Manifestaciones y plantones en el Zócalo de trabajadores del Sutaur y grupos solidarios, huelga de hambre de uno de sus defensores legales y tres desalojos violentos son algunos de los acontecimientos de los últimos días en la ciudad de México. El conflicto Sutaur-DDF, con casi un año de duración, vuelve a estar en el primer plano de la información. Hagamos un breve recuento de los hechos y un intento de entendimiento de lo que está en juego.

Conviene tomar en cuenta que la declaración de quiebra de Ruta 100 es una política que tiende a privatizar un servicio que ha venido funcionando mal, como es tradición en el transporte capitalino, y con números rojos. Podemos considerar que es un típico caso de neoliberalización de los servicios públicos. En teoría la situación parecía simple, con sólo informar a la Asamblea de Representantes y al Congreso de las condiciones de la empresa y convocar a compradores se produciría el cambio.

Pero desde un principio se pudo ver que la situación de Ruta 100 era mucho más compleja. El sindicato había manifestado su simpatía al EZLN desde el principio del levantamiento de Chiapas y existía una demanda de alrededor de 60 ex trabajadores contra el Sutaur por la restitución de aportaciones a un fideicomiso. Como sabemos, en abril de 1995 fueron detenidos los líderes del Sutaur y la empresa fue declarada en quiebra. Para terminar de complicar la situación se produjeron los homicidios de un funcionario de la Procuraduría de Justicia capitalina que investigaba las acusaciones a los líderes y de un magistrado que los había defendido, Abraham Polo Uscanga.

La transición de una empresa pública a una o más empresas privadas quedó fuertemente influenciada por problemas políticos muy específicos, acusaciones judiciales y crímenes. Además, los esfuerzos del Departamento del Distrito Federal por liquidar a todos los trabajadores fueron infructuosas.

El sindicato inició una lucha política intensa, exigió la libertad de sus líderes, rechazó la desaparición de la empresa y se negó a aceptar las indemnizaciones, en parte por su reducido monto.

Después de muchas movilizaciones de los trabajadores, recibiendo el apoyo de algunas organizaciones sociales, incluyendo una carta a su favor del ahora EZLN, y después de gestiones de una comisión especial de la Asamblea de Representantes del DF, entre las que destaca la del asambleísta por el PRD, Leopoldo Ensástiga, se iniciaron negociaciones entre el Sutaur y el DDF. Gracias a esas negociaciones se convino que los trabajadores serían propietarios de algunas de las empresas privadas, las cuales serían promovidas por el gobierno capitalino.

Las negociaciones sobre la manera en que participarían los poco más de 10 mil trabajadores avanzaron por buen camino hacia fines del año pasado y principios del actual. El gobierno capitalino ofreció dos concesiones (cuatro módulos en el oriente y sur de la ciudad) y apoyo financiero y de gestión en los precios de nuevos autobuses para el funcionamiento de las empresas. El sindicato aceptó los procedimientos pero exigió cinco concesiones, para dar cabida al total de trabajadores, montos superiores en las liquidaciones y libertad de los dirigentes.Como podemos ver no se trata de las clásicas negociaciones empresariales. El conflicto surge como un problema laboral, judicial y político, sin que pueda moverse con facilidad en el campo de las cuestiones administrativas y financieras. Tiene mucha fuerza la organización de los trabajadores y sus reivindicaciones, lo que en apariencia las autoridades capitalinas se niegan a reconocer.

El tránsito definitivo de una empresa pública de transporte a diez o más empresas privadas que habrán de otorgar el servicio de 6 millones de viajes diarios sobre la ciudad de México está aún en entredicho. Ha habido notorios avances, a pesar de lo complicado y espinoso del terreno, pero ni las autoridades ni los trabajadores pueden aún sentarse a dialogar de manera sistemática y totalmente pacífica. Los desalojos de los últimos días complican aún más el proceso y es probable que las soluciones se detengan por algún tiempo.Mientras tanto, el transporte de la ciudad sigue en las mismas condiciones. No ha mejorado, pero tampoco se ha agravado de manera visible y ha mantenido para sus usuarios la ventaja de una tarifa predevaluatoria (40 centavos). No obstante, en algún momento tendrá que desatarse el nudo del conflicto y habrá de dar paso a un nuevo sistema de transporte por autobús. Convendría planificar desde ahora las acciones en beneficio de toda la ciudad, conciliando los intereses que ahora están en movimiento.