La propuesta del Departamento del Distrito Federal de instituir el cobro de peaje a los automotores que transiten por diversas arterias urbanas es insostenible desde cualquier punto de vista, tanto si su objetivo es disiminuir la circulación de automóviles privados para abatir la contaminación, como si de lo que se trata es de incrementar los ingresos del gobierno capitalino.

Desde el punto de vista ecológico, saltan a la vista dos inconvenientes obvios: por una parte, la aplicación de semejante medida implicaría la instalación de puntos de ingreso controlado y casetas de cobro en numerosos puntos de la ciudad, puntos que se transformarían de inmediato en cuellos de botella para el tránsito vehicular. Por la otra, al desalentar la utilización de vías rápidas (Periférico, Viaducto y Viaducto Tlalpan) o arterias de gran capacidad (calzada Ignacio Zaragoza, avenidas Chapultepec y Fray Servando), los automóviles y las unidades de transporte público, que también estarían sujetas al pago del peaje se provocaría una severa congestión vehicular en calles menores. En ambos casos, la contaminación causada por los automotores se vería significativamente incrementada.

En términos legales, cabe preguntarse si la instauración del cobro de peaje en las principales arterias de la ciudad no contraviene el derecho constitucional de libre tránsito, al menos en los casos en los que no existen rutas alternativas.

En una perspectiva política y social, no es difícil imaginar la exasperación ciudadana que provocaría el establecimiento de avenidas de paga, en una sociedad acosada por la crisis económica, la inseguridad, el deterioro general de las condiciones y la calidad de vida en la metrópoli, así como por la prepotencia, la ineficiencia, la corrupción y la escasa sensibilidad política que impera en los organismos gubernamentales capitalinos, empezando por los policiacos.

Para colmo, la propuesta contenida en el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que será presenntado a la Asamblea de Representantes es contradictoria con las medidas fiscales que estimulan el crecimiento del parque vehicular privado y que entran en vigor a partir de hoy.El combate a la contaminación en la ciudad requiere, en primer lugar, de sistemas de transporte público seguro, eficiente y suficiente, pero no existen rutas de superficie con esos atributos. En este terreno, la actual administración parece empeñarse en empujar a los automovilistas a abordar los inseguros y caóticos microbuses, cuyo crecimiento incontrolado ha sido propiciado por ella misma.

En las exasperantes circunstancias económicas, políticas, ecológicas y de seguridad por las que atraviesa la población urbana, el Departamento del Distrito Federal debiera obligarse a una mayor seriedad y sensibilidad en sus iniciativas.