El caso de Aguas Blancas está mostrando una vez más que los problemas de Guerrero (y del país) no los generan los caciques locales, sino un sistema de poder que se funda en la concentración de facultades en un Ejecutivo federal que actúa por encima de la legalidad.

1. La decisión de separar al presunto multihomicida Rubén Figueroa de la gubernatura de Guerrero haciéndole pedir licencia (12 de marzo) no se hizo en términos de la legalidad constitucional del país, sino del presidencialismo más puro, aunque con una diferencia: Ernesto Zedillo actuó mucho más lento que cualquier otro presidente, y por una razón: trató desde un principio de proteger a Figueroa con todo el peso del ``sistema'', y cuando lo vio perdido y arrastrando en su caída a un mayor desprestigio al Ejecutivo federal, solicitó la intervención de la Suprema Corte.

2. El sistema priísta se funda en el principio de la impunidad de aquellos que ocupan altos cargos, quienes cuando delinquen no son sancionados en términos de las leyes de la República, sino de las reglas ``no escritas'' del ``sistema'': no con un proceso penal y la prisión, sino con la separación del cargo y el ostracismo político. Y en este caso Zedillo pretende que sea así y que no se enjuicie a Figueroa por los múltiples homicidios que a todas luces cometió haciendo de su gestión un verdadero baño de sangre. En el priísmo no se sancionan los crímenes e ilícitos sino cuando van aunados con el escándalo y/o el error político y, lo que es más importante, en los términos en que lo decide el Ejecutivo en turno. Ese está siendo el caso de Rubén Figueroa Jr., cuya permanencia en el cargo implicaba un alto costo político para Zedillo después de encubrirlo durante varios meses, y ahora lo sigue protegiendo de la justicia y quiere que todo quede ahí: en la licencia.

3. Zedillo pretende, en otras palabras, que el caso Aguas Blancas y los 94 asesinatos de militantes de oposición y las otras diez matanzas colectivas de campesinos indígenas decididas por Figueroa se olviden con la licencia y se les dé carpetazo: y eso es precisamente lo que ya no puede aceptarse en México. Porque si el gobierno sigue actuando igual que sus predecesores, y trata de que el ''affaire Figueroa'' se resuelva en términos de las costumbres del ``sistema'' y no de la legalidad del país, la sociedad, que ha cambiado, ya no lo quiere así. Zedillo y Emilio Chuayffet piensan seguramente que estamos en otra época, cuando cayeron en 1941 Alberto Berber, en 1954 Alejandro Gómez Maganda, en 1960 Raúl Caballero Aburto o en 1975 Israel Noguera, todos por la vía de la desaparición de poderes, pues en esos días bastaba con separar al gobernador de su cargo para terminar con las protestas populares y no se les fincaban responsabilidades a él ni a sus colaboradores ni se les enjuiciaba penalmente. No, el escenario nacional es ahora muy distinto y la firmeza de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que demanda que se les aplique la ley a Figueroa y a sus colaboradores (La Jornada, 13 de marzo, p. 38), así lo demuestra.4. La sociedad ha cambiado, pero al parecer la prensa no lo ha hecho. La ``licencia'' fue aplaudida por todos los medios presentándola no como una ``decisión personal'' de Figueroa (como sostenía la versión del PRI), sino como un acto de justicia de Zedillo (que fue la interpretación de la Casa Blanca) y, lo que es más grave, loando el presidencialismo a sabiendas de que Zedillo prescindió de Figueroa tratando de salvar su propia zalea, y de que lo que está haciendo es pasar por alto la legalidad del país. El análisis más equivocado es por lo mismo el de los asesores de Clinton, que dejan entrever que ellos sugirieron la decisión buscando fortalecer a Zedillo (La Jornada, 13 de marzo), con lo que sólo muestran que ignoran la gravedad de la crisis de México, pues para salir de ésta el país requiere transitar del presidencialismo discrecional a la legalidad y no fortalecer un ``sistema'' anacrónico encabezado por un individuo sin credibilidad alguna.

