Después del rudo ataque lanzado por el presidente Ernesto Zedillo contra el Partido Acción Nacional, durante la conmemoración del aniversario del Partido Revolucionario Institucional, un chiste empezó a correr en la Cámara de Diputados: el PRD es ahora a Zedillo lo que el PAN fue a Carlos Salinas de Gortari.

El chiste, obviamente injusto para el Partido de la Revolución Democrática, sirve empero para darle relieve a la principal consecuencia de la diatriba antipanista del mandatario: fortalecerle al PAN su carácter de opositor, el cual se había deslavado por las buenas relaciones que este partido tuvo con Salinas, por sus alianzas con el PRI para sacar adelante iniciativas presidenciales de ley, y por el hecho de que en el actual gabinete figura un panista en una posición clave como lo es la Procuraduría General de la República.

Es cierto que con ese discurso, Ernesto Zedillo lanzó por la borda la ``sana distancia'' con el PRI de la cual tanto había hablado. También es verdad que el Presidente, lejos de su investidura, asumió el papel de un pendenciero priísta y disminuyó con ese hecho la posibilidad de actuar como árbirtro entre partidos. Y es asimismo verdadero que resulta reprochable en un mandatario atacar a un partido de oposición porque éste rechaza de palabra y de hecho lo que considera un fraude electoral, en este caso en Huejotzingo, Puebla, con lo cual se equiparó nada menos que con un prominente miembro del cártel de gobernadores empeñados en feudalizar a la república bajo el disfraz federalista, Manuel Bartlett.

Todo ello es cierto, pero el efecto más importante del autoritario discurso presidencial, aunque no muchos hayan reparado en tal consecuencia, fue vigorizar al PAN como oposición política y acrecentarlo como opción electoral. Dada la insatisfacción generalizada con el actual gobierno, en particular por su política económica, aquél a quien ataque políticamente, tiene altas probabilidades de crecer en el ánimo ciudadano. De suerte que, en realidad, los panistas deberían estar agradecidos con el tono y el contenido del infortunado discurso presidencial del 3 de marzo. Con ayuda de la belicosa ofensiva del líder del PRI, Santiago Oñate, el mandatario se convirtió de un plumazo en eficaz promotor del PAN, que ahora estrena líder nacional con Felipe Calderón Hinojosa.

Como es sabido, el ataque presidencial se debió al alejamiento panista de la mesa de negociación para la reforma política, en la que el Presidente cifra grandes aspiraciones que, ésas sí, son indudablemente compartidas por la mayoría de los ciudadanos, entre ellas el ``clima de equidad'' en los procesos electorales y ``el fin de los conflictos que distorsionan la democracia y debilitan la vida política'', como apuntó el mandatario.

Ernesto Zedillo ve en la reforma electoral la condición sine qua non ``única vía de la democracia'' le llamó para lograr la transparencia electoral, y por ello le resulta tan inaceptable el apartamiento del PAN de las tareas encaminadas a concretarla. Su percepción es equivocada, o al menos incompleta. Sin restarle importancia a la necesaria adecuación del marco legal de los comicios, lo cierto es que el principal problema de la falta de transparencia electoral en México no ha sido de leyes, sino de conductas. De conductas que se identifican con la trampa, la coacción, el engaño, la amenaza, la alteración de los resultados reales para favorecer fundamentalmente al PRI. Conductas como las que el PAN atribuye a las autoridades poblanas para distorsionar la votación y despojar de la victoria a quienes la obtuvieron en las urnas.

No es cierto que si falta voluntad de jugar limpio no bastan las leyes para lograr la transparencia comicial? Las solas normas son insuficientes para concretar la equidad y la limpieza electorales, sobre todo si las violaciones a la ley no están seguidas del castigo sino de la impunidad. De ello es prueba irrefutable el caso de Tabasco, donde sigue al frente del Poder Ejecutivo un hombre contra quien pesa la acusación electoral mejor documentada de que se tenga memoria en el país, lo cual no obsta para su permanencia en el poder.

Frente al aún inconcluso escándalo tabasqueño, resulta imprudente (para decirlo eufemísticamente) hablar como lo hizo Ernesto Zedillo al sostener que desde agosto de 1994 ``la generalidad de los procesos electorales federales y locales... han sido transparentes y con resultados que corresponden a la voluntad ciudadana.``Para lograr esa transparencia y ese apego a la voluntad de los votantes todavía falta mucho en México, y ciertamente no sólo son necesarias reformas legales sino, sobre todo, acciones ciudadanas vigorosas que se opongan a los delincuentes electorales hoy todavía impunes en su casi totalidad. Antes de ese logro, todavía habremos de ver más desalojos como el de la entrada del Palacio de Gobierno de Puebla, donde fue captada una imagen de la dirigente panista Ana Teresa Aranda arrastrada por policías que, junto con la de las desocupaciones forzosas del edificio del Departamento del Distrito Federal, donde se habían plantado ex trabajadores de Ruta 100, salieron a mostrar al mundo, por conducto de las agencias internacionales de prensa, cómo se viven la democracia y la justicia laboral en México.