Lo que se conoce de la iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Distrito Federal, sólo impulsa partes fragmentarias de la economía real del DF.

1. Sólo se promueve la economía urbana. No existen referencias concretas al desarrollo integrado de la producción e intercambio de bienes agropecuarios. Están ausentes los campesinos y pequeños productores rurales, que aún ocupan una parte (lamentablemente decreciente) del territorio del DF, así como la conveniencia de fuentes cercanas de abasto en productos perecederos, y la imperiosa necesidad de que estas actividades den un aporte sustantivo en la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente de la gran ciudad.

2. El anteproyecto se orienta básicamente al estímulo al capital; el trabajador productivo y sus condiciones de vida no existen para sus autores. Los objetivos se definen exclusivamente en función de las empresas. Sólo se mencionan en las definiciones la productividad del capital y la infraestructura productiva, no la del trabajador, ni los servicios sociales que requiere para ser productivo y competitivo. El objetivo de ``creación y conservación de empleos productivos'' no califica sus características más importantes desde el punto de vista de los trabajadores: estables, bien remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, orientados a los sectores laborales débiles, dotados de la seguridad social necesaria, etcétera. No hay una palabra sobre la recuperación de los salarios reales de los trabajadores, condición de su supervivencia, la elevación de su productividad y, sobre todo, de la reconstitución de la demanda y el mercado interno.

3. El ``fomento a las exportaciones'', eje de la actual política neoliberal, domina los objetivos de la ley. No hay una sola referencia a la recuperación y desarrollo del mercado interno de la ciudad, cuya destrucción por 13 años de política económica y salarial es una de las causas fundamentales de la crisis nacional y capitalina. La ley parece sustentarse en la premisa incomprensible de una economía de mercado construída sobre la destrucción sistemática del mercado interno: ``economía de mercado sin mercado''.

4. A pesar de su importancia creciente en la economía y de su papel sustantivo en la subsistencia física de millones de capitalinos, en la ley no se habla, ni para bien ni para mal, para promover y desarrollar o para reprimir, de la llamada economía informal (o de subsistencia) como la artesanía y la reparación ocasional, la venta en la vía pública, los servicios personales, etcétera. No hay referencias a la garantía de su derecho al trabajo y la vida, a su mejoramiento o institucionalización, a la situación de sus trabajadores, etcétera. Se prefiere guardar silencio, ocultar el sol con una mano.

5. En el capítulo sobre la ``concertación'' (no se habla de ``participación ciudadana'', que parece excluida de este tema fundamental de la vida social), aparecen Consejos y Comités que, como lo han mostrado las fórmulas similares aparecidas en las leyes ya aprobadas, serán designados cupularmente (desde el poder ejecutivo), constituidos por funcionarios y representantes de gremios corporativizados al poder, sin participación de trabajadores y consumidores, sin tener en cuenta su representatividad real y cotidiana, cuya función es convalidatoria y legitimadora de las decisiones del Ejecutivo. Los pactos y alianzas del neoliberalismo priísta y sus instituciones ya han mostrado los efectos pauperizadores de este tipo de representaciones, por lo que la participación ciudadana directa y democrática en estas instancias debe ser integrada a la discusión y garantizada su aparición en la ley.

6. En la iniciativa se habla de ``planeación del desarrollo económico''.

Sin embargo, el neoliberalismo ha destruido las bases objetivas para el ejercicio de esta actividad, aún en sus versiones más tecno-burocráticas.

La planeación democrática no existe ni ha existido en el país, aunque una ley federal lleve este título. La planeación democrática es un instrumento y una práctica de prefiguración y gestión del futuro en función de los intereses y las voluntades colectivas, realizada con la participación representativa de toda la sociedad. Es claro que esta ley no camina por esa vereda.

7. Finalmente, hay que preguntar por la relación con el resto de la legislación aprobada o en discusión para el DF. Todo indica que se ha seguido la fragmentación sectorial que caracteriza a la administración, la planeación y la política estatal, que ha hecho de ellas el campo de todo tipo de superposiciones, despilfarros, descoordinaciones, conflictos y contradicciones. La economía no se restringe a la actividad de las empresas; incluye una compleja trama de relaciones sociales, territoriales y ambientales; la fragmentación en múltiples leyes sectoriales inconexas sólo agrava la imposibilidad del desarrollo económico-social sostenido y ambientalmente sustentable.

Quedan por discutir en otra ocasión dos problemas cruciales de esta ley: la naturaleza y orientación de los estímulos al desarrollo económico; y el papel del Estado en la infraestructura económica, es decir, la relación entre lo público y lo privado. Esta discusión amerita otro artículo.