La caída de Figueroa, razón de Estado
Qué sigue?
Y las mentiras, la manipulación... ?

Cuando el presidente Ernesto Zedillo explicó públicamente (5 de marzo) las razones por las que el gobierno federal apeló al artículo 97 Constitucional, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviniera en el caso Aguas Blancas, ya se había tomado la decisión de que Rubén Figueroa dejara el gobierno de Guerrero.

Más aún, el propio Figueroa ya había sido enterado y los estrategas gubernamentales operaban para evitar que en Guerrero ocurriera lo mismo que meses antes sucedió con el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien pactó su renuncia y al final se retractó y emprendió una campaña apoyado en los supuestos sectores sociales locales, que se negaron a la salida del mandatario tabasqueño.``Cuando uno tiene el respaldo del pueblo no necesita más'', dijo Figueroa el pasado domingo, luego de las multitudinarias marchas que en su apoyo realizaron diversos sectores afines al PRI. Y tenía razón Figueroa, pues ya no necesitaba esas muestras de apoyo. Acaso consiguió imponer como gobernador a uno de sus aliados, al también cacique Angel Heladio Aguirre Rivero, quien ocupa la gubernatura, no tanto para recomponer al estado, sino para cuidarle las espaldas a Figueroa.

Sin embargo, sabedor de los vacíos que en su gobierno ha generado Ernesto Zedillo, Rubén Figueroa Alcocer pretendió seguir la misma estrategia que su amigo, el tabasqueño Roberto Madrazo, sólo que desconocía que la presidencia acotada, el respeto al federalismo y la negativa del Ejecutivo a meterse en problemas de los gobiernos estatales, había quedado atrás y que el presidente de la República decidió recurrir al peso de su investidura para sacudirse el desprestigio que le ocasionó a su gobierno la muerte de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero.

En realidad, se trató de una estrategia en la que el gobierno zedillista quiso anteponer la legalidad, la intervención del más alto tribunal para que determinara si existió o no violación a las garantías individuales, pero la acompañó de una decisión política. Ernesto Zedillo no podía demandar a Figueroa su renuncia, a riesgo de caer en una contradicción respecto de sus insistentes promesas de respetar el federalismo y no intervenir en la vida interna de los estados.

Por eso, primero invocó el artículo 97 constitucional, que permite la intevención de la Suprema Corte de Justicia en el caso Aguas Blancas, y luego dejó pasar el tiempo suficiente para hacer los amarres necesarios y que la salida de Figueroa Alcocer se realizara sin sobresaltos en el sistema político. Además, entre el 5 y el 15 de marzo se quiso alejar todo vínculo de que la decisión se había tomado desde lo más alto del poder.

En realidad, la renuncia de Rubén Figueroa al gobierno de Guerrero no sólo fue el resultado de una tardía decisión gubernamental. El crimen de Aguas Blancas, a nueve meses de cometido, se convirtió en razón de Estado, por el descrédito nacional e internacional que acarreó al gobierno de Ernesto Zedillo y porque, por sí mismo, echaba por tierra uno de los principales activos que dentro y fuera ha pretendido vender el Ejecutivo mexicano: que México es un país de leyes.La renuncia de Rubén Figueroa, como lo fue en su momento la del gobernador de Chiapas, Eduardo Robledo Rincónlos dos colosistas se inscribe también en una necesidad política del Ejecutivo, para dar respuesta a importantes sectores sociales, incluido en los dos casos el Partido de la Revolución Democrática.

Y es que debe recordarse que uno de los perfiles que más irritó al panismo y que alentó al perredismo, en el pasado reciente, es que Ernesto Zedillo definió que su gobierno no quería un bipartidismo y sí una izquierda fuerte. La de Figueroa es una renuncia que beneficia la actual posición perredista y que mantiene a ese partido en el diálogo para la reforma política.

Pero más allá de las muchas vertientes políticas, jurídicas y sociales de la caída de Figueroa Alcocer, deberá verse como un punto en favor de la sociedad, que rechaza la impunidad, la arbitrariedad y que reclama ser vista y escuchada por aquellos a los que otorgó el mandato.

Ahora sólo falta saber si efectivamente el gobierno está comprometido, aunque sea tardíamente, con la verdadera justicia. Rubén Figueroa debe ser arraigado y responder por las probadas falsedades y manipulaciones en que incurrió, si no es que por la autoría intelectual del crimen colectivo de Aguas Blancas. La Suprema Corte sólo dirá si existió o no violación a las garantías individuales. Y quién castigará al ex gobernador de Guerrero? A poco también tendrá que ser perseguido en Suiza?