El gobierno de Ernesto Zedillo postergó lo más posible el restablecimiento de la justicia en Guerrero. Finalmente, vencido por evidencias abrumadoras, el presidente decidió recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que lleve a cabo una investigación de la matanza de Aguas Blancas. Antes, el régimen político-jurídico entero fue utilizado para extender los días de Rubén Figueroa al frente del gobierno de Guerrero.

Se requirió que la grabación de la matanza fuera televisada a todos los hogares mexicanos y que el video llegara a manos de la comunidad internacional para motivar al Ejecutivo a poner manos en el asunto. Aun entonces, Zedillo evitó todas las alternativas posibles que implican una solución directa, expedita y satisfactoria para hacer cumplir la ley en el país: no le solicitó al Senado que declarara desaparecidos los poderes en Guerrero, y tampoco ordenó a la Procuraduría General de la República que investigara los delitos cometidos en Aguas Blancas.

En todo caso el presidente Zedillo evitó una confrontación directa con Rubén Figueroa. De todas las alternativas que le confiere el derecho, Zedillo decidió, por ello, utilizar un artículo constitucional que no había sido puesto en práctica en cincuenta años. Al invocarlo transfirió gran parte de la responsabilidad política del caso a un tercero, formalmente independiente del Ejecutivo. Con ello buscó distancias del posible destino de Figueroa.

Sin embargo, el presidente Zedillo ha tolerado todas las licencias que del Estado de derecho tomó Rubén Figueroa durante su gestión como gobernador. Hasta el último momento el engranaje del sistema político y judicial que existe en el país ha funcionado para otorgale tiempo y darle salidas al gobernador. Así le convino a Figueroa que el primer fiscal del caso renunciara por motivos personales. También lo ayudó que el segundo fiscal cerrara la investigación después de que se difundiera el video de la matanza. Y, fundamentalmente, lo favoreció que el gobierno federal considerara al proceso hasta ahoracomo un asunto local.

De hecho, las fuerzas vivas de Guerrero decidieron apostarle una vez más a la actitud complaciente del presidente Zedillo, y el domingo pasado se movilizaron en apoyo abierto a Figueroa y en desafío callado al Ejecutivo federal. En Chilpancingo se decidió, por lo visto, darle una lectura particular a la participación de la Suprema Corte: no como la decisión contundente de un presidente que quiere restablecer la justicia de manera inmediata, sino como un esfuerzo más por canalizar las demandas generalizadas de justicia dentro de un proceso político-judicial más.

Aun la participación de la Suprema Corte en el caso de Aguas Blancas le brinda un cierto margen de maniobra a Rubén Figueroa: allí está el letargo con que el tribunal ha procedido con respecto a la corrupción en la campaña electoral de Roberto Madrazo, en Tabasco. Pero para descubrir exactamente cuánto margen de maniobra le brinda a él la decisión presidencial de involucrar a la Suprema Corte, Figueroa buscó también explotar el apoyo popular un ardid tardío y contraproducente después de todo lo que la opinión pública ya averiguó.

Ante la posibilidad de que el caso Aguas Blancas envuelva al régimen de Ernesto Zedillo en un escándalo mayor, en México y en el mundo, el gobernador Rubén Figueroa solicitó licencia. En nada concluye esto el proceso que está en marcha y debe continuar para encontrar culpables a los responsables de la masacre de 17 campesinos. Este crimen, y los demás cometidos durante toda la estancia de Figueroa al frente del gobierno de Guerrero, deben ser penados conforme al derecho. Esto y nada menos es el compromiso que el presidente Zedillo y, ahora la Suprema Corte, tienen que cumplir.