Golpe a trasmano a trabajadores del azúcar
Andrea Becerril A espaldas de los 40 mil trabajadores azucareros, su dirigente sindical, Enrique Ramos García, firmó un convenio con los dueños de los ingenios, el cual fue ratificado por el secretario del Trabajo, Javier Bonilla García, en el que se conviene un reajuste masivo de personal que podría ser de más de 10 mil obreros, según lo demandan los empresarios del ramo. También habrá la supresión de dos fideicomisos, entre ellos el de vivienda, y el establecimiento de nuevas condiciones laborales más flexibles.
Ramos García, también dirigente de la CTM en Veracruz, pactó incluso el establecimiento de una comisión bipartita que tendrá facultades para modificar el contrato ley azucarero, tal como lo exigen los patrones, desde que se dio a principios de los noventas la reprivatización de los ingenios.
El convenio, desconocido por los trabajadores azucareros, se firmó el 16 de noviembre del año pasado con el aval de Bonilla García --cuya firma aparece en el documento--, pese a que en esos momentos se revisaba el contrato ley exclusivamente en su aspecto salarial.
Sin embargo, se modificó parte del clausulado y se sentaron las bases para hacer mayores cambios al contrato ley, entre ellos el renglón de jubilaciones. Enrique Ramos, quien tomó las riendas del sindicato azucarero poco antes de la firma de ese convenio, luego de la muerte de Salvador Esquer Apodaca, aceptó revisar todos los planteamientos patronales contenidos en el Conflicto de Naturaleza Económica, presentado por la Cámara Nacional de la Industria Azucarera ante la junta especial 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La cláusula 4 de ese convenio --que no se hizo público-- señala que ``a fin de concluir la reestructuración laboral de la industria azucarera'', se constituye una comisión, integrada por cinco miembros de cada una de las partes, la cual analizará lo planteado en la demanda patronal y deberá concluir sus labores en un plazo que no excederá los seis meses a partir de su constitución, que fue el 16 de enero pasado.
``La Comisión tendrá facultades para adecuar en lo conducente el contrato ley que ahora se revisa, por estar representados ante ella el sindicato y los patrones que constituyen la mayoría en esta rama de la industria''.
Al contrato se agregó el artículo 27 bis, el que señala que, en tanto concluyan los trabajos de esa comisión, ``las partes instrumentarán mecanismos que hagan más ágiles los sistemas de trabajo, buscando que los trabajadores tengan una adecuada movilidad interdepartamental en el desempeño de las labores afines a su puesto y dentro de su capacidad, sin que la actividad a desarrollar sea denigrante''.
Se suprimieron las prestaciones económicas consignadas en los artículos 15 y 89 del contrato ley. Igualmente se modificó el artículo 89 para que la capacitación la otorge en forma directa la patronal, preferentemente en planta, y por ello se suprimió el Instituto de Capacitación Obrera.
Asimismo, Ramos acordó liquidar dos de los fideicomisos por los que el sindicato había peleado duramente los últimos cinco años: el de becas para estudios superiores y de construcción de casas, con el sólo compromiso patronal de construir 15 mil viviendas en los próximos siete años para los obreros de planta, ``una vez que se hayan realizado las depuraciones de las plantillas''.
Asimismo, convienen en que los ingenios dejarán de aportar el 2.5 por ciento al Infonavit de quienes se vean beneficiados con las viviendas construidas por los empresarios.
En el convenio, sindicato y empresarios azucareros pactan reducir las plantillas de personal en cada ingenio ``hasta sus necesidades reales''. El reajuste podría ser mayor a 10 mil trabajadores, ya que la demanda patronal es que salga la tercera parte del total de sindicalizados, y la lista de depurados se convino terminarla en un plazo de 60 días.
Los empresarios azucareros acordaron en ese convenio entregar 3 millones de pesos al sindicato, como apoyo para la liquidación del personal de los dos fideicomisos y el instituto suprimidos.