5. La separación de Figueroa de su cargo tuvo por otro lado un objetivo que muchos tratan de soslayar: proteger todos los intereses que él representaba en la entidad. Figueroa negoció en Bucareli quién iba a ser su sucesor (Reforma, 13 de marzo) para salvaguardar la impunidad de sus colaboradores, pero también para proteger los intereses del ``sistema'', que él conoce mejor que nadie en la entidad. De ahí la complejidad del desafío de los días por venir.

6. La licencia de Figueroa fue consecuencia de la movilización del pueblo guerrerense y de las presiones de amplios sectores de la población, incluyendo desde luego al PRD, y es por ello muy grave que muchos columnistas reconocidos como voceros de Los Pinos estén filtrando la versión de que Figueroa cayó por una negociación del PRD con Zedillo y de que este partido trata de usufructuar la situación. La deplorable reacción de varios legisladores perredistas, que llegaron incluso a elogiar a Zedillo, la convocatoria del PRD a un pacto político en el estado y, sobre todo, el anuncio de que algunos perredistas se incorporarían al gabinete de Angel Heladio Aguirre, el gobernador interino, cómplice de Figueroa, son indicios que confirman que el gobierno de Zedillo, lejos de buscar una transición democrática, lo único que pretende es corromper a los partidos para fortalecerse.

7. La caída de Rubén Figueroa ilustra claramente que en México no existe un Estado de derecho. El marco constitucional mexicano es muy claro, y los crímenes cometidos por las autoridades de Guerrero debieron ser perseguidos conforme a las previsiones de la Constitución estatal: por el Ministerio Público, que debió haber actuado de oficio. En el ``sistema'' mexicano, sin embargo, los poderes locales están, de hecho, reunidos en manos de los gobernadores. La secuencia de los acontecimientos del caso Aguas Blancas mostró muy pronto de nuevo lo que todos sabemos: que a nivel local o federal no existen ni un Ministerio Público independiente ni un Poder Judicial autónomo, y es entonces que (de existir otro régimen político) podría haber actuado la Federación en términos del artículo 76, fracción V de la Constitución, que establece como facultad exclusiva del Senado declarar, cuando hayan desaparecido los poderes del estado, que ha llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional: pero para ello sería menester que el Senado fuese autónomo.

8. El problema de México es el régimen político y este caso lo ilustra cabalmente, pues no hay hoy en día la posibilidad de someter a un gobernador a la ley, y el único que puede hacerlo, y por la vía de facto, es el Ejecutivo. El mecanismo de la desaparición de poderes permitió a los presidentes hacer caer en el pasado a muchos gobernadores, pero desde que se promulgó la Ley Reglamentaria en la materia éstos han preferido actuar con base en las reglas del ``sistema'', y para deshacerse de un gobernador le hacen pedir licencia, lo que no cambia mucho las cosas. Como tampoco la mañosa decisión de Zedillo de pedir la intervención de la Corte con base en el artículo 97: no sólo porque ésta no puede más que emitir una opinión sino porque los ministros son incondicionales del Ejecutivo.

9. El caso de Aguas Blancas, que es el caso de México, lejos de resolverse está por lo mismo agravándose. La pretensión oficial de aprovechar la coyuntura para fortalecer el ``sistema'' y de subordinar al PRD muestra las dimensiones del desafío que tiene ahora la sociedad civil. Figueroa se fue pero el ``sistema'' sigue ahí, con todos los priístas y dirigentes del sector privado que lo apoyaron, con los legisladores del PRI que lo sostuvieron y con los salinistas y Ernesto Zedillo que lo defendieron y que se niegan a desmantelar el ``sistema''.

10. Las cosas, sin embargo, son cada vez más claras. Con la licencia de Figueroa el gobierno pretende engañar al pueblo de México y a la opinión internacional. Los mexicanos saben que el Estado de derecho no se establecerá sino hasta que la lógica del poder sea la de la ley y no la de las reglas del ``sistema''. La impunidad no terminará sino hasta que se desmantelen el presidencialismo y su sostén: el partido de Estado.