AI: México no cumple en proteger a defensoras de derechos humanos

Blanche Petrich /II y última Para Amnistía Internacional (AI), el asesinato de la doctora Marta Morales Vázquez, militante perredista tiroteada en Tecpan de Galeana, Guerrero, el 14 de octubre de 1995, es el ejemplo más claro de cómo se pretende, con represión, amordazar a las fuerzas de la oposición.

La médica de 42 años, esposa del dirigente perredista local Reynaldo Soria, venía llegando a su casa en San Luis de la Loma, cerca de Tecpan, de regreso de un mitin en Coyuca de Benítez la noche del crimen cuando dos desconocidos se le acercaron preguntando por ``la doctora''. Pensando que se trataba de un paciente Marta Morales se acercó a los hombres y recibió un disparo en el cuello. Veintidós días después murió en el hospital.

Las autoridades no han investigado el móvil político del homicidio y sugieren que se trató de un crimen pasional.

Otra guerrerense más, Santa Manzanares Vázquez, integra la galería de mujeres de ese estado víctimas de persecución reciente. Santa, de 23 años, es líder del Movimiento 6 de Marzo en Chacalapa, municipio de San Marcos.

El 17 de septiembre pasado fue secuestrada mientras tomaba un baño en el río que pasa cerca de su casa por más de diez hombres armados. Fue llevada a un sitio llamado El Playón, donde fue interrogada y se le advirtió que si seguía con sus actividades políticas ``le iba a ir muy mal''. Santa no reportó golpes ni violación, pero fue privada de su libertad hasta el día siguiente.

Además, en su informe sobre violencia contra las mujeres en México, emitido el 9 de marzo, la sección londinense de AI cita igualmente los cuatro casos de mujeres que participan en el comité de apoyo a las viudas de la matanza de Aguas Blancas que han sido hostigadas, amenazadas y hasta secuestradas para inhibir sus acciones de protesta y denuncia.

La primera víctima fue María del Rosario Martínez López, de 23 años. Ella apoyaba al Comité de Madres y Familiares de Presos, Perseguidos y Desaparecidos Políticos. También asistía a los mítines de protesta por el caso Aguas Blancas. El 6 de diciembre, en Acapulco, fue secuestrada por tres hombres mientras esperaba el autobús en la colonia Ampliación Altamira. Fue llevada en un auto a las afueras del puerto. Los hombres le enseñaron un álbum de fotos de los ``desaparecidos'' del Comité y le dijeron que ``así iba a terminar ella''. Después le enseñaron fotos de su hijo de ocho años y amenazaron con ``desaparecerlo y matarlo'' si ella no colaboraba. Los individuos preguntaban por el paradero del abogado José Sánchez Sánchez, asesor del Comité. Desde entonces Rosario no asiste a ningún acto político mas.

Después sufrió una situación similar Alba Elia Hurtado, sobreviviente y testigo de la matanza. En Atoyac de Alvarez, cuando viajaba en un autobús, tres hombres no identificados intentaron bajarla a la fuerza. El chofer y varios pasajeros salieron en su defensa y lo impidieron.

El 7 de febrero, Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y organizadora de las viudas de Aguas Blancas, quien semanas antes ya había sido amenazada de muerte en reiteradas ocasiones al igual que su padre Hilario Mesino fue perseguida por las calles del centro de Acapulco por tres hombres desconocidos a bordo de un auto que intentaron secuestrarla. Rocío se ha destacado por las numerosas denuncias y protestas por el caso Aguas Blancas.

Al día siguiente de este hecho, Paula Galeana Balanzar, viuda de una de las víctimas de Aguas Blancas, fue visitada en su casa en Paso Real por funcionarios de la Dirección de Gobernación del Estado, contra su voluntad fue retratada y advertida de que ``se va a arrepentir porque está haciendo más difíciles las cosas''. Paula se ha quejado del incumplimiento de las promesas de indemnización a las viudas.

Defender derechos humanos,peligroso en México

Amnistía Internacional sostiene que el gobierno mexicano ha incumplido su compromiso asumido en la Conferencia Internacional de la Mujer de Pekín en el sentido de ``proteger a las defensoras de derechos humanos''.

Por lo contrario, en sus registros sobre México reporta un ``enorme crecimiento'' de amenazas contra mujeres involucradas en labores de defensa de estos derechos. Ilustra lo dicho con los siguientes nueve casos.

Patricia Ibarra Torres, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, residente en Los Reyes-La Paz, estado de México. Su madre, Verónica Ibarra Torres, es tesorera del Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Detenidos-Desaparecidos y Exiliados Políticos.

Lourdes Felguérez, investigadora del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana.

Rocío Culebro, coordinadora de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

En regiones diferentes, situaciones similares han vivido Graciela Zavaleta, de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi de Tuxtepec, Oaxaca; Emilia González Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua; Lourdes Sáenz y Consuelo Morales y Amelia Zabala, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, de la localidad de Guadalupe, Nuevo León; Ninfa Deandar, copropietaria del periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas; Yolanda Castro Apreza y Nelly Palomo Sánchez, asesoras de la Unión Regional de Artesanas J'pas Joloviletik en San Cristóbal de las Casas.