La Jornada 15 de marzo de 1996

Respuesta a fondo, exigen en Cancún deudores de la banca

Víctor Cardoso y Roberto González, enviados, Cancún, Q.R., 14 de marzo Integrantes de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca El Barzón demandaron una respuesta de fondo al problema de la cartera vencida, y advirtieron que de no tener una respuesta de fondo ``seguiremos avanzando a una situación cada vez más conflictiva donde será el país el que salga perdiendo y, por supuesto, nosotros con él''.

Con la oportunidad de acercarse a los directivos de los bancos y a las más importantes autoridades financieras del país y del mismo presidente Ernesto Zedillo, alrededor de un centenar de barzonistas de todo el país encabezados por su líder, Gerardo Fernández Noroña, hicieron acto de presencia para ``tratar de acercarnos al presidente para entregarle de propia mano nuestras demandas y recomendaciones''.

La víspera de la 59 Convención Bancaria, que este viernes inaugura el presidente Zedillo, los deudores de la banca hicieron circular entre los medios informativos un documento donde exhortan al Ejecutivo federal a buscar soluciones diferentes a las aplicadas hasta el momento.

``No se trata de adoptar medidas populistas o irresponsables. Se deben buscar soluciones que asuman compromisos con los más amplios y diversos sectores de la ciudadanía, de sentido nacionalista y patriota'', señala el documento firmado por Fernández Noroña.

Con base en informaciones oficiales, los barzonistas hacen un recuento de las dificultades financieras por las que atraviesa el país, los ``excesivos'' apoyos al sistema bancario, la caída del empleo y la paralización de la planta productiva que ``mantiene al país en una economía de guerra''.

Fundamentan su crítica en que el gobierno federal ``ha concentrado su esfuerzo en salvar al sistema financiero nacional'' en una acción desproporcionada que equivaldría a 112 mil millones de pesos, equivalente al 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto, sin que realmente el problema de la deuda interna se haya resuelto y que orilla irremisiblemente a una suspensión generalizada de pagos.

``El gobierno federal se ha preocupado por salvar al sistema financiero. Para nosotros es evidente la razón y responsabilidad que exige lograr mantener de pie y funcionando al sistema financiero. Sin embargo, los fondos federales han servido para salvar a los banqueros de sus malos negocios, negligencia, ineficiencia e irresponsabilidad, y no han logrado poner bases firmes para tener un sistema financiero eficiente y capaz. Por el contrario, han prolongado su agonía con un altísimo costo económico, social y, sin duda, político'', establecen.

Frente a ello El Barzón propone medidas de orden macroeconómico, apoyo a la planta productiva del campo y la ciudad, y un programa para resolver el problema de créditos al agro y al consumo.

En el orden macroeconómico destacan la necesidad de renegociar la deuda externa para contar con recursos para crecer; fortalecer la autonomía del Banco de México otorgándole facultades para sacar del sistema financiero a los bancos ineficientes; revisar la política económica para enfocarla al ahorro interno, a fortalecer la planta productiva, reactivar y consolidar el mercado interno; impulsar los procesos de fusión de la banca y evitar que la bursatilización de la cartera vencida se convierta en un negocio de grupos políticos.

Los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca considera necesario proteger la planta productiva del campo y la ciudad y fomentar su desarrollo en el mercado interno y externo; disminuir y hasta exentar de impuestos al capital productivo; establecer los ingresos en Unidades de Inversión (UDI's); capitalizar activos y asociaciones con bancos por periodos cortos, y asegurar que en caso de que una empresa no sea viable el deudor no pierda su patrimonio familiar.

Para créditos al agro y al consumo proponen un periodo de dos años de gracia, una tregua real de un año para renegociar la deuda, las tasas de interés y las condiciones de pago; ajustar los pagos a las posibilidades del deudor; establecer condiciones para la liberación de bienes entregados en garantía una vez terminado el plazo de pago; en caso de dación en pago de un bien que sea tomado a valor de mercado; garantizar que no haya despojos, abusos o atropellos; suspender el funcionamiento del Buró Nacional de Crédito o de cualquier otro mecanismo persecutorio y que el gobierno federal negocie a precios de mercado la cartera vencida de su propiedad directamente con los deudores.