Con la reforma Constitucional anunciada por el Presidente, se implantará un Estado de excepción, viejo sueño del panista asesor zedillista, Fernando Gómez Mont. La derecha con la llegada al poder del ingenuo procurador general, Antonio Lozano Gracia, tan satisfecho con su labor, le ha hecho el trabajo sucio a los que finalmente van a gobernar. El Presidente haría bien en recordar y el procurador también que 1993 fue un año con mucha menor incidencia delictiva que el 95 o lo que va del 96. Tendrían que preguntarse por qué.

Es falso que el problema de la inseguridad se vaya a resolver endureciendo las leyes. Nuestros problemas, el de la corrupción gubernamental incluido, tienen que ver con la falta de cumplimiento a las leyes que nos rigen, fundamentalmente a la Constitución, reformada una y mil veces para imponer un sistema económico que continúa permitiendo el enriquecimiento de unos cuantos a costa del empobrecimiento de millones.

En nombre de la lucha contra el crimen organizado, que en realidad es una farsa, se pretende reformar la Constitución para violarla. Se cancelarán muchas de nuestras garantías individuales y con ello la posibilidad de vida en un país de leyes. El crimen organizado no se combate porque no se quiere acabar con él. La delincuencia anida al interior de los cuerpos policiacos y en la médula del aparato público, protegida por la impunidad, que se le garantiza porque comparte el gobierno. Los narcotraficantes, los ladrones de autos, los que lavan el dinero, los secuestradores... forman parte de la estructura del poder; están en las policías, en las procuradurías, en los organismos encargados de la seguridad nacional, en el aparato público, encabezan gobiernos estatales...

El primer intento de endurecimiento en la ley, promovido por el mismo asesor de derecha, se dio cuando Morales Lechuga era procurador general. El gobierno anterior, integrado por un gabinete infinitamente más inteligente y menos fascista, no lo aprobó. Ellos sí sabían lo que esto iba a significar. Una prolongada guerra sucia, plagada de injustificables actos de terrorismo de Estado y de los grupos ultras. No debemos olvidar que ambos tienen la misma matriz. Aquí también la ultraizquierda ha hecho el trabajo sucio a la ultraderecha, como en todos lados y como siempre.

El drama nacional que se enfila a culminar en la primera dictadura moderna del siglo XXI, encabezada por el priísmo de la peor casta, quizá empezó con el homicidio del cardenal Posadas pero, sin duda, se convirtió en irreversible con el asesinato de Colosio. No es gratuito que Pablo Chapa no haya tocado una de las líneas de investigación en este crimen, la que incluye a Jorge Sánchez Ortega miembro del Cisen (Centro de Investigación de Seguridad Nacional), la que pasa por el homicidio de Benítez, director de la Policía Municipal de Tijuana, que lo detuviera y pusiera a disposición de la PGR, para ponerlo de inmediato en libertad; en fin, la que lleva a los cuerpos de seguridad nacional, a los viejos dinosaurios, a los narcopolíticos, a los asesinos y torturadores de antaño, a los que han venido armando a campesinos e indígenas, evidentemente para reprimirlos. Tampoco ha seguido la que seguramente lleva a los autores de los homicidios de monseñor Posadas y de José Francisco Ruiz Massieu ni la que llega a los que se están quedando con el país.

Rubén Figueroa sigue gobernando Guerrero porque es un cacique priísta, de los que han vuelto a levantar la cabeza y llenado el vacío de poder dejado desde la Presidencia de la República. Los que han vuelto a crear las guardias blancas que impunemente actúan.

El exterminio de nuestra tradición de asilo político significa perder el enriquecimiento cultural llegado a nuestro país con aquéllos que, generosamente, lo reciben. Qué decir del inmenso aporte cultural y científico de los españoles perseguidos por Franco, o de los uruguayos, argentinos, chilenos que huían de enanos dictadores conosureños y que revolucionaron al lado de intelectuales mexicanos, de gran valía, la cultura nacional.

En los hechos, aunque se siga hablando de reforma del Estado, con la instalación del mentiroso Consejo de Seguridad Pública, en realidad de Seguridad Nacional, avalado por once ministros sin dignidad; con un Congreso convertido en mercado, sin garantías individuales, no podemos hacernos más ilusiones.

En las dictaduras, el Ejército interviene en lo relativo a la seguridad de los civiles y se exhibe en las calles. En las dictaduras se ordena la filmación de las masacres para desanimar cualquier reclamo democrático. En las dictaduras no se juzga a los criminales, se les protege. En las dictaduras se cancelan las garantías individuales y la cultura, enemigas fundamentales, de esa abominable forma de gobierno: el fascismo.