SALIDA POLITICA

El retiro de Rubén Figueroa como gobernador de Guerrero es incuestionablemente el resultado de una decisión política asumida por la jefatura del partido del cual éste forma parte. Y es también un acto de justicia en sí mismo, ya que la responsabilidad política se sanciona en México con la destitución del cargo público, si bien en este caso no debe olvidarse la posible responsabilidad penal que en la matanza de Aguas Blancas pudieran tener Figueroa y sus colaboradores, quienes aún no han sido enjuiciados.

Por sí misma, la justicia ordinaria no fue suficiente para encarar la probable responsabilidad de Rubén Figueroa en la matanza de Aguas Blancas. Ha sido necesario el auxilio de la política, tanto para involucrar a la Suprema Corte en una investigación que no es su materia normal como para sustituir al Congreso de la Unión y a la legislatura de Guerrero, los cuales no fueron capaces de abrir juicio político.

En la situación en que se encuentra México no podía esperarse otro camino. El Ministerio Público de los estados sigue siendo un instrumento de los gobernadores y está impedido en los hechos para actuar en contra de éstos. Las cámaras legislativas no son realmente independientes de los poderes ejecutivos locales y de la Federación. La politización o ``partidización'' de la matanza de Aguas Blancas no es responsabilidad de uno u otro partido ni de los medios de comunicación, sino del hecho en sí, el cual fue un acto político criminal, y del manejo que se le dio posteriormente por parte de los órganos de poder encargados de proteger las garantías constitucionales y procurar la justicia.

La política ha tenido que emplearse como un instrumento al servicio de la justicia justamente porque ésta no ha funcionado. Pero hay que advertir que fue la opinión pública quien acudió en apoyo de los ofendidos --los deudos, los lesionados y la sociedad toda-- y que la perseverancia de ésta llevó a las decisiones políticas que orillaron a la separación de Figueroa del gobierno de Guerrero. Esto habla de la importancia de publicar los hechos tal como ocurren, lo cual es una lucha permanente que favorece la gran tarea de conquistar un cabal Estado democrático de derecho.

En realidad, en la Constitución de Guerrero no existe la figura de la licencia temporal, más que por un periodo que no exceda de 30 días, en cuyo caso asume el cargo el funcionario designado por el mismo gobernador. La ausencia temporal indefinida se encuentra solamente prevista para el ``gobernador electo y declarado'', antes de tomar posesión, según lo advierte la constitución guerrerense.

Para cuidar ciertas formas tradicionales --aunque evidentemente sin apego a la legislación local-- se ha procedido a dar a Figueroa una licencia temporal indefinida, pero el hecho de que se haya designado un nuevo gobernador, como si se tratara de una ``falta absoluta'' ocurrida en los últimos cuatro años del sexenio, deja claro que aquel no volverá a ocupar el cargo.

El nuevo gobernador de Guerrero tendrá que poner un alto a la arbitrariedad del poder público, a los métodos cavernícolas que se aplican en la política local y a la violencia social que ha sido característica de esa entidad. Una nueva política de búsqueda de acuerdos y de soluciones a las controversias es lo que se requiere, sin titubeos, para hacer frente a la situación.

En el plano de la probidad y la eficiencia jurídicas, la investigación en curso y las posibles repercusiones que ésta pudiera tener en materia penal y política, vendrá a contribuir a dar satisfacción a la opinión pública y a los directamente ofendidos, pero más importante sería que aquella fuera principalmente un medio para derrotar la violencia e imponer el valor de la ley.