Llama el PRD a un pacto para restaurar la legalidad en Guerrero

La dirigencia nacional del PRD propuso ayer, con carácter de urgente, un pacto entre todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de Guerrero para establecer ``condiciones de legalidad y gobernabilidad'' en ese estado.

En tanto, juristas y legisladores del PAN, PRD y PT exigieron el arraigo de Rubén Figueroa para que no salga del país mientras no concluya la investigación de la Suprema Corte de Justicia y sostuvieron que con los elementos que se tienen se le puede procesar penalmente, ``cuando menos'' por obstrucción de la justicia.

Héctor Sánchez, Félix Salgado Macedonio y Auldárico
Hernández Jerónimo, en conferencia de prensa en el
Senado de la República, luego del anuncio de que Rubén
Figueroa Alcocer solicitó licencia para dejar la gubernatura
de Guerrero. Foto: Francisco Olvera

En una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, efectuada antes de que Figueroa pidiera licencia, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Santiago Oñate, reveló que su partido le pidió al gobernador guerrerense que ``considerara si su presencia era o no adecuada para la buena marcha de las investigaciones'' y aclaró que ``la decisión (de permanecer o retirarse), sólo le correspondía a él''.

Por su parte, el ascenso de Angel Heladio Aguirre Rivero como gobernador levantó numerosas protestas. Max Tejeda, el panista que contendió por la gubernatura con Figueroa, lo llamó ``el dedo chiquito'' del hombre que ayer dejó el Palacio de Gobierno de Chilpancingo; los perredistas lo calificaron de ``minicacique'' de la Costa Chica y previeron que se encargará de cuidarle las espaldas a su antecesor.

En tanto, en la Suprema Corte de Justicia se confirmó que la decisión de Figueroa de separarse de su cargo ``no altera'' la investigación que dos ministros efectúan sobre la matanza de Aguas Blancas, y que el gobernador con ``licencia definitiva'' tendrá que entrevistarse con Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, como se había previsto.

Al conocerse ayer por la mañana la solicitud de licencia del gobernador, cuestionado por numerosos sectores a raíz de la matanza del del 28 de junio de 1995, una cascada de opiniones se virtió en los diferentes escenarios políticos y económicos del país.

Se le debe consignar penalmente: Muñoz Ledo

En Gobernación, un sonriente Porfirio Muñoz Ledo, líder nacional del PRD, quien incluso levantó el brazo de Cuauhtémoc Sandoval, diputado guerrerense e impugnador de Figueroa, dijo:``El ex mandatario no puede irse tan campante. Debe consignársele penalmente. Debemos exorcizar los fantasmas de la violencia en Guerrero''. Además, rechazó cualquier imputación como la que hizo la panista Cecilia Romeroacerca de que la salida de Figueroa haya sido resultado de una concertacesión entre el gobierno y el PRD.

Agregó: ``Aquí no hay victorias para nadie sino para la sociedad, la justicia y la democracia''.

Más tarde, el CEN perredista, al igual que su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, llamó a un pacto político en el estado para evitar que ``continúe el figueroísmo sin Figueroa'', lo que implica que el interino se maneje con una política distinta y establezca una nueva relación con el PRD, en la que cese el hostigamiento contra los luchadores sociales.La dirigencia nacional del PRD convino en que ante la proximidad de las elecciones estatales (en octubre), el pacto político es inaplazable y puede lograrse en una mesa de negociación a nivel local.

La fracción del PRD en el Senado afirmó que la situación de Figueroa no termina con la licencia, sino que es necesario finarle responsabilidades políticas y penales, por lo que se le tiene que poner bajo arraigo domiciliario para que no abandone el país y se sustraiga a la acción de la ley.

El coordinador Héctor Sánchez López dijo que es muy grave que ni el Congreso ni el Poder Judicial hayan abordado desde hace ocho meses el asunto de los crímenes en Aguas Blancas: ``eso demuestra que en este país sigue siendo el presidente de la República el que asume el papel de los otros poderes''.

El senador Félix Salgado Macedonio, quien semana a semana pedía, lo mismo desde la tribuna de la Casona de Xicoténcatl que en el Palacio Legislativo en sesiones de la Permanente, castigo para Figueroa, afirmó que el interino está muy lejos de ser ``un ángel'' ya que se le conoce como ``un cacique matón de la Costa Chica de Guerrero'', por lo que será difícil que se logre reinstalar la ley y la gobernabilidad en el estado.

Santiago Oñate dijo en Gobernación que la salida del mandatario obedece al ánimo de esclarecer totalmente los hechos de Aguas Blancas, y ``es una actitud que se adopta en beneficio del principio de legalidad''. Negó que la petición de licencia refleje ``debilidad'' o responda a presiones: ``se trata de contribuir a la mejor marcha de las investigaciones''.

PAN: la petición de licencia, positiva

En un comunicado de prensa el CEN del PAN consideró ``positiva'' la licencia solicitada por Figueroa; sostuvo que la decisión no debe considerarse como una solución definitiva al caso, pero si facilitará que la Corte llegue al fondo en sus investigaciones y dictamine respecto de los sucesos del 28 de junio de 1995.

