino que amenazó con demandar a quien insistiera en dicha denuncia, por ser ``difamatoria'' de la institución armada. Y señala también que aunque el caso pasó a manos del fuero militar en septiembre de 1994, hasta la fecha, marzo de 1996, no se ha procedido contra nadie ni las víctimas de la violación tumultuaria han recibido indemnización ni compensación alguna.

Según explicaron autoridades militares de la Sedena a los delegados de AI en noviembre de 1995, esto se debe a que las tres mujeres agraviadas no han respondido a los citatorios de la corte militar que lleva el caso para ratificar sus denuncias. A juicio de Amnistía Internacional, esto se debe a que el gobierno mexicano, al permitir la virtual impunidad de los responsables, ha fallado en sus obligaciones de garantizar que las víctimas y sus testigos no vuelvan a ser sujetos de nuevas agresiones, conforme a lo establecido en la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín, de la cual el gobierno mexicano es signatario.

Se ilustra también en este documento el caso de las tres enfermeras de la brigada sanitaria que fueron violadas el 4 de octubre de 1995 cerca de San Andrés Larráinzar por 25 hombres enmascarados. Aunque dos de las mujeres requirieron hospitalización, debido a la violencia del ataque, no se ha ejercido acción penal contra nadie en este caso.

Se registra también el caso de la activista chicana Cecilia Rodríguez, violada por cuatro hombres enmascarados en la zona de las Lagunas de Montebello, el 26 de octubre del año pasado. A pesar de que la víctima levantó acta en la embajada estadunidense en México no se ha procedido penalmente contra nadie.

Sobre el caso de la monja dominica Norberta López García, atacada por tres hombres armados cerca de la comunidad de Tzacabul, Ocosingo, el 26 de enero, Amnistía Internacional reclama también que las autoridades no han procedido contra nadie a pesar de que las lesiones que denunció la joven religiosa (25 años) resultaron consistentes con el examen que se le realizó en el Ministerio Público y que ella cree que sus agresores son miembros de la comunidad local.

Especial atención se le da al caso de Julieta Flores, de 18 años, de la comunidad Nueva Palestina, municipio Chiapa de Corzo, y militante de la Unión Campesina Popular Francisco Villa, quien fue detenida junto con su padre y otros campesinos más el 15 de diciembre del año pasado por miembros identificados como de las policías Judicial Federal, Judicial Estatal, así como de Seguridad Pública y del Ejército Mexicano.

En instalaciones del Ejército en la localidad de Jaltenango, Julieta fue golpeada, violada y torturada con corriente eléctrica aplicada en pezones y piernas durante dos días. Se le aplicó el pocito, el tehuacanazo con chile y la capucha. Fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones. Presenció torturas en contra del líder de su organización, Reyes Penagos Martínez (posteriormente encontrado muerto y reportado como caído durante un enfrentamiento).

El 19 de diciembre fue trasladada a la prisión estatal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, y finalmente fue liberada, sin cargo alguno, el 9 de enero. ``A la fecha, nadie ha sido llevado ante la justicia por las torturas y las violaciones sufridas por Julieta Flores, ni ha recibido indemnización alguna por las lesiones sufridas'', reclama AI.