Los funcionarios responsables del sector han echado a repicar las campanas para anunciar la recuperación de la agricultura mexicana. Ponen como ejemplo los resultados positivos de nuestra balanza agropecuaria y el incremento a los precios de los productos agrícolas. Un análisis detallado de los hechos muestra que se trata de una recuperación muy relativa; de una recuperación con pies de barro.

Ciertamente, se frenó la tendencia negativa en el comportamiento de la balanza agropecuaria. Por primera vez en muchos años se tuvo una balanza superavitaria: 770 millones de dólares de enero a noviembre de 1995.

El saldo positivo de la balanza surge, sin embargo, en primerísimo lugar, de la acusada disminución de las importaciones en un 23 por ciento como resultado, no del incremento en la producción nacional de alimentos, sino de la devaluación. Importamos menos porque tuvimos menos dinero, no porque produjimos más.

Pero también, es preciso reconocerlo, de un aumento en los ingresos de nuestras exportaciones. Ellas provienen, en muchos casos, más del incremento en el precio de los productos agrícolas en los mercados mundiales que de un aumento neto en los volúmenes de lo exportado. Es el caso del café, del trigo y del tomate. Otra es la historia de las exportaciones de ganado vacuno, que también se incrementaron en 48 por ciento entre 1994 y 1995, provocando que, por primera vez en años, se presentara en esta rama un superávir de 350 millones de dólares. Ello fue resultado, inicialmente de la devaluación. Esta permitió el acceso de los productos nacionales a ciertos nichos de mercado que antes se satisfacían con importaciones: las exportaciones de carne de Estados Unidos a México se contrajeron en un 60 por ciento, mientras las de despojos comestibles lo hicieron en un 30 por ciento. Sin embargo, una de las claves de este éxito exportador, es más resultado de nuestras debilidades que de nuestras fortalezas: la terrible sequía que azotó a nuestro país a comienzos de 1995, obligó a vender ganado a Estados Unidos, aunque fuera en ocasiones malbaratando su precio, para evitar que se deshidratara. La protección ``natural'' que la devaluación ofreció a este mercado, durará, tan sólo, el tiempo que tarde la inflación en alcanzar a la tasa de devaluación.

Cualquier balance, empero, resultaría parcial, si no se reconociera el comportamiento favorable de otro tipo de actividades mejor preparadas para un proceso de integración como el que el TLC propició.No obstante, la conclusión principal no puede dejar lugar a dudas: la mejoría en la balanza comercial fue resultado de factores externos a una política agropecuaria: la devaluación y crisis de la economía en primer lugar, el aumento de precios agrícolas en los mercados mundiales en segundo y, situaciones de emergencia en tercero. Finalmente se encuentra la respuesta de los sectores mejor preparados para la apertura.

Ciertamente, los precios de los productos agrícolas en el mercado interno han mejorado en los últimos meses. Ello es producto, de inicio, del incremento de éstos en los mercados mundiales. Sin embargo, este aumento fue tardío, pues, después de la devaluación y durante varios meses los productores sufrieron una política de precios confiscatoria.

Empero, la falta de promoción a la producción maicera columna vertebral de la economía campesina ha provocado ya graves estragos. Tal y como lo ha señalado Víctor Suárez no se ha tenido ni ventajas comparativas ni autosuficiencia alimentaria.

Veamos: Detrás de la negociación del TLC se encuentra la presunción de que a nuestro país le interesa adquirir maíz subsidiado producido en Estados Unidos en lugar de pagar un precio de soporte acorde satisfactorio para los productores nacionales. Esto garantizaba según los impulsores de la propuesta un alivio a las finanzas públicas y mejores precios a los consumidores nacionales. De paso se generaban efectos adicionales: reconversión de lotes a otros cultivos ``más rentables'', compactación de tierras y drenado de la población rural. Así las cosas, se disminuyó el precio de garantía del maíz hasta convertirlo en los primeros meses de la devaluación en precios de confiscación, al tiempo que en términos reales disminuyó Procampo. Nuestro país debió de importar durante 1995, 2 millones 800 mil toneladas, y, para 1996 será necesario importar cuando menos 4 millones más. Por si fuera poco, se traerá maíz amarillo porque no hay blanco disponible en el mercado mundial. Resulta, sin embargo, que el precio del maíz se ha incrementado en los mercados internacionales en más de un 60 por ciento, y, que otra vez la devaluación no es lo mismo importar el grano a 3.5 pesos por dólar que a 7.5 pesos por dólar. Estas importaciones representaron el 14 por ciento de las importaciones en el renglón agropecuario. El famoso ``ahorro'' que nuestros negociadores telecianos preveían no está en ningún lado. Ha salido más caro ``el caldo que las albóndigas''. No habría tenido mucho más sentido mantener un precio de garantía razonable y haber estimulado la producción de maíz dentro del país, con sus efectos en el empleo interno, que pagar en millones de dólares caros las importaciones de nuestros alimentos. El absurdo de esta política puede verse con claridad si se observa que el costo de las importaciones de maíz durante 1996 será superior a los subsidios que dará Procampo.

Por lo demás el PIB agropecuario cayó durante 1995 en un -4 por ciento. La cartera vencida sigue siendo un problema prácticamente irresoluble y falta crédito e inversión en el sector. En contra de lo que la propaganda gubernamental trata de hacer creer, la Alianza para el Campo no es una propuesta de política, sino un conjunto de acciones sin planificación. No hay una política sectorial estructurada y coherente. Qué recuperación puede haber en esas condiciones? Ese es el costo de una modernidad que se sostiene en pies de barro.