La Convención Bancaria coincide con uno de los momentos más graves por los que atraviesa el sistema de crédito nacional. La cartera vencida de los bancos representa un lastre para las posibilidades de recuperación de la economía. Para los banqueros se trata de un asunto privado y para la Secretaría de Hacienda una cuestión de management, pero para el resto de la sociedad es una crisis de la mayor gravedad.

Los apoyos del gobierno a los bancos privados se acercan a los 10 mil millones de dólares, pero la cartera vencida en su conjunto representa un problema potencial de cerca de 50 mil millones de dólares. Se trata de un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto que repercute necesariamente en el presupuesto federal. Aún así, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, José Madariaga, considera ``insuficientes'' los recursos públicos que el gobierno ha canalizado hasta ahora para rescatar al sistema bancario.

La mayoría de los bancos ha recibido ayuda gubernamental. A fines del año pasado los bancos más grandes del país, Banamex y Bancomer, se incorporaron al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), lo que evidenció que el problema de las carteras vencidas cruza a todo el sistema y no se trata, como argumenta el gobierno, de una simple suma de problemas individuales. Como consecuencia, la carga financiera del rescate bancario será impuesto, tarde o temprano, sobre el conjunto de la población.

La dinámica de la crisis no apunta, sin embargo, sólo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Su origen se encuentra en el proceso mismo de privatización que llevó a cabo el Comité de Desincorporación Bancaria que presidía Guillermo Ortiz. Ahí se hicieron los arreglos por medio de los cuales cerca de 12 mil millones de dólares del patrimonio nacional pasaron a manos de capitalistas de muy diversa índole. También ahí se establecieron las relaciones que conserva Ortiz al frente de la Secretaría de Hacienda con los nuevos banqueros.

A unos cuatro años de la venta de los bancos, su gestión privada ha sido un desastre. La Secretaría de Hacienda busca ahora salvar a los banqueros mexicanos de las fuerzas del mercado en las que tanto confiaron. El esquema de rescate bancario permite a los accionistas recapitalizar sus instituciones en términos muy favorables: el gobierno pone dos pesos y los banqueros prometen poner uno; mientras tanto, pueden continuar manejando las instituciones según mejor convenga a sus intereses.

Esto da lugar a que se formalicen varias irregularidades. La vigilancia y regulación del sistema bancario es parcial e insuficiente para la dinámica que desató la devaluación del peso, En vez de reconocerlo, las labores de supervisión del gobierno se circunscriben a un ámbito relativamente estrecho. Un porcentaje importante de la cartera vencida de los bancos está integrada por préstamos que los accionistas se otorgaron a sí mismos para comprar los bancos en un círculo de vicios éticos y legales; pero éste es un tema que las autoridades financieras prefieren no explorar demasiado.

Un caso de legalidad incierta en la historia reciente de la banca ha sido descrito por Manuel Espinosa Yglesias, ex-propietario de Bancomer. ``El comprador principal con autorización de la Secretaría de Hacienda consiguió un crédito por mil millones de dólares con el Morgan de Nueva York y con ello compró el 19 por ciento de las acciones y aseguró la opción de 5 por ciento. Otros accionistas miembros de su grupo adquirieron el 12 por ciento. El 20 por ciento restante fue vendido en provincia. Luego, poco después, el comprador principal ejerció su opción y compró el 5 por ciento que tenía asegurado y lo vendió en Estados Unidos en una cantidad superior al crédito que había recibido: mil 144 millones de dólares. Con ello liquidó su deuda y conservó un remanente. Sólo que aquí hay un terrible engaño, ya que si mil 144 millones de dólares representan el 5 por ciento, entonces el valor total del banco debería ser de 22 mil 880 millones de dólares, lo que haría de él uno de los bancos más importantes del mundo y no lo es''.

Si esto es un botón de muestra, lo dicho por Espinosa Yglesias pone en evidencia un proceso viciado de origen que contribuye a explicar la profundidad de la crisis bancaria que afecta a todo el país. En lugar de continuar canalizando recursos al rescate de los banqueros, el gobierno tendría entonces que hacer una evaluación completa del manejo de los bancos, desde la privatización hasta el presente. Según el secretario Ortiz siempre ha sabido ``cómo está la banca'', pero quizás también deberían saberlo los partidos políticos, el Congreso de la Unión y la sociedad civil.