Beneplácito de ONG; juicio político y penal, insiste la UOSS

Maribel Gutiérrez y Raúl García, corresponsales, Chilpancingo, Gro., 12 de marzo El comité directivo del PRD en Guerrero afirmó que a pesar de la renuncia de Rubén Figueroa mantendrá su decisión de no aceptar negociaciones políticas con el gobierno estatal mientras no se aclare totalmente el caso Aguas Blancas y no se enjuicie política y penalmente al ex gobernador por la presunta autoría intelectual de la matanza del 28 de junio de 1995.

Por su parte, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y las dirigencias locales del PRD y el PAN destacaron que las tareas principales del nuevo gobierno son concertar un programa de desarrollo social para el estado más pobre del país, combatir y erradicar la violencia y la impunidad y efectuar una reforma política y electoral para garantizar elecciones limpias y equitativas en octubre.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal del PRD, Saúl López Sollano, señaló: ``No debe olvidarse a los 83 perredistas asesinados ni a las decenas de caídos anónimos'' en el gobierno de Figueroa Alcocer y calificaron de ``imposición'' el nombramiento de Angel Helado Aguirre Rivero como gobernador sustituto.

El diputado local y ex candidato perredista a la alcaldía de Ometepec, Eloy Cisneros Guillén, dijo que Aguirre ``tuvo mucho que ver'' en los desalojos violentos del 6 de marzo de 1990 durante el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu en ese ayuntamiento y en otros siete que estaban ocupados por conflictos poselectorales.

Aguirre, señaló Cisneros, ofreció al PRD de Ometepec, unas horas antes de la represión, una ``salida concertada, pero a las tres de la mañana nos mandó a los cuerpos policiacos para que arremetieran contra el plantón pacífico, con un saldo en ese municipio de un compañero asesinado, dos desaparecidos y más de 120 golpeados brutalmente''.

En la ciudad de México, el diputado local Ranferi Hernández Acevedo sostuvo que el nuevo gobernador ``ha obstaculizado la reforma política y electoral en Guerrero, cancelando en dos ocasiones sendas reuniones con el resto de los partidos políticos''.

También en la capital de la República, representantes de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS) exigieron castigo a los fiscales que intervinieron en la investigación de la matanza de Aguas Blancas, principalmente a Alejandro Varela Vidales y a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial ``por haber encubierto y exonerado a Rubén Figueroa dee este crimen de Estado''.

En Acapulco, la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino, expresó su ``beneplácito'' por la caída de Figueroa, y respecto al nuevo gobernante dijo: ``No queremos un segundo Figueroa; queremos un gobierno que sea respetuoso de las garantías constitucionales y que sea sensible a las necesidades del pueblo''.

Otras demandas de la OCSS son que se indemnice adecuadamente a los deudos y que se detengan la violencia y la persecución contra sus dirigentes. Además, que haya programas de desarrollo para las comunidades y que se resuelvan las demandas de los campesinos.

Respecto a la violencia que afecta al municipio de Atoyac, Núñez Ramos dijo que con Figueroa aumentó, pero se espera que esta situación cambie, pues ``Aguirre Rivero no tiene el poder que tenía Figueroa''.

Jim Cason y David Brooks, enviados, Miami, 12 de marzo La renuncia del gobernador Rubén Figueroa Alcocer es un ``hecho bueno'' que podría fortalecer al gobierno del presidente Ernesto Zedillo, indicó un alto funcionario de la administración del presidente Bill Clinton. Para Amnistía Internacional sean cuales sean las implicaciones políticas de la renuncia, el progreso real de la situación de los derechos humanos en Guerrero sólo podrá producirse con el fin de la cultura de la impunidad y la aplicación del proceso legal de los acusados en las matanzas.

La noticia de la renuncia de Figueroa se produjo en un contexto en el que se realizan elecciones primarias en siete entidades de Estados Unidos, y de la firma de la ley Helms-Burton, y por lo tanto no recibió gran atención del gobierno o de los medios nacionales; sólo el noticiario de la cadena Univisión informó al respecto.

Aunque la Casa Blanca no ofreció comentario oficial sobre la decisión del ahora ex gobernador de Guerrero, funcionarios estadunidenses han estado monitoreando el caso, como lo atestiguó el reciente Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado. Hoy un funcionario gubernamental, quien pidió no ser identificado, manifestó a La Jornada que ``el sentir aquí es que tenemos al gobierno central, principalmente Zedillo y Chuayfett, tomando una decisión''. ``Si hay un mensaje aquí, es que sí existe un límite sobre los gobernadores, y si cruzan ese límite habrá un precio que pagar''. La misma fuente indicó que sin juzgar la inocencia o culpabilidad de Figueroa, Estados Unidos considera que si su destitución resulta en la continuación de la investigación, a fin de cuentas esto fortalecerá al presidente Zedillo y al secretario de Gobernación. ``Es una buena movida'', concluyó.

Carlos Salinas, director para América en Washington de Amnistía Internacional, señaló que la organización no considera que el enfoque de la atención pública debiera ser sólo la masacre de Aguas Blancas, sino también la violencia que ha prevalecido en Guerrero. ``Una renuncia, sin importar qué tan importante es, no resuelve los problemas sistemáticos que ha generado la violencia ni tampoco equivale a una procuración de justicia en un foro judicial'', declaró Salinas a estos reporteros.

El representante de AI llamó a que el gobierno mexicano, tanto a nivel estatal como federal, tome pasos para asegurar que el proceso legal proceda contra los acusados de Aguas Blancas, y de los otros hechos violentos que se han producido desde entonces. Reiteró que ``por importante que sea, una renuncia podrá servir a un propósito político, pero no sirve directamente a los intereses de la justicia''.