Acción Nacional demandó que se identifique a quienes distorsionaron la información de la matanza, y dijo que si bien la salida del mandatario es una señal de parte del gobierno, ``ésta debe ser complementada con otros hechos políticos que, sin ser lamentables actos de sangre, son también violatorios de derechos humanos y del Estado de derecho, circunstancia particularmente clara en el caso de Huejotzingo, Puebla''.

El diputado panista Alejandro Zapata Perogordo, autor del dictamen desechado por los priístas y que sostenía que había elementos para enjuiciar políticamente a Figueroa, dijo: ``al conocer los expedientes de la CNDH y de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara sabemos que existen elementos que hacen presumible la responsabilidad de Figueroa. El aceptó que su gobierno filmó los hechos, pero divulgó un video editado. Entonces sí hubo obstrucción de la justicia al no aportar todas las pruebas; cuando menos hay negligencia de su parte''. Zapata coincidió con el grupo parlamentario del PRD encabezado por Jesús Ortega, Ramón Sosamontes, Cuauhtémoc Sandoval, César Chávez y Juan Guerra en el sentido de que debe decretarse el arraigo de Figueroa para evitar que evada la acción de la justicia.

También en la Cámara de Diputados el coordinador panista Ricardo García Cervantes consideró que la salida del guerrerense ayudará a que la Corte efectúe con mayor libertad su indagación, ya que lo que ésta determine devolverá a la comunidad nacional la certeza de que el Estado de derecho puede regir. Lamentó, sin embargo, que no dejara satisfecho el nombre del interino, al que se atribuyen conexiones con Figueroa que pueden impedir que se vuelvan a construir condiciones de gobernabilidad.

Figueroa no acudió a la Corte

En la Suprema Corte de Justicia trascendió que el ahora ex gobernador guerrerense era esperado ayer para entrevistarse con los ministros de la Comisión Investigadora del caso Aguas Blancas.

Castro y Castro y Román Palacios reiteraron, en reunión privada, que el curso de las investigaciones debe continuar hasta que se cumpla con el mandato del pleno público del pasado 6 de marzo en el que se acordó investigar y precisar si en la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas hubo o no violación grave a las garantías individuales.

En las cámaras los priístas callaron. Los mismos que hacían fila para subir a tribuna a defender a Figueroa y a echar abajo todas las propuestas de la oposición para dar una salida al asunto, ayer no hicieron comentario alguno.

Sólo el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, general Luis Garfias, no rehuyó la pregunta y dijo convencido: ``fue una decisión correcta de Figueroa. El conocimiento del video sacudió a la sociedad mexicana y en el extranjero también hubo reacciones sobre este penoso asunto. Ojalá vuelva la paz y la calma a ese estado y se sepa, de una vez por todas, lo que pudo haber quedado en la oscuridad de los autores intelectuales de ese reprobable hecho''.

Prueba de fuego para la Corte

El obispo Abelardo Alvarado Alcántara, presidente de la Comisión de Comunicación del Episcopado Mexicano, dijo que la Corte tiene ante sí ``una prueba de fuego'', pues allí se está jugando, en el caso Aguas Blancas, la credibilidad y confianza en las instituciones y el combate efectivo a la impunidad.

Consideró que el trabajo de los dos ministros debe incluir necesariamente la revisión a las pesquisas realizadas por el fiscal especial Alejandro Varela Vidales, y de otros funcionarios que pudieron actuar con negligencia, encubrimiento o corrupción. Abogó porque impere el Estado de derecho y no se caiga en el extremo de la impunidad ni en el de las condenas a priori o los linchamientos.

La CTM no le ha retirado su apoyo

El viejo jerarca cetemista Fidel Velázquez salió con un chiste ante la salida de Figueroa. Hay que recordar que el dirigente había expresado apoyo incondicional al mandatario guerrerense. Ayer se concretó a decir que la licencia solicitada era ``muy blanca, porque el caso es de Aguas Blancas''.

José Ramírez Gamero, secretario de Acción Política de esa central, refrendó el apoyo de los cetemistas al gobernador renunciante. Calificó su solicitud de licencia como ``un acto de hombría que habla muy bien de él'', y dijo que con ello ``deja en libertad a la comisión nombrada por la Suprema Corte de Justicia para que realice su tarea''.

El secretario general del PRI, Juan S. Millán, fue escueto: ``es una decisión personal que se tiene que respetar''.

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Frente Mexicano pro Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos pidieron castigo penal para todos los que tuvieron parte activa, física e intelectual en la matanza.

Coincidieron en que el ex gobernador debe ser investigado al igual que sus ex colaboradores, incluído Alejandro Varela y los funcionarios que editaron el video presentado por el propio gobierno guerrerense después de la masacre.

Legisladores de la oposición y activistas de derechos humanos consideraron que la salida de Figueroa fue un triunfo de la sociedad. (Rosa Elvira Vargas, Roberto Garduño, Néstor Martínez, José Antonio Román, Andrea Becerril, Triunfo Elizalde, Jesús Aranda, Georgina Saldieran y Elena Gallegos).